La Soberanía Alimentaria es la única solución y camino a seguir: declaración del 16 de octubre

Nuestro frágil mundo enfrenta una inminente crisis alimentaria global. El impacto del COVID-19 empujó a más personas a la pobreza. Las medidas de confinamiento devastaron los medios de subsistencia de las familias y la economía, e interrumpieron las cadenas de suministro. A nivel global, según el Informe Mundial de Crisis Alimentarias 2022 (GRFC en inglés), los niveles de hambre siguen siendo tan alarmantemente altos como en 2021, alrededor de 193 millones de personas en 53 países padecen inseguridad alimentaria aguda y necesitan asistencia urgente. Esta hambruna severa está potenciada por los conflictos, las condiciones climáticas extremas, los dramáticos efectos económicos y sociales de la pandemia y, más recientemente, por la guerra en Ucrania. Los precios de las materias primas alimentarias a principios de 2022 estaban en su punto más alto en 10 años y los precios de los combustibles en su punto más alto en 7 años. La crisis alimentaria actual tiene que ver con la asequibilidad; incluso en lugares donde hay disponibilidad de alimentos, su costo está fuera del alcance de millones de personas, mientras que el aumento de los precios profundiza los desafíos para quienes apenas pueden pagar los alimentos en tiempos normales.

La crisis alimentaria en este momento es inédita, porque se desarrolla en medio de un contexto global más difícil que el de las crisis alimentaria y de combustibles de 2008. La intensidad y frecuencia de los choques climáticos se han más que duplicado en comparación con la primera década de este siglo. En los últimos 10 años, alrededor de 1.700 millones de personas se vieron afectadas por desastres relacionados con el clima, de las cuales casi el 90% se convirtió en refugiados climáticos. El hambre, la desnutrición y la pobreza son más difíciles de superar debido a las guerras, los conflictos y los desastres naturales en curso. Esto obstaculiza todos los aspectos de un sistema alimentario, desde la recolección, procesamiento y transporte de alimentos hasta su venta, disponibilidad y consumo.

Pero acabar con el hambre no tiene que ver sólo con el abastecimiento. Hoy en día se produce suficiente comida para alimentar a todos en el planeta. El problema es el acceso y la disponibilidad de alimentos nutritivos, que se ve cada vez más obstaculizado por múltiples desafíos, como la pandemia de COVID-19, los conflictos, el cambio climático, la desigualdad, el aumento de los precios y las tensiones internacionales.

A medida que prolifera el cambio del multilateralismo al modelo de múltiples partes interesadas en las plataformas de la ONU, las corporaciones han seguido controlando las narrativas para el cambio. El poder corporativo en los sistemas alimentarios y agrícolas también ha seguido creciendo, y la financiarización está convirtiendo los alimentos y la tierra en objetos de especulación. El reciente proceso UNFSS (Foro de las Naciones Unidas sobre Normas de Sostenibilidad) es un claro ejemplo de esta tendencia. El fracaso de las políticas neoliberales y la agricultura industrial (incluidos los transgénicos) en el aumento de rendimientos y ganancias, condujo a la concentración del poder corporativo en unas pocas empresas transnacionales (ETN) que controlan Macrodatos, tierras agrícolas, recursos oceánicos, semillas y agroquímicos, apuntan a dominar cada vez más nuestros sistemas alimentarios y se apropian del 80% de los alimentos producidos por los agricultores familiares. La financiarización condujo a una concentración de mercado sin precedentes para potenciar nuevas inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) y (bio) tecnologías, apuntando a ampliar las fronteras del capitalismo para capturar toda la biodiversidad mundial.

En todo el mundo, existe una tendencia hacia la reducción del espacio cívico y la reducción de la ambición por defender los derechos humanos. Los activistas a nivel local son cada vez más vulnerables a violaciones de los derechos humanos, opresión y criminalización. La violencia de la represión Estatal, que utiliza las fuerzas militares y de seguridad, apuntando a personas y asediando a masas de manifestantes pacíficos en todo el mundo. Por otro lado, la primacía y la legitimidad del sector público se ven cada vez más amenazadas por la apropiación corporativa de los procesos políticos y una narrativa del desarrollo que asigna un papel de liderazgo a la inversión del sector privado, mientras el multilateralismo es atacado por un nacionalismo virulentamente populista y un modelo multipartito promovido por las corporaciones.

En las últimas tres décadas ha habido un crecimiento de una red cada vez más robusta, diversificada y articulada de pequeños productores de alimentos, trabajadores y otros actores sociales perjudicados por el sistema alimentario globalizado liderado por corporaciones, que abogan por una transformación radical de los sistemas alimentarios y agrícolas basados en la Soberanía Alimentaria. Estos movimientos se han comprometido decididamente en la defensa y construcción de dispositivos de abastecimiento de alimentos ecológica y socialmente sostenibles y arraigados territorialmente, que tienden a denominarse “alternativos”, aunque son responsables de hasta el 70% de los alimentos que se consumen en el mundo. Repensar las políticas agrícolas como una cuestión de seguridad económica y nacional debe ser una prioridad.

