Basta de venenos, el debate que incomoda al agronegocio

La campaña “Basta de venenos”, lanzada en las redes sociales, tiene el objetivo de difundir la problemática del uso de agrotóxicos y sus consecuencias en la salud y el ambiente. La iniciativa cuenta con la participación de personalidades de los derechos humanos (Nora Cortiñas) y de la cultura. La respuesta de empresas (y empresarios) del agronegocio no tardó en llegar: con insólitos argumentos defendieron el uso de venenos para producir alimentos y, algunos «referentes» del modelo transgénico, se mostraron enojados y despectivos con quienes cuestionan el uso de agrotóxicos.

La difusión de los contenidos se da a través de  Twitter,  Facebook,  Instagram y Youtube. En estas plataformas se puede acceder a diversos materiales, publicados secuencialmente cada semana. Está organizada por organizaciones socioambientales; además de la cantante Hilda Lizarazu, el locutor Lalo Mir, y la actriz Laura Azcurra y el actor Leonardo Sbaraglia. El propósito es promover la toma de conciencia sobre cómo la forma de producción del agronegocio y el uso de herbicidas afecta la salud de comunidades (tanto rurales como urbanas) y al ambiente.

La campaña incluye la presencia de afiches y actividades presenciales que se realizarán el 3 de diciembre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra los Agrotóxicos. Se propone también amplificar los testimonios de las víctimas de las fumigaciones con agrotóxicos y generar un espacio que permita «dar amplia y continua visibilidad a esta problemática, que ha sido recurrentemente silenciada».

Entre las personalidades que se sumaron “Basta de venenos”, además de Azcurra y Sbaraglia, figuran el cocinero Francis Mallmann, Susy Shock, Julia Mengolini y Alejandro Bercovich. También participan vecinos y vecinas de localidades directamente afectadas por los agrotóxicos.

Una campaña para visibilizar y concientizar

La campaña también incluyó análisis clínicos que confirmaron la presencia de glifosato en los cuerpos. Tal es el caso de Jimena Martínez, politóloga y residente de la localidad bonaerense de Campana. En las últimas semanas, Martínez se sometió a un estudio que detectó ese herbicida en su orina. Jimena es mamá de un bebé de cuatro meses al que da de amamantar y que recibe ese tóxico a través de la leche materna. «La única salida para protegernos es dando batalla a esta matriz productiva que nos está matando», afirma la vecina de Campana.

«Queremos dar visibilidad al hecho de que todas y todos estamos expuestas y expuestos a los agrotóxicos, y brindar información a las personas que no tienen presente esta problemática; o sí la tienen pero no terminan de comprender cómo y cuánto las involucra», indican desde la organización de la campaña “Basta de venenos”. 

«Es urgente que podamos dimensionar colectivamente la gravedad y la enorme magnitud de esta problemática y que se pueda instalar un amplio debate social sobre la imperiosa necesidad de reemplazar este modelo ecocida, poniendo en valor las prácticas agroecológicas, como un camino posible y necesario para producir alimentos sanos», proponen.

Argentina es uno de los países más fumigados del mundo. Más de treinta millones de hectáreas de tierra son destinadas al cultivo con semillas transgénicas dependientes de agrotóxicos, la base del modelo agroexportador. En los últimos 25 años, el uso de agrotóxicos se incrementó un 1200 por ciento, resultando en la tasa promedio más alta del mundo (12 litros por habitante, por año).

Entre las frases que pueden leerse en las piezas gráficas de la campaña figuran: «Los agrotóxicos están en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en los alimentos que comemos. ¿Cómo no van a estar en nuestros cuerpos? Nuestro cuerpo es nuestro territorio y lo queremos libre de agrotóxicos. Otro modelo es posible». También destacan: «Numerosas denuncias de poblaciones afectadas y cientos de investigaciones científicas demostraron que los agrotóxicos son sustancias tóxicas y destruyen la biodiversidad. Producen cáncer, abortos, malformaciones y muchas otras enfermedades».

El agronegocio al amparo del Estado 

La campaña “Basta de venenos” encendió las alarmas de los defensores del agronegocio, preocupados por las voces de actores, actrices, comunicadores, referentes de derechos humanos y cocineros planteando el debate, expandiéndolo más allá de las voces de los  pueblos fumigados, que son desoídos por medios de comunicación, empresarios y Estado; e intentando llevar el debate a la ciudad, donde llegan los alimentos que crecen rociados de agroquímicos. 

“Pueden encontrarse trazas de fitosanitarios en los alimentos que consumimos, pero estos son seguros siempre que se respeten los tiempos de carencia, y de hecho, se respetan, como en todo el mundo civilizado”, reconoció la presencia de químicos en los alimentos el productor José Antonio Álvarez, citado como voz de autoridad por el diario La Nación en una nota en la que se critica a la campaña #BastadeVenenos por difundirse a través de “una cuenta de Twitter con pocos seguidores”. 

