Más de 300 organizaciones campesinas, de agricultura familiar, de soberanía alimentaria, sindicales y de derechos humanos firmaron en apenas unas horas el rechazo al plenario convocado por la Comisión de Agricultura de Diputados para tratar una nueva Ley de Semillas.
Los firmantes denuncian que el proyecto, que aún no se hizo público, está hecho a la medida de las corporaciones del agronegocio y persigue a los pequeños productores al monopolizar bienes de los que además depende la alimentación del mundo. Denuncian que no se respetó, entre otras cosas, el Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a los pueblos originarios. ¿Cómo funciona el conflicto entre la libertad y el negocio? Carlos Vicente, de GRAIN, explica a lavaca: “Esta es la batalla de los pueblos para controlar las semillas. Hay una dura pelea por delante para que la alimentación no dependa de las corporaciones”. Lo que está en juego.
Maritsa Puma es integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), desde hace horas está parada frente al Anexo del Congreso de la Nación vendiendo verduras a 10 pesos en el llamado Verdurazo convocado para esta tarde.
Habla muy claro: “En la quinta en donde trabajamos utilizamos variedades de semillas que hoy intentan decirnos que no sirven, porque nos quieren hacer creer que la de ellos es mejor. Eso es mentira. Producimos sin agrotóxicos, de forma agroecológica, desmintiendo todo lo que nos quieren hacer creer”.
Más de 300 firmas de organizaciones campesinas, de soberanía alimentaria, territoriales, sindicales y de derechos humanos se juntaron de la noche a la mañana para repudiar el plenario convocado por la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados con el objetivo de lograr dictamen y avanzar con el tratamiento de una nueva Ley de Semillas antes de fin de año. Los firmantes subrayaron en un comunicado que, desde hace meses, las corporaciones del agronegocio están negociando con el Estado los lineamientos generales de un nuevo marco legal que busca otorgarles a las semilleras (Bayer-Monsanto, Syngenta-Chemchina, Basf, entre otras) la posibilidad de terminar con el “derecho de uso propio” de los agricultores, y así cobrar regalías cada vez que se utilice una semilla sujeta a derechos de obtentor (las empresas).
¿Quién defiende la libertad?
“El proyecto nunca se hizo público, por lo que no sabemos qué se van a sentar a discutir”, dice a lavaca Carlos Vicente, de la organización GRAIN y la revista Biodiversidad. “Pero, en su centro, lo que está en juego es que, de aprobarse, cualquiera que hoy guarda las semillas para plantar deberá declarar cuántas va a guardar y, luego, pagar regalías. Esto va en contra de la esencia de la agricultura, que es la continuidad de 10 mil años de historia en traspaso de semillas. Ahora quieren que, si uno no la declara, vaya preso o pague multas tremendas”.
Las organizaciones convocaron a una conferencia de prensa frente al Anexo del Congreso para denunciar la intención de las corporaciones. Allí participó, entre otrxs, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas: “Defendiendo las tierras y las semillas, defendemos la soberanía nacional. En estos días vamos a tener que luchar mucho porque, con las órdenes del FMI, buscan dominarnos totalmente. Tenemos que estar en la calle todos los días”.
Es llamativo que los supuestos liberales, en este caso, buscan concentrar monopólicamente con el Estado como garante un bien de la naturaleza y la humanidad como son las semillas.
Son las organizaciones –principalmente campesinas, indígenas y de productores- son las que se plantan en este tema del lado del respeto a la libertad.
Por eso plantean: “TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina”.
El proyecto Terminator
Vicente apunta que la intención de modificar la Ley de Semilllas viene desde hace años, y que ahora intentaron cambiar algunos puntos para hacer que se apruebe sin obstáculos. “Un proyecto habla de que los pequeños productores no van a tener que pagar. Otro dice que van a pagar por 5 años. Pero el riesgo está en lo antidemocrático que significa, entre muchas cosas, que Argentina, aun suscribiendo al Convenio 169 de OIT, no cumpla con la obligación de consultar a pueblos originarios sobre medidas que afectan sus recursos naturales. Eso, aquí, no se ha hecho”.
