Boletín #250 del WRM: Covid-19, una coartada para más opresión, control corporativo y destrucción de bosques
Este boletín especial quiere rendir homenaje a las comunidades del bosque y las familias campesinas de todo el mundo que han logrado practicar la solidaridad, contra viento y marea y a pesar de todas las dificultades por la pandemia del Covid-19 - incluyendo las restricciones de movimiento impuestas por los gobiernos y los abusos de las empresas y las élites en su afán de lucro: Desde organizar sistemas alternativos de protección contra la propagación del virus, cocinas colectivas, distribución de cultivos alimentarios para los necesitados y mercados que, al tiempo que respetan el distanciamiento social, proporcionan alimentos saludables a un precio justo, hasta albergar a las y los afectados por los despojos y los desplazamientos, brindar apoyo a mujeres y niñas que enfrentan violencia, continuar la resistencia contra la destrucción de sus territorios ... Y muchos otros ejemplos. Nuestra solidaridad está con ustedes.
Nuestra opinión
Explotando la pandemia: lucros empresariales y de élites
En los últimos meses, gobiernos alrededor del mundo han implementado medidas para contener la pandemia del Covid-19, tales como las ordenes de quedarse en casa, cierres obligatorios, toques de queda y/o “distanciamiento social” y pautas de cuarentena. A menudo combinadas con declaraciones de estados de emergencia, tales medidas tienen graves impactos negativos en el Sur global, donde la mayoría de las personas depende en gran medida de la economía informal y vive el día a día. El apoyo gubernamental ha sido errático en el mejor de los casos y es imposible para esta mayoría mantenerse a salvo y aislada. La falta de información adecuada y específica del contexto sobre cómo prevenir la propagación del virus, junto con la falta de instalaciones de salud debidamente equipadas, ha dejado a las comunidades del bosque y campesinas en particular, más expuestas que nunca.
Hay otro aspecto de la pandemia que se ha vuelto cada vez más evidente: las empresas y las élites activas en el Sur global, y especialmente en los países con bosques, han utilizado la crisis sanitaria para enriquecerse aún más y expandir su control en los territorios.
Las comunidades del bosque y campesinas en el Sur global tienen una larga historia de hacerle frente a los desastres creados por las inversiones impuestas por empresas y élites en su búsqueda de ganancias: acaparamiento de tierras, erosión y contaminación del suelo y el agua, destrucción de medios de vida y sustento, deforestación a gran escala, aniquilación de espacios de vida, culturas e historias, desplazamiento forzado, violencia, marginación, criminalización, entre muchas otras. La “emergencia” ya era una realidad para esas comunidades mucho antes que llegue la pandemia del Covid-19.
En este contexto, las medidas gubernamentales para contener la propagación del nuevo coronavirus están meramente intensificando los impactos y las injusticias de un sistema económico destructivo y de larga data. Tales medidas han profundizado las desigualdades extremas entre ricos y pobres, entre el Norte y el Sur, entre mujeres y hombres, y entre comunidades blancas y comunidades afro-descendientes. En pocas palabras, los impactos de estas medidas son peores para quienes ya enfrentan la violencia del racismo, el clasismo, el patriarcado y la opresión. Y son estas mismas comunidades vulnerables las que han sido más afectadas por la devastadora enfermedad del Covid-19.
En medio de innumerables tragedias humanas, las empresas y las élites políticas abusan de la situación para profundizar el acaparamiento de tierras, revertir toda legislación que proteja territorios y personas, y aumentar sus ganancias. En Camboya, por ejemplo, el gigante vietnamita del caucho Hoang Anh Gia Lai (HAGL) arrasó los bosques de las comunidades indígenas Kreung y Kachok durante la cuarentena nacional, afectando con ello dos montañas sagradas de gran significado espiritual, junto con humedales, bosques antiguos, zonas tradicionales de caza y cementerios. (1) En Indonesia, dos agricultores fueron asesinados en el mes de marzo en enfrentamientos por una larga disputa de tierras con una empresa de aceite de palma en la provincia de Sumatra del Sur. (2) En Panamá, el líder indígena Guna Rengifo Navas denunció el aumento de las invasiones de tierras y la explotación minera, así como la tala y la caza ilegal en numerosas comarcas (territorios indígenas) durante la cuarentena. (3) El pueblo indígena Wampi, de Perú, presentó una demanda contra representantes de la compañía petrolera GeoPark, argumentando que la empresa amenaza la salud y el bienestar de los Wampi ya que permite el ingreso de trabajadores petroleros no autorizados a su Territorio Autónomo. (4) En Uganda, empresas agroindustriales respaldadas por la policía y las fuerzas militares, desalojaron por la fuerza a más de dos docenas de pequeños agricultores, a pesar de la orden del gobierno de detener los desalojos de tierras durante la cuarentena. (5) Mientras tanto, en Guinea, una empresa de propiedad conjunta de los gigantes mineros Alcoa y Rio Tinto, respaldada por el Banco Mundial, reubicó a más de cien familias para expandir una mina de bauxita durante la cuarentena. Las familias fueron trasladadas a un lugar de colina previamente minado que carecía de viviendas adecuadas, agua y saneamiento, y donde la tierra cultivable era insuficiente y prácticamente no había oportunidades de obtener algún sustento. (6) Y la lista sigue y sigue.