Como contraparte, la nota de La Nación destaca que Álvarez es un “influencer” conocido como “Bumper Crop”  y tiene más de 92 mil seguidores. Sin embargo, lo de que los alimentos “son seguros” y que se respeta “como en todo el mundo civilizado” se puede contrastar con el  informe de la organización Naturaleza de Derechos sobre la base de información oficial del Senasa. 

En el informe se evidencia que el 31 por ciento de las frutas, hortalizas, verduras, cereales y oleaginosas testeadas, entre 2017 y 2019, presentaban presencia de agrotóxicos por encima de los límites establecidos por el organismo de control y en casi el 50 por ciento de los casos positivos se encontraron venenos que no están permitidos en la Unión Europea.  

Otra de las supuestas voces de autoridad citadas por La Nación para intentar refutar a la campaña «basta de venenos» fue la del CEO de  Syngenta-ChemChina, Antonio Aracre. “Engañan a la gente con golpes bajos y desprecian el laburo de miles de científicos que aprueban nuestros productos después de muchos años de testeos”, se quejó Aracre. 

A pesar de sus dichos, un  informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en 2019, concluyó que la Dirección de Biotecnología y de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) aprueba los transgénicos  con estudios presentados por las propias empresas. “Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los Organimos Genéticamente Modificados”, sostiene el informe de la AGN.  En el caso de Syngenta, acumula denuncias internacionales por al menos dos de sus agrotóxicos más vendidas: atrazina y paraquat.

El mito de los “argumentos sin ciencia” para defender los agrotóxicos

De todas maneras, un comunicado de Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) —representante de los intereses de las empresas del agronegocio y promotora de las  políticas estatales sobre  Buenas Prácticas Agrícolas— mantuvo el tono descalificatorio y sentenció como “argumentos sin ciencia” los expuestos por la campaña #BastadeVenenos. El influencer “Bumper Crop” recurrió a un lenguaje más chauvinista para sintetizar las ideas del agronegocio: “Agrotóxico es un neologismo chavista”.

La idea de que quienes denuncian el modelo del agronegocio reproducen “argumentos sin ciencia” es de larga data y se podría remontar a quienes negaban que el consumo tabaco aumenta el riesgo de contraer cáncer o quienes aún resisten la evidencia sobre el calentamiento global, según planteó Ignacio Bocles, médico y docente de embriología de la UBA, en diálogo con Tierra Viva.   

“Es un discurso que se reproduce de de manera guionada, tanto las empresas productoras de químicos como todas las estructuras que están a su alrededor”, aseguró Bocles y advirtió sobre la actividad de científicos que esconden sus conflictos de interés y “son capaces de falsear datos ” en favor de las empresas químicas. Sin embargo, el docente de la UBA sentenció: “La apabullante mayoría de la evidencia científica demuestra que hay daño en el uso de agrotóxicos”.    

“Lo primero que propone la campaña es identificar que tenemos un problema grave, que afecta directamente a los pueblos rurales y también a los personas que viven en las ciudades y no lo reconocen”, agregó Fernando Frank, ingeniero agrónomo e integrante del colectivo Agro-Culturas (Territorios y Soberanía Alimentaria), y sostiene que a partir de esta concientización se debe avanzar en el debate sobre “cuáles son las causas, por qué estamos en esta situación y problematizar el rol político de las aprobaciones por parte del Estado”, tanto de los transgénicos en la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología) como el control sanitario por parte de la Senasa. 

“En la Conabia tiene representación la Casafe, pero no hay representación de la ciencia crítica. Las voces del Estado son de representantes de universidades, organismos públicos y Ministerios, pero que no abren el debate”, apuntó Frank. Los  conflictos de intereses de los representantes sentados en la mesa de la Conabia y las empresas del agronegocio también cuentan con evidencia. El ingeniero agrónomo agrega además la realidad que se vive en el territorio, donde las «buenas prácticas» no se traducen en realidad. “La aplicación de los agrotóxicos está totalmente desregulada, no se controlan las recetas agronómicas ni el destino final de los envases”, advirtió. 

Respecto de las afirmaciones de los representantes del agronegocio sobre los “argumentos sin ciencia”, Frank señaló que “existe  mucha evidencia sobre la contaminación con agrotóxicos en  los cuerpos, en  cursos de agua, en el aire, en sedimentos y en organismos vivos”. Evidencia que cumple con la validación científica: publicada en revista especializadas, con revisión de pares. 

“Tenemos muchas publicaciones de investigadores del Conicet e INTA que dan cuenta de la presencia de agrotóxicos. Hay que discutir cómo salir del problema, aunque lo niegue La Nación, Casafe o los productores mismos, que se resisten a reconocer la evidencia”, lamentó Frank. En noviembre de 2020, el  Estado dio un primer paso en su reconocimiento al convocar a un estudio para medir la presencia de agrotóxicos en el ambiente y en organismos biológicos. Lo que evidencia la falta de información oficial y de control sobre el modelo.   

