Movimiento antiminero en Ecuador se intensifica
En el noroccidente de la provincia ecuatoriana de Pichincha, las poblaciones han vivido por décadas de la agricultura campesina, la ganadería, el turismo, el pequeño comercio. Este modo de vida se encuentra actualmente amenazado a causa de la explotación minera. Aquí se constituye un escenario repetido por todo el país. Las comunidades luchan por defender el patrimonio, el modo de vida y la dignidad; el gobierno por obtener recursos para los programas sociales prometidos en su campaña electoral. Y lo hace avalanzándose sobre los recursos naturales, con garras y dientes, al precio que sea. A pesar de las promesas de proteger el medio ambiente y respetar a las comunidades, las empresas tienen vía libre para servirse
Muchas comunidades campesinas del Ecuador tuvieron esperanzas en el gobierno del actual presidente Correa, que en un principio se presentó ante sus electores como de transición hacia un modelo más justo y equitativo, cercano a la gente, especialmente a los más pobres. Y aunque comenzó de una forma esperanzadora, rápidamente orientó sus políticas a la extracción de los recursos naturales como medio para financiar los programas sociales anunciados en su campaña electoral. Y ahora, por todos los rincones del país, la población le reclama a Correa el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, con agua pura, alimentos sanos, con bosques nativos que proporcionan vida.
De cómo el socialismo del siglo XXI emula a las economías de mercado
En el Ecuador, algunas comunidades llevan ya una larga lucha a las espaldas en contra de las agresiones a la vida que están implicando las políticas de imposición de la actividad minera en el país, tanto en anteriores gobiernos como en el actual. Pobladores y autoridades de las localidades de Mindo, Pacto, San Francisco de Pichajal, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quitoy San Miguel de los Bancos juntan en los últimos tiempos sus manos en defensa del territorio, a lo que se suman habitantes de otras partes del país.
Todos ellos denuncian con preocupación los efectos nocivos de la actividad minera. “Afecta a las fuentes de agua”, “degrada ecosistemas altamente bio-diversos”, “destruye zonas agrícolas campesinas que abastecen de alimentos al país”, “introduce la violencia en nuestras comunidades negándonos nuestros derechos” nombran como algunas de las implicaciones. Así pues, la actividad minera no sólo significa conflictos ambientales, sino también sociales.
Y las denuncias tienen su razón de ser. Sin ir más lejos, el 12 de agosto, fueron heridos de bala en Pachijal los hermanos Armando y Salomón Miranda. Los campesinos fueron atacados por ocho hombres armados que pululaban por el sector. Los pobladores de Pacto no conocen el nombre del grupo minero, pero tienen la certeza de que el titular de la concesión es un tal Ulbio Moncayo.
“Estuvimos botando unos árboles en la entrada de nuestra finca para cortar la entrada a los mineros. Por esa razón nos siguieron después hasta la casa, nos golpearon, nos quiten la motosierra y, después de insultarnos y golpearnos, empezaron a dispararnos”, cuentan los heridos. “Es porque no queremos la minería”, dice Armando. Ambos tuvieron que ser hospitalizados. No es la primera vez que los amenazaban.
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) está exigiendo una efectiva investigación y sanción a los responsables y la aplicación de medidas de reparación a las víctimas. Asimismo, rechaza los atropellos registrados en Pachijal, pues constituyen evidentes violaciones al derecho a la propiedad privada y a la integridad física de las personas. Igualmente advierten sobre la paleta de conflictos que genera la actividad minera, y que la organización ha ido documentando exhaustivamente. Son las políticas del gobierno las que facilitan este tipo de trangresiones de la misma ley y que sucedan hechos como los de Pachijal.
También los pobladores mismos consideran que este momento sería fundamental para proteger economías locales que permiten vivir a pueblos y comunidades de manera digna, en armonía con la naturaleza; según denuncian a diario las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional, los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos están gravemente amenazados. No es verdad que la minería pueda llevarse a cabo de una forma amigable con el medio ambiente o sustentable, como se promociona desde el gobierno.
De cómo las comunidades se oponen a la minería
Los habitantes del Noroccidente de Pichincha recuerdan que en abril aplaudieron la aprobación del Mandato Minero, promulgado por la Asamblea Nacional Constituyente, pero desde entonces han podido ir viendo cómo este Mandato no se cumple. La prensa nacional informó que según el mismo, más de 1.100 concesiones mineras (un total de 992.353 hectáreas) retornaban a las manos del Estado. Los criterios fueron, entre otros, que las empresas titulares no hubieran realizado inversiones, que tuvieran obligaciones pendientes con el Estado, o que se encuentraran en áreas protegidas.
Pero las comunidades locales no confiaban en los criterios del gobierno “ambientales y económicos; que la riqueza favorezca las zonas donde operan las compañías mineras”, como dijo en su momento el Ministro de Energía y Minas G. Chiriboga. Para las poblaciones afectadas el Mandato Minero era una manera de “ganar tiempo para desarrollar controles ambientales fuertes”. Sin embargo para el gobierno era la posibilidad de establecer una compañía de explotación minera nacional.
En este contexto de oposición a la minería, en junio de 2008 los pobladores de la zona tomaron la iniciativa de declarar a todo el noroccidente de la provincia de Pichincha, ZONA LIBRE DE MINERIA METALICA, en un gran evento donde participaron autoridades, alcaldes y concejales de la zona, además de delegados de organizaciones sociales de todo el país. Esta misma sigue siendo la meta de otras muchas comunidades en el país.
Incluso algunos asambleístas como Martha Roldós hicieron llegar sus felicitaciones desde la Constituyente a los pobladores de la zona por dar al país una lección de coherencia a sus ideales y principios, declarándose cantón libre de minería.
El debate sobre la necesidad de proteger fuentes de agua, la biodiversidad y la soberanía alimentaria está abierto. Las economías campesinas, de pequeños comerciantes y productores, y de las iniciativas de turismo ecológico generan vida y trabajo para muchas personas por todo el país. Centran además la atención en una lógica diferente a la de la economía capitalista de mercado, según la cual todo -hasta la naturaleza- se compra y se vende.
A la pregunta de ¿cuál es la reivindicación de la resistencia a la minería en el Ecuador? nos contestan: “El derecho a participar en la toma de decisiones, en el manejo del territorio, que consideramos el derecho a la vida. Queremos un Ecuador justo, equitativo, solidario y ecológico, frente al interés creciente de privilegiar las demandas de grandes empresas privadas que quieren continuar festinándose nuestros recursos y destruyendo los ricos ecosistemas que son patrimonio y herencia de nuestros hijos e hijas, a cambio de miseria y destrucción”.
Y recuerdan que “la riqueza natural y cultural del país, está hoy más amenazada que nunca por actividades extractivas como la minería y la agricultura industrial”.