Palma africana amenaza con desaparecer pueblo Garífuna en Honduras

El sonido del mar es uno de los que más extraña la comunidad de Nueva Armenia en Jutiapa, departamento de Atlántida. Donde viven hoy no huele a costa, no hay plátanos, ni yuca cultivada para elaborar la machuca y el casabe. La geografía que los rodea es la de una comunidad rural asentada lejos del mar. El aire es pesado porque se respira agua estancada.

Las casas pegadas unas a otras cobijan a los abuelos, padres, hijos, nietos y hasta bisnietos. No hay tierra para heredar y toca acomodarse en una sola vivienda. Alrededor, se observan cientos de hectáreas de palma africana, camiones entrando y saliendo cargados del fruto. De fondo, un pueblo que se resiste a desaparecer.

De ese lugar es originaria Ana Mabel Ávila, quien después de trabajar 13 años para la Policía Nacional de Honduras, regresó a su comunidad. Dice que de niña soñaba con portar el uniforme policial para hacer respetar la ley, especialmente cuando las comunidades son víctimas de violencia. Sin embargo, ese sueño no pudo ser. En 2018 salió de la institución por las múltiples denuncias que interpuso contra oficiales vinculados al crimen organizado, asegura Ávila.

Ahora está en Nueva Armenia, su casa hasta el momento, y es integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), espacio que aglutina a las 47 comunidades garífunas asentadas en la costa atlántica del país. En este espacio se unió a otros líderes que defienden los derechos colectivos, económicos, sociales, territoriales y culturales de sus pueblos.

Mabel Ávila recibió a Mongabay Latam en su comunidad para narrar el segundo despojo territorial que enfrentan. Explica que sus ancestros sufrieron el primer despojo en 1924, cuando el Estado de Honduras bajo la administración del general Manuel Bonilla, entregó 160 hectáreas de tierra Garífuna a la empresa Norteamérica “Vaccaro Brothers & Co”, para la plantación de banano en el delta del río Papaloteca que desemboca en el mar caribe.

Cuenta que para la empresa las tierras frente al mar eran idóneas porque las embarcaciones con la fruta salían directamente en barcos. “En ese año —dice Ávila— los garífunas fueron obligados a salir de su territorio e instalarse a unos cuatro kilómetros tierra adentro, lejos del mar, asumiendo el nombre de Nueva Armenia,  porque la antigua estaba en manos de la empresa bananera”.

En la nueva comunidad los alcanzó igual otro problema: la palma aceitera. Este cultivo ha copado alrededor del 70 % de las tierras de Nueva Armenia y ha obligado a los garífunas a desplazarse. En sus testimonios no ocultan que se sienten un pueblo condenado a desaparecer. ¿Cómo es vivir desplazado en tu propio territorio?

De un enclave a otro

“Cuando la bananera dejó el territorio, poco a poco, a inicios de los años 90, la tierra pasó a manos de la alcaldía municipal. Se ignoró que nosotros contábamos con un título comunitario ancestral”, cuenta la dirigente garífuna, afirmando que en 2010, cuando el señor Noé Guardado Rivera fue alcalde, se recortaron 150 manzanas de la tierra del título, para otorgarlas a terceros (palmeros), según denuncia de la Ofraneh.

Mabel Ávila dice que en los últimos años el avance de las plantaciones de palma africana ha implicado la destrucción de bosques, humedales y la contaminación de las fuentes de agua por el uso de agroquímicos. También  la pérdida de la soberanía alimentaria de su pueblo. “Un poco más de 38 comunidades están invadidas por palma africana. Algunas como Miami, Barra Vieja y Cuero y Salado en Atlántida han desaparecido y mi comunidad (Nueva Armenia) lleva la misma ruta”, asegura.

Cuando la empresa bananera devolvió las tierras al Estado en 1994, el Instituto Nacional Agrario (INA) reconoció unas 169 hectáreas a favor de los garífunas, quienes reclamaron argumentando que eran insuficientes, y que esa extensión no abarcaba la totalidad de las tierras ancestrales de la antigua Armenia. “Eso desató  enormes conflictos y criminalización para mi pueblo”, expuso Ávila, señalando que hay ocho líderes comunitarios acusados de usurpación de tierras.

Nueva Armenia ha sufrido enormes presiones territoriales, precisa Ávila. Agrega que hasta la fecha las autoridades competentes no han tomado las medidas necesarias para solucionar las anomalías cometidas por la Municipalidad de Jutiapa y el Instituto Nacional Agrario, a pesar de las múltiples denuncias interpuestas desde la Ofraneh.

