México: ONG critican cambios a norma sobre organismos genéticamente modificados
"El gobierno de Felipe Calderón, con el nuevo régimen, no otorga ningún beneficio a la agricultura mexicana. Por el contrario, apoya a las trasnacionales que venden los granos genéticamente modificados, advirtió Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC México"
Con las modificaciones al Régimen Especial de Protección al Maíz, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal autoriza la siembra experimental de maíz transgénico, garantiza impunidad a quienes contaminan con esa semilla los campos del país y vulnera la soberanía alimentaria de los mexicanos, advirtieron la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y el Grupo ETC México.
El gobierno de Felipe Calderón, con el nuevo régimen, no otorga ningún beneficio a la agricultura mexicana. Por el contrario, apoya a las trasnacionales que venden los granos genéticamente modificados, advirtió Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC México.
Refirió que hay cifras contundentes de que con esas semillas se produce menos y se emplean más químicos. No son opiniones, sino datos. Las empresas y autoridades de Estados Unidos no tienen un solo informe real de que (esos granos) producen más.
En entrevista, alertó que el gobierno mexicano abrió la posibilidad de que primero se efectúen experimentos y luego se libere comercialmente el maíz transgénico, con lo que estarán en riesgo las 59 razas y 200 especies nativas.
Se trata, consideró Ribeiro, de una medida sin sentido, y menos ahora que se vive una situación internacional de crisis generalizada y de alimentos, por lo que se debe optar por buscar políticas que no afecten la soberanía alimentaria, aseveró.
Lo que acaba de hacer la Secretaría de Agricultura es crear un canal por el cual las trasnacionales harán legal el maíz genéticamente modificado en México, lo cual va a incrementar la contaminación, que ya existe, y la va a legalizar.
Lamentó que la modificación a la normatividad se realice luego de que concluyó en México el encuentro del Protocolo de Cartagena, tratado que propone regular los riesgos que implican los transgénicos.
Sobre el mismo tema, la coordinadora general de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, Elena Álvarez Buylla, consideró que el gobierno de México debe aplicar una moratoria, en la cual se asegure que no habrá acceso a ese grano genéticamente modificado.
Advirtió que con el nuevo régimen los productores que no son parte del mercado de alimentos pasarán a formar parte de éste como pieza de los lucrativos negocios de las grandes empresas productoras de semillas.
Para México sería un escenario pavoroso, con implicaciones sociales y ambientales, apuntó.