Recuerda que, en Colombia, el Congreso logró aprobar una ley de semillas, pero fue declarada inconstitucional por no respetar esa consulta. “Hay resistencia en muchos países. En Chile también fue discutida, pero se impuso la movilización campesina con apoyo de los estudiantes y no fue aprobada. En general, los países que la aprobaron son los que suscribieron a los Tratados de Libre Comercio como, por ejemplo, Costa Rica. Hay un permanente tire y afloje en América Latina y en todo el mundo con muchas acciones de resistencia de los campesinos”.
Durante la conferencia de prensa en el Congreso, las organizaciones que firmaron el documento subrayaron que no es casual que la ley se busque de cara a la cumbre del G20 que desarrollará en el país. Vicente sintetiza qué hay detrás de este tipo de proyectos: “Nosotros cuestionamos que las corporaciones se lanzaron hace 50 años, con la llamada ´revolución verde´, al dominio de las semillas para controlar la alimentación y hacer que tengamos mercancías en lugar de comida. Avanzaron mucho por varios caminos: Monsanto, Bayer y Syngenta manejan más del 50 por ciento del mercado de semillas del mundo. Es una concentración tremenda. También manejan el uso de la tecnología y de semillas como la Terminator, una semilla que se autodestruye. Esta es la batalla de los pueblos para controlar las semillas. Hay una dura pelea por delante para que la alimentación no dependa de las corporaciones”.
Soberanía y tecnología
Las organizaciones sintetizaron el rechazo en algunos puntos concretos:
“Porque implica el sometimiento de productores/as a pagos de regalías por años, cuando deseen guardar semillas para volver a sembrar. Esto significa la violación de un derecho básico, que da sentido a la agricultura. Este mecanismo permitirá la persecución de los/as productores/as tal como ya está ocurriendo en otros países.
* Porque avanza en la criminalización de las semillas nativas y criollas impidiendo el libre intercambio entre productores/as familiares, campesinas y campesinos y pueblos originarios. De esta manera, se desconoce la ley 27.118 (De Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina) que, en contraposición, resguarda estas semillas y permite su libre intercambio y reproducción.
Porque se ha obviado la consulta previa libre e informada a los pueblos originarios que exige el Convenio 169 de la OIT del que la Argentina es Parte; ya que son ellos quienes han generado casi TODO el conocimiento y la diversidad agrícola que hoy nos alimenta y quienes intercambian semillas con otros campesinos, campesinas y pueblos originarios.
Porque TODAS las semillas que hoy alimentan a la humanidad y que comercializan las grandes corporaciones son fruto del trabajo colectivo de los pueblos durante más de diez mil años. Tenemos la posibilidad de producir alimentos saludables para todos los/as argentinos/as. Así lo están demostrando las organizaciones campesinas, de productores/as familiares e indígenas que producen entre el 70 y 80% de los alimentos que consumimos quienes habitamos en Argentina.
Porque el proyecto que se piensa aprobar fue negociado FUERA de la Cámara de Diputados por el Ejecutivo, los semilleros (voceros de Bayer-Monsanto) y los grandes productores agrupados en la SRA (Sociedad Rural Argentina). Todas las reuniones de “consulta” realizadas fueron una “puesta en escena” para permitir que ahora planteen un supuesto proyecto “unificado” que surge de una “acta de entendimiento” que expresa la voz de los semilleros y los grandes productores. De esta manera, el proyecto que NUNCA se hizo público, excluye los intereses de los pueblos originarios, productores/as de la agricultura familiar, campesinos/as y consumidores/as”.
Y cierra: “Lo que está en juego es absolutamente vital. En los países donde las corporaciones lograron imponer sus leyes de semillas pasan hechos totalmente cuestionables: la persecución de agricultores/as, la criminalización de los intercambios de semillas a partir de los cuales los argentinos comemos sano y saludable, la destrucción de cosechas y mayor control corporativo sobre los alimentos y sus precios, en detrimento de la soberanía alimentaria y tecnológica de nuestro país”.