La comunidad señala como responsable de este conflicto territorial al INA y al exalcalde de Jutiapa, Noé Guardado, quien abandonó la zona tras asegurar que era víctima de represalias de grupos criminales por su trabajo como funcionario público. Antes de marcharse, la Ofraneh se encargó de interponer varias denuncias en su contra por violar los derechos colectivos de la comunidad de Armenia en beneficio de empresas palmicultoras.

Mongabay Latam solicitó una entrevista con Remberto Zelaya, director regional del INA con sede en La Ceiba, Atlántida, para recoger su versión sobre el problema de tierras denunciado por los garífuna de Nueva Armenia, pero aseguró estar incapacitado para declarar por el Covid-19. La fiscal de las Etnias y el Patrimonio Cultural, Yani del Cid, argumentó no tener tiempo para atendernos porque indicó que solo hay disponibles dos personas a nivel nacional por la crisis de la pandemia.

El actual alcalde de Jutiapa, Oscar Ayala, accedió a conversar con Mongabay Latam y reconoció que existe un conflicto serio en la zona. “Debido a que dentro de las tierras que reclaman los garífunas hay títulos de propiedad que han sido extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA). Es decir, el propio Estado ha entregado esos títulos a otras personas y ha legalizado el despojo de los garífunas”, precisó el funcionario y añadió que está atento a las investigaciones que se realizan y a la decisión que tomará la justicia hondureña.

“Nosotros como municipalidad vamos a estar a favor de quienes tengan el derecho, si ellos tienen el derecho, y al realizarse una investigación se confirma que el INA hizo mal procedimiento al otorgar un título, acuerparemos esa decisión”, expresó el alcalde.

Al ser consultado sobre la responsabilidad que tiene la corporación municipal anterior, su respuesta fue que “un alcalde tiene que estar a favor del pueblo, y si hay algún mal procedimiento en la venta o alguna compra, el funcionario debe de estar al lado de las personas que tienen la razón”. Para finalizar recalcó que la palma africana es el brazo fuerte de la economía en el municipio y que cientos de familias sobreviven del trabajo que se genera a raíz del corte y procesamiento de la fruta madura.

Esa palma africana es lo único que se ve en los laterales durante la carretera de tierra que conduce a Nueva Armenia, a nueve kilómetros del centro del municipio de Jutiapa. Después de 20 minutos en carro, se logra observar las casas y la bulla de jóvenes y niños caminando con tanta tranquilidad por las pequeñas calles del pueblo. Madres y abuelas hablando garífuna y sentadas en el patio de la casa, mientras saludan a quien va pasando. Huele a familia. “Aquí la mayoría somos familia y aunque muy pocos no llevamos la misma sangre, nos tratamos y cuidamos como si lo fuéramos”, cuenta Mabel Ávila, mientras acompaña la caminata por los callejones de Nueva Armenia, y se prepara para asistir a un ritual garífuna.

Argumentos de la empresa y el Estado de Honduras

En Honduras existen unas 193 mil hectáreas de tierra cultivadas con palma, siendo los  departamentos de Atlántida y Colón los mayores productores desde 1940. Solo en Jutiapa hay unas mil hectáreas cultivadas con palma. El 70 por ciento de esos cultivos están dentro del territorio garífuna de Nueva Armenia. En manos de la empresa Aceitera “Palmas Atlántida”, confirma para Mongabay Latam el presidente de la Asociación Industrial de Productores de Aceite de Honduras, Héctor Castro.

Castro explica que en la comunidad de Nueva Armenia las primeras plantaciones se dieron a inicios de los años 90, en beneficio de “Palmas Atlántida”,  que pertenece al grupo  Litoral, una sociedad de productores encabezada por los herederos de Reynaldo Canales (QDDG), quien ha sido denunciado por los garífunas y campesinos del Valle del Aguán de poseer tierras de dudosa procedencia.

Mongabay Latam buscó la versión de los herederos del señor Reinaldo Canales, actuales socios de la empresa “Palmas Atlántida”, quienes residen en La Ceiba, Atlántida, sin embargo los números de teléfonos proporcionados  nunca fueron atendidos.

Sobre la conflictividad que se da entre los garífunas y palmeros de Nueva Armenia, el presidente de los aceiteros argumenta que pronunciarse al respecto causa injerencia. “Sabemos que esto no es nuevo, los garífunas siempre han denunciado la expropiación, pero no hay nada legalmente claro. Si ellos tienen derechos deben demostrar la posesión legítima y permanente de sus tierras”, explica, sin aportar mayor información sobre el conflicto.

