Revista semillas #79

Camino de esperanza para el campo, en el nuevo escenario político

El Estado colombiano tiene una deuda histórica con el campo y especialmente con los pueblos y comunidades étnicas y campesinas, fallidas políticas rurales y agrarias que se han impuesto han sido regresivas y generadoras de profundos conflictos socioambientales y violencia, puesto que se han fundamentado en la concentración de la propiedad de tierra y en actividades extractivas y productivas insostenibles, como la ganadería extensiva, la producción agroindustrial, los cultivos de uso ilícito, los proyectos minero-energéticos, entre otras, han degradado los ecosistemas, han generado el despojo de los bienes comunes (bosques, suelo, agua, biodiversidad) y han aniquilado las formas tradicionales de producción y de los medios de sustento de las comunidades.

El actual escenario político del país abre caminos en la política pública ambiental y rural, al proponerse revertir y tomar por los cuernos las profundas crisis socioambientales en el campo. Resulta prometedor el propósito del gobierno para avanzar en la protección de los ecosistemas, la adaptación al cambio climático, y que el país garantice la autosuficiencia alimentaria nacional. Se pretende que las poblaciones rurales más vulnerables puedan defender y vivir de forma digna y armónica en sus territorios, tengan acceso a la tierra y el control de sus bienes comunes.

El objetivo central del nuevo gobierno es desarrollar a Colombia como potencia agroalimentaria y para alcanzar una paz total, lo que requiere profundos cambios en la política pública rural y en los esfuerzos institucionales y sobre todo, separar lo que funciona de aquello que ha alimentado la crisis, tal como lo señala el informe del empalme del sector agropecuario . Las organizaciones y comunidades étnicas y campesinas apoyan el compromiso del gobierno en adelantar tales cambios para transitar hacia la superación de la desigualdad, las inequidades y la violencia. Diversos sectores sociales le han solicitado y señalado al gobierno nacional las reformas y los apoyos prioritarios que se deben realizar en el sector agropecuario .

Muchas de las propuestas formuladas por el gobierno, coinciden con las que han planteado las organizaciones sociales y locales, aunque otras reivindicaciones y luchas continuarán siendo parte de las agendas irrenunciables y prioritarias de los pueblos y comunidades en el campo. Resaltamos algunos de los temas en donde se tienen coincidencias en agendas comunes y algunos aspectos en lo que existen divergencias, en aspectos como: Implementar la reforma rural integral del Acuerdo de Paz en aspectos como la democratización de la tierra, la formalización de la propiedad rural y la reorientación del catastro multipropósito en torno al ordenamiento territorial en función de la protección de la naturaleza y la vida. Fortalecer el sistema nacional de reforma agraria y desarrollo rural campesino y con ello, dar cumplimiento a los Puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz con énfasis en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). Crear la jurisdicción agraria ambiental para dirimir conflictos en la tenencia de la tierra, lo que implica armonizar la política de restitución de tierras con la reforma rural integral y los programas de reparación colectiva; garantizar los derechos territoriales colectivos ancestrales. También, se hace prioritario restituir tierras a las víctimas del conflicto armado, avanzar en la constitución de Zonas de Reserva Campesina, los territorios campesinos agroalimentarios y el fortalecimiento de los Distritos Campesinos. Promover los usos adecuados del suelo, los planes de ordenamiento territorial y la vocación alimentaria de los territorios. Modificar la normatividad sobre licencias ambientales de proyectos de gran impacto, que permita proteger la producción de alimentos y garantizar la participación de las comunidades en la toma de decisiones.

Un asunto central tiene que ver con el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos. En este sentido, el gobierno señala que adoptará la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Campesinado e incorporará en la Constitución ese reconocimiento; implementar una política integral para las mujeres rurales, que reconozca, apoye el trabajo y el rol de las mujeres del campo, propiciando condiciones de igualdad y equidad, que garantice sus derechos a la participación en la definición de las políticas rurales y a una alimentación adecuada y valore su aporte a la economía del cuidado y sus derechos territoriales y productivos. Es notable el compromiso para implementar acciones para la adaptación al cambio climático en el sector agroalimentario y promover una política forestal y de ganadería sostenible que permita superar conflictos de uso de la tierra, la mitigación de impactos ambientales y fortalecer el ordenamiento del territorio en torno al agua; también reconocer los derechos territoriales de pescadores y el aprovechamiento de los recursos pesqueros. No es menor el reto de sustituir progresivamente la importación de alimentos y de insumos agropecuarios, por una producción de tipo nacional.