Los agrotóxicos no son antibióticos 

En el intento de salir a defender el modelo del agronegocio, el “influencer” José Álvarez esgrimió otro argumento. “ Querer prohibir los fitosanitarios en la agricultura equivale a querer prohibir los antibióticos y los medicamentos en la medicina moderna “ , dijo en las redes sociales. Bocles le aclara: “Es otro argumento muy repetido, que trata de plantear que los agrotóxicos son remedios. No tienen nada que ver, excepto que de alguna manera u otra hay sectores concentrados de capital que se benefician por su uso”. 

El médico y docente de embriología intentó desarmar la comparación utilizada por Álvarez: “Si se quisiera forzar un paralelismo con los antibióticos, los medicamentos tienen todo un sistema hospitalario y estatal que sigue la evolución y la posible resistencia de las infecciones a los antibióticos. Eso no existe al nivel del uso de agrotóxicos y sería un problema muy grande para las empresas, porque si se auditara su aplicación no se pondrían usar más”. 

En ese punto, Bocles trae al debate la bandera de la Casafe, las promocionadas «Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)» y las califica como “falaces”. “Aún con las BPA se requieren más venenos en los cultivos, no hay forma de que ese tipo de producción sea compatible con un uso sano. De cada aplicación con agrotóxicos, el 97 por ciento del producto queda en el ambiente. O sea, es una exposición muy grande a destinos que no son objetivo de aplicación” e insiste: “Cuando se analiza cómo se usan los agrotóxicos parece más una droga de abuso que un antibiótico porque los campos cada vez requieren más de esos venenos para poder generar lo mismo. Se generan plantaciones adictas a los agrotóxicos en lugar de plantaciones sanas”. 

En el marco de este debate entre supuestos “argumento sin ciencia”, Bocles resalta la posición política de muchos y muchas científicos que creen que hay que ponerse “a disposición de las luchas sociales y dirigir el ojo y observar los fenómenos que están siendo denunciados por las comunidades afectadas”. El médico e integrante del Grupo de Epidemiología Salud Territorio y Ambiente (Gesta), que participa de los  Campamentos Sanitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, advierte que esas comunidades “están señalando problemas de salud y ambientales muchos más amplios que los que las herramientas de la ciencia nos permiten ver». 

La agroecología como horizonte 

En sus descargos contra la campaña también se replicó en los medios agresiones como “los mercaderes de la ignorancia llamados ecologistas” a los que se mandaba a estudiar agronomía, hidráulica, irrigación, climatología, nutrición; mientras que Casafe buscó mediar y cooptar parte del discurso de quienes reclaman un debate y una transición de modelo: “Todos los sistemas de producción trabajan con principios agroecológicos y pueden convivir”.

“Con este conflicto que se plantea se vuelve a presentar a la agronomía, y a los productores del agronegocio como voces autorizadas para desautorizar a los consumidores y al resto de las otras disciplinas relevantes para este debate. En agronomía no nos forman para abordar la producción desde aspectos alimentarios y sanitarios, no es una especialidad ni ambiental ni sanitaria es necesario decirlo”, aclaró Frank, con título de ingeniero agrónomo. 

Luego respondió sobre la idea de la supuesta convivencia: “El debate sobre la supuesta convivencia está roto porque el agronegocio es voraz, porque avanza sobre el  bosque nativo y el  territorio campesino y contamina. El planteo de un futuro, sostenido incluso desde el Gobierno, de que los agronegocios se ocupen de exportar commodities y la agroecología y la agricultura campesina e indígena de la alimentación y la soberanía alimentaria no resiste análisis —sostuvo, Frank—. Es un debate político que se está dando de forma desorganizada y caótica, sin que el Gobierno genere espacios de discusión”. 

La invitación por parte de Frank es recoger la experiencia de los pueblos fumigados para multiplicar las legislaciones conseguidas a nivel municipal y provincial sobre límites a las fumigaciones y creación de  zonas de resguardo ambiental para fomentar la agroecología, y comenzar a romper la correlación de fuerzas actual. “Hay que plantear una salida progresiva, no creo que con la relación de fuerza actual sea posible prohibir los agrotóxicos de un día para otro, pero la campaña apunta a problematizar la situación y concientizar a quienes no lo ven como un problema prioritario de salud colectiva”, resaltó.

Entre las organizaciones y medios de comunicación que adhieren a la campaña se encuentran los científicos del Grupo de Epidemiología, Sociedad, Territorio y Ambiente (Gesta), Fundación Rosa Luxemburgo, Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), Extinción Rebelion (XR), Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la UBA, Seminario sobre el Hambre y el Derecho a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la UBA y el Museo del Hambre, Huerquen Comunicación, y la Mesa provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero, entre otros.

Fuente: Agencia Tierra Viva