 Hector Castro añade que en los municipios de Trujillo y Balfate en Colón, “hay mucha tierra garífuna que ha sido impactada por la siembra de palma. Algunas sembradas por los garífunas buscando su beneficio propio, y creo que eso es justo, y otras veces por conflictos de tierra con ladinos que han querido aprovecharse  de forma ilegal de ese patrimonio ancestral”, apunta.

Mongabay Latam conversó también con la jefa de la oficina regional del Instituto de Conservación Forestal (ICF) en el departamento de Atlántida, Iris Aquino, quien aseguró que  el impacto  de la palma africana en las comunidades de Jutiapa, como en el resto de la costa norte, se da de manera significativa,  pues hay un incremento sin control en el establecimiento de palma aceitera.

En Jutiapa, los sitios donde se siembra palma africana están dentro del Parque Nacional Nombre de Dios, que es el mayor pulmón y santuario natural que posee la población del departamento de Atlántida. Nueva Armenia no está dentro del Parque, pero colinda con esta área protegida. Según la funcionaria, en la comunidad de Nueva Armenia las plantaciones tienen varias décadas, sin embargo en comunidades como Granadita, Roma y Cacao las plantaciones son más recientes.

Carlos Morazán, en representación de la Fiscalía de las Etnias en Honduras, le dijo a Mongabay Latam que “el conflicto se dio por las ventas realizadas entre los mismos garífunas a terceros con la participación del patronato de la Comunidad Garífuna de Nueva Armenia, donde se han ubicado 24 inscripciones en el Registro de la propiedad de La Ceiba pendiente de judicializarse por suponerlos responsables del delito de violación a  los deberes de los funcionarios (la Ley de Propiedad prohíbe la inscripción de títulos a favor de terceros dentro de los títulos comunitarios)”.

En el campo judicial, Morazán argumenta que existe “una denuncia en contra del exalcalde Noé Guardado, pero al realizar inspección en la unidad de Catastro Municipal y otros departamentos de la Alcaldía no se encontró ninguna evidencia de que el Alcalde haya otorgado dominio pleno dentro del título comunitario de Nueva Armenia. Igualmente se continúa la investigación” enfatizó.

A pesar que la comunidad garífuna afirma que el Estado debe garantizar la protección del territorio ancestral por encima del interés económico, Carlos Morazán evadió la pregunta de qué está haciendo el Gobierno para evitar estos conflictos, asegurando que este cuestionamiento se debe realizar a otros entes gubernamentales “que les corresponde garantizar este derecho a las comunidades, mediante el saneamiento, ampliación, delimitación y titulación de sus territorios demostrándolo al Instituto Nacional Agrario e Instituto de la Propiedad”, finalizó.

La pelea por el territorio continúa

En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró al Estado de Honduras internacionalmente culpable por violación a los derechos de las comunidades garífunas de El Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida y Punta Piedra, Iriona, Colón, sobre todo del derecho a  la propiedad colectiva. El Estado ha incumplido la sentencia que se dio a raíz de una denuncia interpuesta por la Ofraneh ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Según la denuncia en los años 1993 y 1995 el Instituto Nacional Agrario y la municipalidad vendieron unas 44 hectáreas de tierra a favor de terceros. En 1997, la municipalidad de Tela traspasó al sindicato local unas 22 hectáreas y el gobierno creó el parque nacional Punta Izopo, en ambas acciones tampoco consultó a los habitantes del Triunfo de la Cruz, según  la denuncia que interpuso la Ofraneh ante la CIDH.

Tomando los datos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se afirma que en Honduras existen 190 000 hectáreas sembradas con palma aceitera. Un 80 % del territorio garífuna está ocupado por estos cultivos. “Según datos que hemos recopilado, hace unos cuatro años atrás, esta cantidad bordeaba el 70 %. Esto quiere decir, que la expansión de este monocultivo es una de las principales amenazas de desplazamiento de las comunidades y que hoy, junto con la industria del turismo y el extractivismo, es el principal responsable de la presión y la violencia en contra de nuestras comunidades”, dijo a Mongabay Latam Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh.

La lideresa garífuna afirma que todas las comunidades garífunas cuentan con título ancestral. Sin embargo, añade que estos títulos han sido violentados por el Estado, otorgándole las tierras a terceros (palmeros) y vulnerando así los derechos ancestrales de las comunidades. “El Estado reconoció nuestro derecho territorial y entregó los títulos comunitarios a los garífunas, pero ante las presiones de las empresas bananeras los garífunas comenzamos a sufrir la pérdida de nuestros territorios”, dijo Miranda, para quien la historia, después de 100 años, se repite con la palma aceitera.

