Ganancias, privilegios, control y represión
La respuesta sistémica a la pandemia en América Latina
Presentamos un informe tejido a muchas manos y desde diferentes rincones de nuestra América Latina que intenta recoger la respuesta de los poderes estatal, gubernamental, corporativo y represivo ante las condiciones de emergencia que esta pandemia ha impuesto en diferentes regiones de Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Honduras y México, lugares donde existen organizaciones y centros de investigación que nos reconocemos en la Alianza Biodiversidad. Ganancias, privilegios, control y represión: la respuesta sistémica ante la pandemia, es un recuento puntual de reformas e imposiciones que recrudecen las condiciones de zozobra, indefensión, malestar, sojuzgamiento y violencia a las que está siendo sometida la población latinoamericana en estos tiempos de emergencia.
La pandemia y la respuesta del poder
Desde que comenzó la cuarentena en forma casi global, en América Latina el agronegocio, y otras muchas puntas de la industria no sólo no mantuvieron cuarentena sino que continúan con total impunidad profundizando sus impactos y daños a comunidades y ecosistemas. Aprovechando la fragilidad provocada por la pandemia, el capitalismo busca reacomodarse o evolucionar pero manteniendo sus mismos viejos hábitos que le sirven para seguirse perpetuando: obtener ganancias, privilegios, para lo cual exacerba el control y la represión.
Este documento, colectivo, es apenas una miradita de todo lo que recorre las venas abiertas de América Latina. Y lo anotado no agota lo que está ocurriendo.
Los ajustes en las políticas públicas, reformas constitucionales, leyes y normativas son promovidos a ultranza.
Crece el saqueo territorial. Las actividades agroindustriales, la minería, la extracción petrolera y de todas las fuentes de energía y agua fueron exceptuadas de la cuarentena por considerarse “actividades esenciales”. Esto acelera el saqueo al agilizar concesiones y licencias y manifestaciones de impacto ambiental.
Aumenta la represión. Cuerpos policiacos, guardias nacionales y ejército salen a las calles, llegan a comunidades y aulas. La violencia contra las mujeres se intensifica hasta límites nunca vistos, crecen los asesinatos contra quienes defienden derechos humanos, territorios y el ambiente, o están contra megaproyectos y crimen organizado.
Las fronteras del asedio son los sitios donde las comunidades rurales sufren los embates y el acorralamiento de corredores industriales, megaproyectos, extractivismo o plantaciones, vulnerando sus filtros sanitarios por el cinturón de servicios, corrupción y giros negros. Las comunidades terminan profundamente dañadas por la pandemia.
También se promueve la agricultura industrial. Obedeciendo los TLC, los gobiernos marginan la producción independiente y campesina, y alegan normas de higiene inalcanzables y absurdas.
Cunden las tecnologías digitales, informáticas, satelitales e inalámbricas, automatizando procesos productivos y comunicativos. La imposición tecnológica obliga a la reconversión digital para el rastreo de rutas de contagio y acceder a la “protección” de los servicios de salud, del seguro de desempleo, de los créditos para micro-negocios, o para no perder las tierras.
El desmantelamiento de servicios públicos resulta en colapsos de las redes hospitalarias y en los sistemas de atención a la salud. Se imponen restricciones al comercio local, a mercaditos, tienditas o puestos callejeros privilegiando los supermercados “sanitizados”. La falta de equipos de protección a trabajadores esenciales, la ausencia de seguridad para la población, evidencian el adelgazamiento de los presupuestos destinados al bienestar general.
Crece el menosprecio por los esfuerzos independientes. Pese al surgimiento en campo y ciudad de redes de mutualidad y organización comunitaria, abasto y cuidados, que son independientes y están salvando vidas sin exigir nada a cambio, las autoridades e instituciones no hacen esfuerzos por entablar comunicación o coordinar colaboraciones que enfrenten los desastres a la salud y a las economías familiares, locales y nacionales. Lejos de reconocer la gestión autónoma, autoridades, instituciones, líderes de opinión, medios masivos, insisten en enfatizar actitudes de irresponsabilidad y negligencia de “la sociedad”.
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