India: la impunidad de los crímenes ambientales
Dos añitos de prisión y una multa de menos de 2.000 dólares cada uno. A esas “penas” fueron condenados en India ocho ejecutivos de la desaparecida transnacional norteamericana Union Carbide responsables por uno de los mayores desastres industriales y ambientales de la historia, una fuga tóxica que mató a 25.000 personas en 1984
Todos los condenados eran indios. Los ejecutivos de mayor peso de la transnacional, estadounidenses ellos, todavía dan pelea en los tribunales de su país.
La tragedia de la ciudad india de Bhopal es el último ejemplo de la relativa impunidad de la que gozan los causantes de “crímenes ambientales”, según el concepto que se está imponiendo. De Nepal a Paraguay, pasando por Nigeria, Curaçao o Ecuador, los casos de ese tipo se acumulan.
Union Carbide fue uno de los mayores productores de agrotóxicos de su época. Su usina en Bhopal fabricaba pesticidas utilizados en la agricultura.
En la madrugada del 3 de diciembre de 1984, un escape de gases letales causó la muerte instantánea de al menos 3.500 personas y de más de 20 mil en las semanas siguientes, de acuerdo a informes de organizaciones sociales. Otras miles sufrieron distintas afecciones que en muchos casos transmitieron a su descendencia.
El director de entonces de la casa madre de Union Carbide, el estadounidense Warren Anderson, fue procesado recién tres años después del desastre, pero tras el pago de una fianza fue rápidamente liberado. Otros de sus compañeros de dirección nunca fueron molestados.
El juez local que condenó este mes a los ocho empresarios indios los responsabilizó de “negligencia criminal”, "negligencia grave” y “homicidio culpable sin grado de asesinato”. Estarán unos pocos meses en la cárcel y pagarán una multa de 100.000 rupias cada uno, menos de 1.800 dólares. Una ganga.
En 1989 las instalaciones de la Union Carbide en Bhopal pasaron a manos del Estado indio. Poco después la corporación fue comprada por la Dow Chemical, que pagó a las autoridades del país asiático unos 470 millones de dólares a cambio de que se abandonaran los juicios contra sus directivos. Este año, Dow Chemical emitió un comunicado en el que estima que con lo que ya pagó se liberó de cualquier reclamo “presente o futuro”.
“Apelaremos la sentencia del tribunal indio porque es tan ridícula que ofende”, advirtió Rashida Bee, una de las víctimas del escape. “Es una broma de mal gusto”, agregó.
En abril de 2009, la familia del escritor nigeriano Ken Saro Wiwa inició un juicio contra la transnacional petrolera Shell, a la que acusa de violaciones reiteradas a los derechos humanos.
Ken Saro Wiwa era presidente del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoní, que a comienzos de los noventa protagonizaron una rebelión pacífica contra la Shell y la Chevron, instaladas en sus comarcas desde tres décadas largas atrás.
Los ogoní denunciaban que los oleoductos que pasaban por sus tierras transportando el petróleo contaminaban el agua que ellos consumían y que, además, no se beneficiaban en nada de las pingues ganancias que generaba el crudo a quienes lo explotaban y a los gobernantes y a los militares que éstos corrompían.
Fue una enorme marcha de los ogonís (se habló de casi medio millón de personas en las calles) la que condujo, en 1993, a la salida del país de la Shell, y a la reacción militar que terminó en una dictadura. Un año antes Wiwa había escrito un libro en el que documentaba los daños causados por las petroleras “a sus tierras, a sus ríos, a sus arroyos y a su atmósfera”.
A fines de 1995 el escritor y otros ocho militantes de su movimiento fueron ejecutados en la horca. Las organizaciones de derechos humanos nigerianas no se han cansado de denunciar la complicidad de la Shell con el crimen. Poco antes que Wiwa fuera colgado, recuerda Eduardo Galeano en una reciente nota, “el gerente general de la Shell en Nigeria, Naemeka Achebe, explicó el apoyo de su empresa a la dictadura militar que exprime a ese país: Para una empresa comercial que se propone realizar inversiones es necesario un ambiente de estabilidad. Las dictaduras ofrecen eso”.
El juicio ventilado en Nueva York permitió ir mostrando pruebas de la actuación de la petrolera en el delta del Níger, de los daños causados y de su complicidad con la dictadura. En junio de 2009, Shell arregló extrajudicialmente con la familia de Ken Saro Wiwa una indemnización por 15 millones de dólares. Una ganga para una de las transnacionales más poderosas del planeta. Shell no reconoció oficialmente nada: pagó a la familia del escritor ejecutado, dijo, para “ayudar al proceso de reconciliación nacional” en Nigeria.