Miranda dice que es muy difícil determinar exactamente en manos de quienes están los territorios garífunas, porque se utilizan testaferros, falsos campesinos y hasta grupos ligados al narcotráfico y el lavado de activos.  “Sin embargo, los que vivimos en los territorios estamos claros que las palmas la manejan el tridente dinámico del Estado, empresarios y narcotraficantes. No se puede determinar quién es quién, y quienes actúan por quién, porque lo que hacen es rotar el sombrero, pero son lo mismo”, recalcó.

Desde la Ofraneh se han recuperado un poco más de 2200 hectáreas en la comunidad de Vallecito, en el departamento de Colón, pero para los garífunas esto no compensa el territorio perdido. Además Vallecito, según Miranda, está rodeada por las plantaciones de palma aceitera del señor Miguel Facussé (QDDG).  “Nosotros hemos ido a los juzgados y también hemos llegado hasta las instancias internacionales que financian estos proyectos como el Banco Mundial, el BID, entre otros”, explica la presidente de la Ofraneh, quien insiste en que no dejarán de pelear por la recuperación de sus tierras.

La lideresa garífuna afirma que uno de los principales impactos de este monocultivo es la destrucción de las fuentes de agua. “Los expertos —explica— sostienen que cada palma africana, a partir de los 12 años, consume un promedio de 40 a 50 litros de agua al día. Y esa cantidad de agua que extrae la palma no se logra reponer. Un ejemplo es lo que vemos reflejado en los departamentos de Atlántida y Colón, donde los humedales se han secado”.

Miriam Miranda ha sido objeto de diversos ataques por su labor en defensa de los derechos del pueblo garífuna. Estos hechos violentos se intensificaron después del Golpe de Estado de 2009 y con la emisión de las dos sentencias condenatorias de la CIDH  contra del Estado a favor de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Esa sentencia no ha sido cumplida por el Estado de Honduras, y las comunidades señalan que este incumplimiento ha generado mayor conflicto en sus territorios.

La vida amenazada

Con una mirada perdida en el techo de su casa, sentada en la esquina de su mueble y con una expresión de preocupación en su rostro, Mabel Ávila cuenta que estaba asignada a la Policía Preventiva en Tela, Atlántida, cuando sus superiores le mandaron a ejecutar el desalojo de la comunidad garífuna Barra Vieja, porque la empresa Nacional Portuaria reclamaba esas tierras. “Me dijeron que yo ejecutara el desalojo —narra Ávila— (…) sentí tanta indignación que cuando llegué al lugar le dije a mis hermanos garífunas que no llevábamos por escrito el desalojo, que resistieran lo más que pudieran”. Esto le acarreó llamados de atención de parte de sus superiores.

Durante la entrevista con Mongabay Latam, Ana Mabel Ávila explica que ella es parte de una generación joven de garífunas que no encuentra espacio en su comunidad para vivir. En Nueva Armenia, precisa, los terrenos no dan más para construir casas, los hijos no encuentran lugar para establecerse y, por lo tanto, la recuperación de las tierras concedidas a empresarios de palma se ha convertido en una lucha necesaria . “Nos estamos viendo obligados a exponer nuestra integridad física para poder recuperar esas tierras, y cuando hablamos de exponernos es ya sea que nos vayan a matar o privar de nuestra libertad, simplemente por alzar la voz y reclamar un derecho que nos han oprimido”, afirma.

La joven garífuna de 33 años indica que su lucha no solo es contra los dueños de plantaciones de palma, sino también contra la corrupción que hay en el Estado hondureño que ha contribuido al desmembramiento de las tierras comunales.

El modelo de producción de palma al que se oponen, según la dirigente garífuna, es aquel que atenta contra la soberanía alimentaria de las familias —que se ven impedidas de cultivar los productos que consumen— y que contamina los ríos que son utilizados por las comunidades.

En julio de este año, la comunidad de Santa Rosa de Aguán en Colón despertó con miles de peces muertos a la orilla del río, pobladores y defensores del ambiente en esa zona explican que es consecuencia de la contaminación por los químicos que utilizan las plantaciones de palma.

“Las comunidades que viven alrededor de estas plantaciones están condenadas a desaparecer”, expresa Ávila. “Estas comunidades están siendo vaciadas, muchas enfermedades extrañas y una gran cantidad de jóvenes han optado por migrar a otros países. El impacto ha sido tal que, no solo el agua, sino las especies lagunares y marinas han disminuido”.

Las comunidades garífunas reconocen que la presencia de la palma africana causa un daño irreversible en sus territorios. Por eso Mabel Ávila está convencida que su lugar está en Nueva Armenia. Y trabaja junto a otros jóvenes para frenar el despojo de su tierra ancestral.

Fuente: MONGABAY