El Socio de Bill

Rechazo a la Resolución 216/2020 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Una resolución dictada en respuesta a la propuesta presentada por el Consejo Agroindustrial Argentino - que concentra a todas las cámaras empresariales del agronegocio y a los sectores conservadores ruralistas – en el mes de Julio del corriente año.

Casualmente en el mismo día en el que se dicta la Resolución 216/2020, decenas de personas y organizaciones del mundo, realizaron la presentación del Informe Mundial “Bill Gates: Las Puertas de un Imperio Global” para denunciar el plan de Bill Gates sobre la Agricultura Mundial “AgOne” y sus influencias filantrópicas para quedarse con los Bancos de Semillas del CGIAR en la próxima Cumbre de la Alimentación y Cambio Climático a desarrollarse en el transcurso del año 2021. Ese informe está disponible on line y cuenta los aportes de Vandana Shiva de Navdanya India, Silvia Ribeiro de Etc Group México, Tapsoba Ali de Goamma de Burkina Faso, Jim Thomas de Etc Group de Canadá, Jonathan Latham de Independent Science News, Chito Medina de Filipinas, Seth Itzkan, de Soil4Climate Inc., Farida Akhter de Bangladesh, Claire Robinson y Antonoiu de GM Watch, Adelita San Vicente de México, entre varios compañeras y compañeras más, entre quienes nos encontramos, informando la situación de la Argentina en la que denunciamos lo que efectivamente iba a suceder, a través de lo que se conoce como AgTech y que Basterra ya estableció como política de Estado ( ver aquí)

Hoy un más de un millón de hectáreas de todo el territorio del país están alcanzadas por leyes, ordenanzas y resoluciones judiciales donde no se pueden aplicar agrotóxicos. Se trata de territorios recuperados del modelo contaminante y extractivista impuesto por el agronegocio con su combo de OGM, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. No son territorios ociosos, son territorios disponibles para que el estado implemente políticas activas que promuevan una agricultura que produzca alimentos sanos y saludables, sin fertilizantes sintéticos, sin agrotóxicos y cuya rentabilidad económica – tal como lo acreditan trabajos del INTA- Balcarce - es óptima. Una agricultura que se reconcilie con la tierra, la biodiversidad, las personas y los sistemas inmunológicos tan fundamentales para evitar más pandemias como en la que aún está inserto el planeta entero.

La línea de la política agroalimentaria del actual gobierno sigue el derrotero de todos los gobiernos de la Argentina desde el año 1991, cuando se instaló el modelo del agronegocio. Y ésta nueva medida del Estado Nacional sigue la inteligencia de la Resolución del Veneno del Gobierno de Vidal, en la Provincia de Buenos Aires, en el año 2018, de ir nuevamente por las zonas de protección y amortiguación respecto de las fumigaciones con agrotóxicos en las adyacencias de los pueblos y escuelas rurales, que son el resultado de las luchas que durante los últimos 25 años han llevado y lo siguen haciendo centenares de organizaciones, asambleas y comunidades de los pueblos fumigados de la Argentina, en defensa de su salud e integridad física y del ambiente y para promover la agroecología.La política agrícola de AgTech, es el plan de Bill Gates, el IICA, Bayer/Monsanto, Syngenta y Dow Chemical para la agricultura.

Una alianza estratégica que ya tiene eco en las autoridades nacionales locales y algunas provinciales (como Córdoba) que hasta repiten las mismas retóricas de dichas corporaciones y del propio Bill Gates, en cuanto a que el cambio climático y la necesidad de aumentar la producción ante una mayor demanda de alimentos, requieren la implementación de tecnologías para maximizar y hacer más eficiente la producción de los cultivos. Son falsas soluciones y falsas premisas.

En realidad la propuesta del AgTech, es un anexo más de la agricultura industrial que demanda cada vez más uso de organismos genéticamente modificados (lo que denominamos parches biotecnológicos como el flamante Trigo HB4 aprobado días pasados), mas fertilizantes sintéticos y nuevos venenos de las corporaciones para seguir produciendo no más alimentos sino más mercancías que se traducen en más producción de agrocombustibles y materias primas de exportación para alimento animal, degradando el ambiente, la vida en el planeta y acentuando significativamente el cambio climático y empobreciendo la calidad de vida de la gente.

Un proceso devastador que se nos hace presente con los incendios que en estos días asolan al gran parte del país y los millones de hectáreas deforestadas de bosques y montes en plena cuarentena, para perpetuar los negocios de las trasnacionales con sus falsas soluciones (ahora de la mano de Bill Gates) y el sector conservador ruralista. Advertimos estas consecuencias del AgTech hace cuatro meses atrás cuando se anunció el plan de la Agricultura 4.0. Textualmente en “Bill Gates: El socio menos pensado” señalamos "está todo listo para que empiecen a tramitar los expedientes administrativos para dictar las resoluciones de modo expeditivo – sin participación ciudadana - que se necesiten para acelerar los procesos del AgTech, casi en un abrir y cerrar de ojos.