El gobierno plantea que, Colombia debe volver a ser autosuficiente y para ello, se propone aumentar progresivamente la siembra de maíz y soya, que permita suplir la demanda del mercado interno de alimentos; aunque se señala que se debe industrializar, modernizar e innovar en la producción de alimentos, pero no es claro con qué tipo de tecnologías se va a implementar. En este sentido, las organizaciones sociales y locales plantean que se deben transformar los sistemas agroalimentarios mediante prácticas agroecológicas, el manejo del agua para la adaptación al cambio climático y la transición hacia la producción de alimentos desde la agricultura ecológica, familiar y comunitaria. Dotar a las poblaciones rurales de servicios públicos y sociales fundamentales y el acceso con enfoques diferenciales, en aspectos como infraestructura, conectividad, extensión agropecuaria de calidad, comercialización, financiación y aseguramiento de la producción, es un compromiso central. Incorporar políticas para frenar la crisis del hambre y avanzar hacia el sistema progresivo para la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada mediante la superación de la desigualdad y la garantía de los derechos de los pueblos étnicos y comunidades campesinas y el reconocimiento de sus territorialidades, es otro desafío, que implica crear ambientes y entornos alimentarios saludables, establecer el etiquetado de productos comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Existen elevadas expectativas frente al programa nacional de agricultura campesina familiar y comunitaria (ACFC) y una política pública que apoye la agroecología. Políticas que deben promover y apoyar la asociatividad y el cooperativismo, la financiación, la producción local y procesamiento de alimentos, los servicios de extensión y de transferencia tecnológica, las iniciativas público-populares de comercialización mediante compras públicas locales, centrales de abastecimiento, circuitos cortos de comercialización y Sistemas Participativos de Garantía para la producción agroecológica. Desde las organizaciones sociales, se plantea que se debe implementar la resolución 464 de 2017 de ACFC y elevarla a ley de la república, fortalecer e implementar la ley 2071 de 2020 sobre endeudamiento de pequeños productores, como también la ley 2046 de 2020 sobre compras públicas de alimentos a los agricultores de la ACFC; apoyar los circuitos cortos de producción y comercialización mediante las plazas de mercado y los mercados locales; revisar las normas sanitarias y fitosanitarias del INVIMA y del ICA que obstaculizan la certificación de productos y de semillas de las comunidades étnicas y campesinas.

Las organizaciones sociales plantean que, para proteger la agrobiodiversidad, es necesario que el Estado reconozca a las semillas nativas y criollas como bien común de los pueblos, libres de propiedad intelectual, permitiendo su libre uso, distribución y comercialización por los agricultores y se debe adoptar una prohibición expresa de las semillas y cultivos transgénicos. Sobre estos temas, el gobierno nacional debe revisar los Convenios internacionales relacionados con la protección de la propiedad intelectual (UPOV), sobre recursos fitogenéticos y semillas y también, la normatividad de bioseguridad sobre cultivos transgénicos y certificación fitosanitaria de productos agroecológicos. Igualmente se señala que se debe modificar el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA), el Plan estratégico de ciencia, tecnología e innovación del sector agropecuario (PECTIA), especialmente en relación con la política de innovación y extensión agropecuaria dirigida a las comunidades campesinas y étnicas.

En este número presentamos reflexiones y análisis sobre los cambios en las políticas públicas que se prevén con el actual gobierno, como también las agendas centrales de lucha desde las organizaciones sociales y locales en el campo colombiano. Se destacan temas como la transición energética y socioecológica, protección de las selvas y de las comunidades, implementación de la Reforma Rural Integral en el acuerdo de paz, implementación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, producción de alimentos como opción de desarrollo; renegociación del TLC con Estados Unidos en el tema agrícola, política pública y el derecho a la alimentación, soberanía alimentaria para el buen vivir, protección jurídica de la agrobiodiversidad, la violencia hacia las y los líderes sociales, las mujeres en el centro de la política de la vida, el derecho a la salud pública en Colombia y la Agenda Campesina que le fue presentada al nuevo gobierno. También, incluimos en este número experiencias e iniciativas ciudadanas del trabajo que realizan comunidades y organizaciones para la construcción de autonomías territoriales y de alternativas productivas de soberanía alimentaria, que nos muestran caminos posibles y necesarios.

La crisis socioambiental y la problemática por la que atraviesa el campo colombiano es tan profunda que en realidad no es posible resolverlas en un periodo de gobierno, pero valoramos que este sea el inicio de un largo camino que debemos transitar si queremos lograr una paz territorial y garantizar la soberanía alimentaria nacional. Esto exige, no solo de la política gubernamental certera e inteligentemente diseñada, sino también del compromiso de toda la sociedad para saldar esta deuda histórica. Es por ello que, las organizaciones sociales y locales deben mantener vivas y fortalecidas sus agendas de reivindicaciones políticas, así como sus estrategias de lucha y movilización, independientemente de las políticas del Estado, puesto que, aunque existe una real intención y voluntad de cambio del gobierno, seguramente, en el camino se encontrarán muchas piedras que se tendrán que mover para alcanzar nuestros sueños.

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Fuente: Grupo Semillas