México: Farm Bill: las voces disidentes
A contrapelo de lo que sucede en México con la política agrícola, en Estados Unidos hace más de un año se ha iniciado un intenso debate sobre la Farm Bill, o ley rural, que normalmente tendría que renovarse en 2007, luego que la vigente se promulgó en 2002
Se trata del instrumento básico de política agrícola y alimentaria del gobierno estadunidense, de carácter multianual y que da el marco para las políticas productivas, de conservación, de nutrición y de comercio internacional.
Contrasta con las enormes dificultades que ha encontrado en nuestro país la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, discutida ya en la Cámara de Diputados, pero todavía no aprobada por la de Senadores ni avalada por el Ejecutivo.
Los cabilderos profesionales, pagados por las grandes trasnacionales del agronegocio, pesan enormemente para la aprobación de la Farm Bill. Se dice incluso que el departamento jurídico de Cargill redactó la de 2002. Pero ahora enfrentan una oposición mucho más activa, organizada y fundamentada que otros años por parte de una amplia coalición de grupos de granjeros y rancheros organizados, de algunas ramas productivas, como los maiceros, de organizaciones ambientalistas, agricultores afroestadunidenses y latinos, e incluso de organizaciones de trabajadores agrícolas, algunas representantes de indocumentados.
El punto de partida de esta coalición es que la política agroalimentaria y comercial de Estados Unidos tiene alto impacto no sólo en ese país, sino en todo el mundo.
Impacto que va mucho más allá de lo económico y afecta seriamente la sustentabilidad social y ambiental de muchos países, sobre todo del sur. Es una política trazada por las grandes corporaciones con base en la fijación de precios internacionales por debajo del costo de producción, causando la quiebra de millones de agricultores en los países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo los enormes subsidios se concentran en unas cuantas corporaciones, en detrimento de los pequeños granjeros y representan una gran carga para los contribuyentes estadunidenses.
Las propuestas de estas organizaciones van en varias líneas: en primer lugar, insisten en que toda las políticas deben propiciar que haya acuerdos internacionales para que se fortalezca la soberanía alimentaria de las naciones antes que nada. Es decir, el derecho a trazar políticas que respondan a las necesidades de los pequeños productores, los consumidores y las comunidades.
Combaten la sobreproducción de bienes agroalimentarios, que lleva a los bajos precios internacionales y a las prácticas de dumping en el comercio internacional. Piden precios-piso para los productos agropecuarios, la constitución de reservas alimentarias para enfrentar las emergencias y apoyo a los agricultores en caso de desastre. A la vez denuncian la concentración de los mercados agrícolas y la industrialización del sistema alimentario en perjuicio de los consumidores.
Para reducir la dependencia del petróleo del extranjero y al mismo tiempo para evitar que los excedentes de maíz estadunidense se exporten a precio dumping afectando a los productores de los países en vías de desarrollo están exigiendo que se intensifique en Estados Unidos la producción de bioenergía y biomasa. Todo esto para favorecer al mismo tiempo la sustentabilidad ambiental del planeta.
Se pronuncian por programas nacionales e internacionales que disminuyan la desigualdad entre países y apoyen a la agricultura familiar. Para ello proponen programas especialmente orientados a pequeños productores que promuevan la equidad étnica y de género a la vez que impulsen la preservación de la vida de las pequeñas explotaciones.
Con toda contundencia se pronuncian en favor del respeto de los derechos de inmigrantes y de los trabajadores agrícolas. Reconocen que la emigración es causada por las políticas de exportaciones a bajo precio y de dumping.
Simultáneamente resaltan la contribución de los migrantes al PIB agrícola estadunidense: 9 mil millones de dólares de los 200 mil millones anuales. Señalan que a pesar de esto, los bajos salarios mantienen a la fuerza de trabajo migrante en malas condiciones de vida, desnutrición, obesidad y diabetes. Pugnan por que se les reconozcan sus plenos derechos civiles y laborales y se les abra una vía para obtener la ciudadanía estadunidense, y que todo esto forme parte de la nueva Farm Bill.
Estas voces, es verdad, no tienen detrás de ellas todos los millones de dólares de las corporaciones, pero sí las esperanzas de miles de agricultores familiares en Estados Unidos y fuera de ahí. Forman parte de un movimiento global que pretende construir futuros sustentables para los campesinos en todo el planeta. Ojalá que encuentren mejor eco en la nueva conformación del Capitolio luego de la esperada derrota del bushismo.