De otras muchas la petrolera zafó lisa y llanamente. Galeano recuerda en su nota que por los desastres causados durante más de setenta años con su refinería instalada en Curazao, cerrada por el gobierno local en 1983, la Shell debía haber pagado al menos unos 400 millones de dólares en indemnizaciones, según cálculos de expertos. Pero no pagó nada, y vendió esa refinería al gobierno de Curazao en un dólar, “mediante un acuerdo que liberó a la empresa de cualquier responsabilidad por los daños que había infligido al medio ambiente en toda su jodida historia”.
Una pléyade de abogados súper bien remunerados y un arsenal de recursos y maniobras judiciales han permitido hasta ahora a la Chevron evitar ser condenada por la contaminación causada entre 1970 y 1980 en la Amazonia ecuatoriana por la Texaco, que Chevron adquirió en 2001.
Los demandantes -indígenas habitantes de esa zona- sostienen que han sido más de 1.400 las personas muertas como consecuencia de la contaminación. Y han podido demostrar que 25 años después de la salida de la empresa subsisten en el área piscinas de lodo tóxico constituido por plomo y otros metales pesados que emergen de las fosas en las que la petrolera enterró sus desechos. Ríos, arroyos y acuíferos están contaminados.
Un juez ecuatoriano se aprestaba a condenar a la firma en 27 mil millones de dólares, pero fue remplazado, y los abogados de la Chevron aducen que el juicio debe ser ventilado ante tribunales internacionales, en Nueva York, como lo estipularían tratados de protección de inversiones firmados por Ecuador. Aun si Chevron fuera condenada en el país sudamericano ese fallo podría quedar en letra muerta...
El 4 de junio, una coalición de organizaciones “de Derechos Humanos y de la Naturaleza” entregó al Fiscal General de Ecuador una carta en la que, entre otras cosas, se preguntan por qué el juicio contra Chevron-Texaco avanza tan lentamente.
“Hemos visto con inmensa preocupación que el caso Texaco se alarga año tras año sin que la justicia llegue para las miles de personas que han sentido en carne propia los efectos desastrosos de un modelo de explotación petrolera irresponsable e irrespetuoso con la naturaleza y las comunidades afectadas”, dicen.
La lista es larga de grandes empresas causantes de desastres ecológicos (y económicos, y sociales), y de violaciones a los derechos humanos (secuestros, torturas, asesinatos de denunciantes de esos delitos, por lo general campesinos e indígenas) concomitantes que han logrado escapar (o minimizar) a castigos en América Latina. Y en África. Y en Asia.
Y habrá que ver qué pasa con los directivos de la transnacional petrolera BP, cuyos traseros el presidente Barack Obama quiere patear tras la catástrofe ambiental y la muerte de 11 trabajadores producidos por la explosión, en abril, de una plataforma en el Golfo de México. “BP es una de las empresas más poderosas que operan en Estados Unidos. Gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y en la supervisión del cumplimiento de las normas”, dice la investigadora Antonia Juhasz*.
Ya es responsable -la transnacional británica- de derrames, explosiones, fugas de productos tóxicos que produjeron muertes (15 en Texas, en 2005, por ejemplo) y daños gigantescos. Por algunos de ellos pagó. Pero cuando lo hizo fue por sumas irrisorias comparadas con los ingresos de una empresa que sólo en el primer trimestre de 2010 obtuvo ganancias por 6.000 millones de dólares.
Fue en 2000 que BP decidió quedarse con su acrónimo como nombre, dejando de utilizar el de British Petroleum, tal vez para hacer olvidar los desastres de todo tipo (no sólo ambientales, también la colaboración habitual de la firma en el armado y ejecución de golpes de Estado, por ejemplo en Irán). Desde entonces “ambientalizó” su imagen, adoptando un logo de flores verdes y amarillas, subraya la estadounidense Amy Goodman.
Sin embargo, observa, “su crecimiento agresivo, sus enormes ganancias y su historial en materia de desastres vinculados con el petróleo pintan un panorama muy diferente”. Por algunos BP fue multada. Por el derrame de unos 200.000 galones de petróleo en Alaska, en 2006, debió pagar en total unos 150 millones de dólares. Pero nada cambió la empresa. Según dijo en 2009 la Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, “BP permitió que cientos de potenciales peligros continuaran sin ningún tipo de disminución. La seguridad laboral es más que una consigna. Es la ley”. Y BP siguió sin respetarla.
Toxicóloga, pescadora originaria de Alaska, activista desde el desastre del Exxon Valdez, en el 89, Riki Ott piensa que mucho le va a costar a Obama que BP asuma los costos reales del derrame que afecta actualmente las costas de Estados Unidos y que apunta a ser uno de los mayores desastres ambientales recientes en ese país.
“BP va a pagar hasta donde la ley lo obliga. Estas grandes empresas ayudan a redactar nuestras leyes y ayudan a elegir a nuestros congresistas que aprueban esas leyes. Entonces, estamos como en un juego donde nos hacen trampa”, dice.