Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación en su visita a la Argentina

Asimismo, el informe alienta al Gobierno a dar prioridad al diseño e implementación de políticas y reformas efectivas con la participación de todos los segmentos relevantes de la sociedad con el objetivo de garantizar el derecho a una alimentación adecuada. 

Capítulo sobre sostenibilidad: riesgos de la inseguridad alimentaria asociados con el rápido crecimiento económico y el cambio climático

Organismos genéticamente modificados y protección de semillas

77. La Argentina es uno de los productores principales de semillas transgénicas y genera el 14 % de la producción mundial total de cultivos biotecnológicos. El país tiene más de 22 millones de hectáreas en regiones agrícolas dedicadas al cultivo de la soja (alrededor del 95 %), algodón y maíz, con tecnología genéticamente modificada.. Su aprobación en la Argentina fue autorizada por la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, integrada por las mismas empresas, por lo que su opinión resulta ilegítima debido al conflicto de intereses.

78. La Ley de semillas de 1973 permite a los productores utilizar semillas generadas en cosechas anteriores para su siembra futura. Esta postura no se condice con la de Monsanto (Bayer en la actualidad) —el mayor proveedor mundial de semillas transgénicas de soja—lo que llevó a la empresa a no entregar a la Argentina las variedades nuevas de semilla de soja en 2016. Existen presiones para modificar la actual Ley de semillas para que pueda aplicarse la restricción del uso propio, pero esa enmienda de la ley no ha sucedido aún. Además, el pago de regalías se haría por el plazo del derecho del sembrador (15 a 20 años según los diferentes proyectos de ley) pero no se pagarán de por vida.

79. La Ley de semillas y creaciones fitogenéticas y la Ley de promoción del desarrollo y producción de la biotecnología moderna no logran regular los organismos genéticamente modificados en la Argentina por lo que parece faltar en el país una reglamentación del uso de transgénicos, que se aprueba por recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, un ente creado por reglamentación ministerial.

80. La Relatora Especial recomienda que el Estado proteja el derecho de propiedad de los productores respecto de las semillas tradicionales, para que puedan comercializarlas libremente. Además, el Estado debería crear bancos de plantas a fin de mantener la diversidad genética de las semillas y asegurar el acceso a una distribución equitativa de los beneficios que surgen de la utilización de tales recursos genéticos. 

Plaguicidas

81. Con el aumento de la producción de organismos genéticamente modificados y la industria agroquímica en la Argentina, se ha incrementado rápidamente el uso de plaguicidas. En los últimos 25 años, la aplicación de plaguicidas aumentó diez veces su volumen, de 38 a 370 millones de kilogramos, con un incremento del área cultivada de un 50 %, de 20 a 30 millones de hectáreas. Este incremento en el uso de plaguicidas se atribuye al modelo de agricultura industrial que prevalece, ya que el 98 % de la soja en la Argentina ha sido genéticamente modificada para ser resistente a los plaguicidas, principalmente el glifosato.

82. La Relatora Especial ha expresado su preocupación respecto del peligro que implican los plaguicidas, en especial los basados en glifosato, y las implicancias de estas sustancias químicas para el derecho a la alimentación (A/HRC/34/48). En 2015, la OMS declaró al glifosato como una sustancia probablemente carcinógena. La Relatora Especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas que están en contacto directo con los plaguicidas. También advierte sobre los peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición. La fumigación de plaguicidas con avionetas es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser transportadas por el viento a lugares cercanos (A/HRC/34/48).Desafortunadamente, la Argentina no ha introducido legislación efectiva ni ha aplicado sus leyes como corresponde para reducir el uso de plaguicidas en la producción agrícola, ni para reparar el daño sufrido por las poblaciones expuestas a la contaminación. Sin embargo, hubo solamente dos casos —Loma Senés e Ituzaingó Anexo— en que se ha juzgado y responsabilizado a productores por la contaminación con plaguicidas.

83. En 2013, la provincia de Buenos Aires estableció una restricción respecto del uso de plaguicidas cerca de las ciudades. Esta medida prohíbe la fumigación con avionetas en las áreas que los municipios hayan definido a tal efecto, o en un área de 2 km entre las zonas rurales y urbanas. En 2016, el Gobierno adoptó la Ley 27262 que prohíbe el uso y/o tratamiento con cualquier tipo de plaguicidas de los cultivos, sus productos y derivados, cereales y oleaginosas durante la carga en camiones y vagones de ferrocarril de estos productos básicos, así como durante su transporte al destino final.. Esta legislación fue propuesta después de que fallecieran siete camioneros en la provincia de Córdoba en 2009 y 2010 como resultado de su exposición al plaguicida denominado fosfina.

84. A pesar de estos esfuerzos, a la Relatora Especial le preocupan los informes sobre la exposición indirecta a los plaguicidas y sus efectos sobre la población. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata determinó que la mayoría de la población consume frutas y hortalizas que han sido fumigadas con plaguicidas.. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) determinó que la leche de las madres que habían dado a luz en hospitales del Área Metropolitana de Buenos Aires contenía niveles de plaguicidas que eran un 15 % más elevados que los niveles considerados seguros por la ley.

85. En la Argentina parecieran no existir sistemas de monitoreo efectivos para regular la industria de los plaguicidas y controlar su uso en los agronegocios. Esta falta de monitoreo y reparación de los daños podría constituir una violación de los derechos humanos si no se abordase correctamente.

86. De todas formas, en respuesta a la situación el Gobierno creó el Grupo de Trabajo interministerial sobre buenas prácticas en materia de aplicación de fitosanitarios, integrado por expertos de entidades públicos relevantes. Su objeto es elaborar principios que regirán las políticas públicas sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación, formular recomendaciones para mejorar la adopción de las buenas prácticas y fortalecer los sistemas de control y monitoreo. 

87. Durante la visita de la Relatora Especial, un trabajador agrícola argentino y referente en la lucha contra el uso de plaguicidas, Fabián Tomasi, falleció a causa de una enfermedad causada por una constante exposición a los plaguicidas. . La muerte trágica del Sr. Tomasi recuerda las condiciones peligrosas a las que se encuentran expuestos los trabajadores agrícolas y sus familias, y la necesidad de repensar el actual modelo agrícola de la Argentina que depende tanto de las plaguicidas para producir los alimentos que se consumen.

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Fuente: Refworld