Para empeorar las cosas, las amenazas, la violencia, la criminalización, la persecución y el acoso para con las comunidades campesinas y del bosque que resistieron las actividades destructivas en sus territorios antes de la pandemia, han continuado a ritmo acelerado durante las cuarentenas. De hecho, el confinamiento es un riesgo real para los activistas de las comunidades dado que el hecho de permanecer en un solo lugar los hace fácilmente identificables y vulnerables ante posibles agresores. En varios países, la ya insuficiente protección que el Estado brinda a los activistas disminuyó significativamente, lo que implicó un aumento considerable de su vulnerabilidad. Tan solo en Colombia, entre enero y abril de 2020 se registró un aumento del 53% de los asesinatos de líderes sociales. (7)
Los gobiernos nacionales anteponen el bienestar de las empresas al de sus ciudadanos, siempre obedientes a los grupos de presión empresariales, que han sido particularmente activos durante este período. El sector del petróleo y el gas se encuentra entre los más agresivos que exigen tanto el apoyo financiero como la de-regulación, según InfluenceMap, que rastrea y mide la influencia de las empresas sobre las políticas en materia de cambio climático. (8)
Los gobiernos de varios países han excluido a los llamados “servicios esenciales” de las restricciones del confinamiento. Entre éstos se encuentran las empresas mineras, de combustibles fósiles, de aceite de palma y de plantaciones de madera. Desde Bolivia hasta Sudáfrica y Malasia, los trabajadores se han visto obligados a arriesgar su salud y el bienestar de sus familias y de las comunidades que viven cerca de las operaciones empresariales. Estas excepciones no tienen nada que ver con proporcionar “servicios esenciales” a la sociedad durante una cuarentena. Estas están destinadas a sostener el lucro de las empresas.
A pesar de la tendencia de priorizar las empresas y las inversiones extranjeras, pronto los gobiernos podrían enfrentar una avalancha de demandas legales de empresas que exigen compensación por las medidas adoptadas durante la pandemia. Desde compañías privadas de agua hasta empresas de peajes de autopistas o empresas de servicios públicos, los acuerdos comerciales y los acuerdos en materia de inversiones internacionales exponen a los gobiernos a litigios incluso durante una pandemia mundial, simplemente porque el lucro de las empresas está en riesgo. (9)
El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) también aprovechan la pandemia
para avanzar en sus agendas
A pesar del daño que el Banco Mundial y el FMI han causado, particularmente a lo largo del Sur global, con la imposición de políticas neoliberales, planes de ajuste estructural y préstamos bajo estrictas condiciones, ahora se presentan ellos mismos como “expertos”, listos para guiar al mundo a través de la crisis del Covid-19. (10) Estas organizaciones multilaterales buscan desempeñar un papel sustancial en los procesos de toma de decisiones de los gobiernos nacionales con respecto a la dirección económica que adoptarán los países. No obstante, ambas entidades siempre jugaron un papel clave en facilitar la privatización, las actividades destructivas y de gran alcance de las empresas, la financiarización de la naturaleza y el debilitamiento de las redes nacionales de seguridad social, incluidos, entre muchos otros, los ahora evidentemente disfuncionales sistemas de salud pública. En otras palabras, son aliados clave de las empresas en su búsqueda de lucros cada vez más altos.
El FMI ha respondido a las solicitudes de ayuda de emergencia de más de 80 países. Sin embargo, los pocos préstamos que se han otorgado están amarrados a estrictas condiciones (es decir, reformas que deben introducirse antes de liberar los fondos). Entre estas criticadas reformas se incluyen el aún mayor debilitamiento de las protecciones laborales y la promoción de privatizaciones. (11) Por su parte, el Banco Mundial está “ayudando” a 100 países en su lucha contra el Covid-19. Gran parte de este apoyo sin embargo se ha destinado a clientes del sector privado del Banco, y no se han adoptado medidas para garantizar que el financiamiento de la atención médica no respalde su privatización, que ha sido una política notoria del Banco Mundial en el pasado. (12)
Pero suceden cosas extraordinarias
Claramente, la mayoría de las respuestas de los gobiernos nacionales y las instituciones financieras a la pandemia no se han enfocado en el cuidado de las personas o de los trabajadores, sino en ayudar a las empresas y consolidar las economías neoliberales. También está claro que la pandemia del Covid-19 no es un evento aislado: el sistema capitalista-patriarcal, clasista y racista que domina nuestras respectivas sociedades es tan parte de la emergencia actual como lo es el nuevo coronavirus.
Y son en gran parte las mismas personas que han sentido los impactos más terribles y perjudiciales de este sistema ansioso por el lucro contante, quienes ahora se aseguran de que nadie quede olvidado. Están sucediendo cosas extraordinarias en los barrios y las comunidades. Desde movimientos campesinos que distribuyen alimentos gratuitos a los necesitados hasta iniciativas comunitarias diseñadas para detener la propagación del virus; comidas comunitarias preparadas y distribuidas en las calles y mercados comunitarios autoorganizados que, al tiempo que permiten el distanciamiento social, proporcionan alimentos saludables y cubren necesidades básicas.
Si queremos que esta crisis sea un punto de inflexión hacia sociedades social y ecológicamente justas, con respuestas colectivas para re-iniciar economías que colocan el bienestar de la gente común antes que el lucro de las empresas, los efectos de la pandemia deben entenderse como síntomas de una emergencia que la mayoría de la población mundial ha estado experimentando durante ya demasiado tiempo.
En los meses previos al brote del Covid-19, millones de personas en todo Chile se levantaron para protestar por los duros y brutales impactos de la política neoliberal en esa sociedad en particular. El mensaje de un graffiti pintado en un muro de la ciudad en ese tiempo, hoy sigue vigente: “No podemos volver a la normalidad, porque la normalidad que teníamos era precisamente el problema”.
- Para descargar el boletín completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace: