Proyecto ley limitaría uso de semillas criollas
Con el 40 aniversario de la Oficina Nacional de Semillas el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa en la Asamblea Legislativa una nueva Ley de Semillas bajo el expediente 21.087, de aprobarse, daría más protección a la Propiedad Intelectual sobre variedades comerciales de semillas al mismo tiempo que limita el comercio de semillas criollas o nativas para campesinos e indígenas.
Aunque el articulado supuestamente deja fuera las semillas criollas del ámbito de aplicación de la ley; esto es siempre y cuando no intervengan con los negocios privados de las empresas. Es decir, que en el momento que una empresa se sienta ofendida por la práctica ancestral de compartir semillas, estas corren el riesgo de ser perseguidas y criminalizadas.
Este fenómeno de privatización de las semillas es global. La ola de mega-fusiones de empresas trasnacionales ha dejado al mundo de la agricultura en un estado de concentración y monopolio nunca antes visto. En 2006, diez compañía controlaban el 57% de negocio de la semillas (i), menos de diez años después, para el 2018, sólo tres empresas controlarán el 60% de las semillas del mundo (ii). Estos tres emporios multinacionales se conocen por el nombre de Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina y Dow-DuPont (iii); estos gigantes son producto de compras y fusiones sin precedentes, con inversiones de hasta USD$63.000 millones. En este escenario internacional en materia agrícola es en el que se desenvuelve nuestro país.
Según la Ofinase en Costa Rica el negocio de importación de simientes reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales (iv). Es claro que el país no es excepción al contexto mundial. Datos de la Ofinase revelan que se encuentran registradas 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas (v); de estas solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente. Lo que evidencia que la tendencia mundial no es ajena a la realidad Costarricense.
El mercado domestico de las semillas están controlado en pocas manos y desean incrementar la presión para certificar y registrar todas las semillas siguiendo el mandato de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) mejor conocido como el club de los países ricos. Un ente privado de carácter neoliberal, al margen del sistema de Naciones Unidas que presiona a sus miembros para adoptar políticas de libre comercio. El ingreso de Costa Rica a la OCDE nos costaría como país ¢1.789 millones al año, solamente por cuota de membresía.
Todavía no somos miembros pero ya la OCDE ha recomendado a Costa Rica incrementar el uso de semillas certificadas en el país(vi) y así criminializar la semilla campesina.
De aprobarse esta ley, las personas que sean encontradas cultivando o vendiendo semillas sin los permisos estipulados, serán objeto de multas de hasta 5 salarios base. Lo que equivale a ¢2.155.000. Estas sanciones vienen descritas en el articulo 44 del proyecto de ley, pero no es todo.
En este proyecto de ley serán obligatorias las inscripciones de las variedades comerciales. Lo que tiene un costo alto para campesinos e indígenas que desearan estar dentro del comercio formal de semillas a nivel nacional. El costo del tramite de inscripción actualmente rondan los ¢405.000 para plantas procesadoras de semillas; e inscribir una nueva variedad de semillas le costaría ¢155.000. Costos que están lejos de ser accesibles para campesinos o indígenas que desearan ser parte del abasto nacional de semillas.
La discusiones para hacer una nueva Ley de Semillas en Costa Rica no ha contado con la participación adecuada por parte de sectores como en campesino o el indígena. Incluso desde el sector ambiental hemos tenido que defender nuestro derecho a participar de la discusión dentro de la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa. Esta discusión debería ser abierta, plural, participativa y democrática puesto que se tratan de intereses de poblaciones sensibles. El Convenio 169 de la OIT debe de ser respetado y las poblaciones originarias deberían ser tomadas en cuenta.
Es urgente comenzar una discusión para que, como sociedad costarricense, impulsemos un verdadero proceso de fortalecimiento de la producción nacional y apoyar la agricultura campesina, que da de comer a la mayoría de personas que vivimos en este país.
Referencias:
(ii) http://www.etcgroup.org/es/content/megafusiones-agricolas-quien-decidira-lo-que-comemos
(iii) https://www.righttofoodandnutrition.org/files/r_t_f_a_n_w_2017_spa_7.pdf
(iv) http://ofinase.go.cr/wp-content/uploads/201808ie_totalimp2017.pdf
(v) http://ofinase.go.cr/servicios/registro-empresas/?print=pdf
Fuente: Federación Ecologista (FECON)