Tal como sucedió en el año 96, cuando el actual canciller Felipe Sola (subsecretario en ese entonces de la Subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) con su sola firma, sin evaluación de impacto ambiental, ni análisis de riesgos en materia inocuidad alimentaria y menos participación ciudadana, aprobó la soja transgénica RR1 de Monsanto, y del mismo modo que lo hizo semanas atrás con la autorización de importación de insumos para la producción de venenos. Un fiel reflejo de lo que sucedió hace casi 25 años atrás". ( ver aquí)

La Resolución de Basterra vuelve a repetir ese déficit democrático que caracteriza al modelo agroindustrial. En el mismo texto citado señalamos "Desde la Revolución Verde hasta la fecha, el régimen agroindustrial en la Argentina, jamás fue escenario de un debate democrático en el espacio institucional y soberano de las políticas públicas: el Congreso Nacional. De hecho en la Argentina nunca se legisló sobre una ley de presupuestos mínimos sobre los agrotóxicos que tenga como base un debate profundo inclusive sobre la prescindencia definitiva de su uso en el sistema agroalimentario.

"La decisión ministerial de ir por esos territorios constituye una afrenta contra la flamante creación Dirección Nacional de Agroecología a cargo de Eduardo Cerdá, que justamente para ser operativa, necesita de territorios con el objetivo de poder llevar a cabo políticas concretas en materia agroecológica o bien para acompañar y concretar el proyecto de Colonias Agroecológicas, interesante e importantísima propuesta que nace de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), todo ello en sintonía con el reporte sobre nuestro país realizado por la Relatora Especial del Derecho a la Alimentación de la ONU Hilal Elver, en el año 2019, en cuanto recomendó al estado argentino: "proteger y promover la agricultura familiar como un modelo productivo, ya que esta representa casi un 80 % de los productores de la Argentina que producen casi la mitad de las frutas y hortalizas que se consumen en el país.

"En contrasentido, la Resolución de Basterra está inserta en una política de estado abiertamente direccionada - indefectiblemente - a profundizar el modelo del agronegocio, no solo desoyendo a la Relatora de la ONU, sino también, desentendiéndose de la ley 27.118 que crea el Banco de Tierras, tan necesario para hacer vivo el Derecho Humano de Acceso a la Tierra, y permitir así, a los actores y actoras de la agricultura familiar, campesina e indígena, el acceso a la tierra; sujetos políticos esenciales para un sistema agroalimentario biodiverso alejado de las premisas del agronegocio, y subsumido en la conciencia agroecológica para garantizar el acceso a alimentos locales, sanos y saludables, y así asegurar y consolidar un modelo de agricultura en armonía con la biodiversidad y respeto con la tierra, por la soberanía alimentaria y el fortalecimiento del sistema inmunológico de las personas.

Se sospechó desde un comienzo, apenas se supo de la designación del actual Ministro de Agricultura de la Nación, que la política agrícola de Basterra no iba a desentonar con sus antecedentes. No nos equivocamos de nuestro recelo. Efectivamente, no nos olvidamos cuando en la última sesión de Diputados de la Nación del año 2015 para favorecer a Bayer/Monsanto, el proyecto de ley de su autoría - en ese entonces era Diputado - que impedía revisar y cancelar los agrotóxicos considerando la información científica disponible tal como lo establecía la reglamentación, obtuvo media sanción. Ese proyecto exigía como requisito para la revisación o cancelación de un agrotóxico en la Argentina, la prohibición previa por parte de organismo internacional como la FAO o la OMS (algo muy poco probable). En verdad, se trató de un ardid de Basterra para resguardar el Glifosato de Monsanto, que ante la declaración de la IARC, en Marzo de ese mismo año, como probable cancerígeno, obligaba a las autoridades (SENASA) a proceder a su revisión. Igual el SENASA ignoró la resolución de la IARC. Pero Basterra, por las dudas, fue un gestor eficiente de los intereses de Monsanto y las corporaciones, logrando que ese proyecto obtuviera media sanción, aunque, por suerte, luego no tuvo eco en el Senado. Pero lo intentó y cumplió en parte su mandato en favor de Monsanto. También en ocasión del tratamiento del proyecto de ley de humedales, en el año 2017, fue un actor fundamental y socio del macrismo y de los sectores ruralistas conservadores, para que el mismo perdiera estado parlamentario y no se tratara en el plenario de la Cámara de Diputados de la Nación, favoreciendo al agronegocio ( ver aquí).

Hoy Basterra, es Ministro de Agricultura de la Nación, ya no necesita mayorías ni dictamen de comisión, su simple firma le alcanza, como la que acaba de estampar en la resolución 216/2020, queriendo avasallar sobre los territorios recuperados por los pueblos fumigados de la Argentina a las corporaciones, volviendo a ser un gestor muy eficiente, portándose muy bien con Bill Gates y las corporaciones del agronegocio.

15 de Octubre de 2020. 

Fuente:  Naturaleza de Derechos