UPOV: 60 años de más

La UPOV tiene como meta principal la privatización de las semillas y en consecuencia, la criminalización de quienes las intercambien o usen libremente. Comenzó en 1961 con seis países europeos como miembros, para instaurar algo parecido a las patentes aplicado a plantas y que tuviera validez internacional. Le llamaron “certificados de obtentor”, ya que se refieren al desarrollo de plantas como “obtenciones vegetales”. Ese certificado les permite alegar que una variedad vegetal desarrollada en un laboratorio está “protegida” e impedir que otros la usen o para obligar a pagarle regalías.

Esto es un concepto enfermo, porque todas las variedades vegetales que usamos o consumimos, son un desarrollo previo de muchas otras personas, no individualmente, sino en colectivo, en pueblos y comunidades. Por tanto, el trabajo que investigadores y agrónomos puedan hacer por algunos años en laboratorio, siempre se basa en ese trabajo colectivo anterior construido durante milenios.

“Sin semillas y sin campesinado no sería posible la agricultura. Desde que comenzaron la agricultura y la crianza de animales, campesinas, campesinos y agricultores, han desarrollado, compartido y conservado cuidadosa y libremente millones de variedades de cultivos diferentes, adaptadas a nuevas y diferentes condiciones sociales y ambientales. Hoy la gente del campo se enfrenta a amenazas extremas por la privatización de sus semillas mediante leyes que prohíben las variedades locales y originarias que no se ajustan al modelo industrial, restringiendo el acceso y la circulación”, explican las organizaciones que convocan a la semana de acción contra la UPOV, entre ellas La Vía Campesina, las organizaciones Alianza por la Biodiversidad en América Latina, las africanas COPAGEN y African Center for Biodiversity, las redes Stop Golden Rice y APBREBES de Asia, además de internacionales como Grain, Amigos de la Tierra y Grupo ETC.

El llamado destaca el papel fundamental de las mujeres en el origen, cuidado, selección y adaptación de semillas a muchísimos usos alimentarios, medicinales, para abrigo, construcción, forrajes. No es algo pasado, es un proceso continuo y actual, base de la subsistencia en todo el mundo. En esos sistemas colectivos, compartir conocimientos, intercambiar semillas y aumentar su diversidad todo el tiempo es como el aire que respiramos, la base de la vida. Esos procesos son los que la UPOV ataca, criminalizándolos.

Este organismo ha sido muy útil para las empresas, sobre todo las corporaciones trasnacionales que dominan el sector semillero, como Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y Basf. En 2020, seis empresas –incluyendo las nombradas– concentraron 78 por ciento del mercado global de semillas comerciales y un porcentaje aún mayor del mercado de agrotóxicos. La mayoría de los derechos de obtentor registrados en todo el mundo son a favor de empresas trasnacionales con sede en Estados Unidos o la Unión Europea.

La UPOV tiene actualmente 77 estados miembros y se rige por un convenio que ha tenido actualizaciones en 1978 y 1991. La última coincide con el agresivo proceso de las trasnacionales de agrotóxicos para engullir a las semilleras nacionales y lograr marcos cada vez más restrictivos que consoliden la propiedad intelectual de las empresas sobre las semillas, que castiguen a quien no cumpla y penalicen los intercambios no controlados por ellas, incluso para investigación.

Paralelamente a la UPOV, las empresas cabildearon normativas de propiedad intelectual sobre plantas y seres vivos en la Organización Mundial de Comercio y en los tratados de “libre” comercio regionales y bilaterales, todo lo cual se refuerza mutuamente. Por ejemplo, tratados como el T-MEC, el Transpacífico (ATP) y con la Unión Europea (TLCUE), exigen a México cambiar sus leyes de semillas para que cumplan con el acta 1991 de la UPOV. Esas cláusulas contra el campesinado, la soberanía alimentaria y en favor de las trasnacionales las retomó el diputado Eraclio Rodríguez de Morena, con una iniciativa de reforma de la Ley Federal de Variedades Vegetales, que está pendiente y ha sido rechazada por muchas organizaciones, entre ellas la Red en Defensa del Maíz ( https://tinyurl.com/5ep9f3ut).

En muchos otros países hay iniciativas casi iguales, porque todas provienen del mismo centro de interés: las trasnancionales de semillas y agrotóxicos globales, que se basan en el marco de la UPOV.

Esas normativas nunca debieron existir, porque las semillas son la base de la alimentación de todas y todos, y como bien estableció La Via Campesina, son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Cualquier forma de privatizarlas es por tanto un robo, por ello no se trata de reformar sino de desmantelar la UPOV.

Para conocer con detalle el tema y sus implicaciones, recomiendo leer un excelente resumen de Grain y la Alianza Biodiversidad en América Latina, que también ofrece un breve video didáctico ( https://tinyurl.com/c8pxy57k).

Fuente: La Jornada