El movimiento por la Soberanía Alimentaria ha sido una parte dinámica de la articulación de transformación y soluciones desde la década de 1990, y a través del histórico Foro de Soberanía Alimentaria de Nyéléni en 2007 y el Foro de Agroecología en 2015. 25 años después de la creación del concepto de Soberanía Alimentaria, nuestros movimientos unen sus voces que piden un cambio sistémico para abrir el camino a un futuro de esperanza.

Exigimos acción inmediata para:

• El cese de la especulación alimentaria y la suspensión de la comercialización de productos alimentarios en las bolsas de valores. El precio de los alimentos comercializados internacionalmente debe estar vinculado a los costos de producción y seguir los principios del comercio justo, tanto para lxs productorxs como para lxs consumidorxs;

• El cese del control de la OMC sobre el comercio de alimentos y la exclusión de la producción de alimentos de los acuerdos de libre comercio. Los países deben tener reservas públicas de alimentos y regular el mercado y los precios, para poder apoyar a lxs productorxs de alimentos a pequeña escala en este contexto desafiante;

• La creación de un nuevo organismo internacional para llevar a cabo negociaciones transparentes en acuerdos mercantiles entre países exportadores e importadores, para que los países que dependen de las importaciones de alimentos puedan tener acceso a los mismos a un precio accesible;

• Prohibir el uso de productos agrícolas para producir agrocombustibles o energía. La comida debe ser una prioridad absoluta sobre el combustible;

• Una moratoria global sobre el pago de la deuda pública por parte de los países más vulnerables. Presionar a esos países para que paguen la deuda es una gran irresponsabilidad y conduce a crisis socioeconómicas y alimentarias.

Exigimos cambios radicales en las políticas internacionales, regionales y nacionales para reconstruir la Soberanía Alimentaria a través de:

• Un cambio radical en el orden internacional de comercio. La OMC debe ser desmantelada. Un nuevo marco global para el comercio y la agricultura, basado en la Soberanía Alimentaria, debería abrir el camino para fortalecer la agricultura campesina local y nacional, para garantizar una base estable para una producción de alimentos relocalizada, el apoyo a los mercados liderados por campesinxs locales y nacionales, y proporcionar un sistema de comercio internacional justo basado en la cooperación y la solidaridad;

• La implementación de la Reforma Agraria popular e integral, para frenar el acaparamiento de agua, semillas y tierras por parte de las corporaciones transnacionales, y garantizar a lxs pequeñxs productorxs derechos justos sobre los recursos productivos; protestamos contra la privatización y el acaparamiento de territorios y patrimonio por intereses corporativos con el pretexto de la protección de la naturaleza, a través de mercados de carbono u otros programas de compensación de la biodiversidad, sin tener en cuenta a las personas que viven en estos territorios y que han estado cuidando ese patrimonio por generaciones;

• Un cambio radical hacia la agroecología para producir alimentos saludables para el mundo. Debemos enfrentar el desafío de producir suficientes alimentos de calidad al tiempo que reactivamos la biodiversidad y reducimos drásticamente las emisiones de GEI;

• Regulación efectiva del mercado de insumos (como créditos, fertilizantes, pesticidas, semillas, combustible) para respaldar la capacidad de producción de alimentos de lxs campesinxs, pero también para garantizar una transición justa y bien planificada hacia prácticas agrícolas más agroecológicas;

• Una gobernanza alimentaria basada en las personas, no en corporaciones transnacionales. Debe detenerse la captura de la gobernanza alimentaria por parte de las transnacionales, y se debe poner el interés de la gente en el centro. Se les debe otorgar a lxs pequeñxs productorxs un papel clave en todos los organismos de la gobernanza alimentaria;

• La transformación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de lxs Campesinxs en un instrumento jurídicamente vinculante para la defensa de los pueblos rurales;

• El desarrollo en cada país de las capacidades públicas de almacenamiento. La estrategia de acumulación de alimentos debe llevarse a cabo tanto a nivel nacional, como a través de la creación y el apoyo público a reservas de alimentos a nivel comunitario con alimentos producidos localmente provenientes de prácticas agrícolas agroecológicas;

• Una moratoria global sobre tecnologías peligrosas que amenazan a la humanidad, como la geoingeniería, los transgénicos o la carne celular. La promoción de técnicas de bajo costo que incrementen la autonomía campesina y de las semillas campesinas;

• El desarrollo de políticas públicas para asegurar nuevas relaciones entre quienes producen alimentos y quienes los consumen, quienes viven en las áreas rurales y quienes viven en las áreas urbanas, garantizando precios justos definidos en base al costo de producción, que permitan ingresos dignos para todos los que producen en el campo y un acceso justo a alimentos saludables para lxs consumidorxs;

• La promoción de nuevas relaciones de género basadas en la igualdad y el respeto, tanto para las personas que viven en el campo como entre la clase trabajadora urbana. La violencia contra las mujeres debe cesar ya.

Fuente: La Vía Campesina