Perú

Los proyectos de infraestructura de servicios públicos que afectan o atraviesan a territorios de comunidades o pueblos indígenas deben ser consultados previamente por el Estado? Esta pregunta cobra suma actualidad a raíz del litigio entablado por dos organizaciones regionales frente al proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Moyobamba - Iquitos.

Para afectos de guiar y ordenar las demandas y propuestas de los agricultores, campesinos e indígenas del país, la CNA ha socializado su Agenda para la Incidencia en Políticas Públicas, concluida hace unos meses y hecha colectivamente con los aportes de las delegaciones regionales.

“Es nuestra responsabilidad ciudadana y gremial que nuestro voto y eventual apoyo sea para aquellos candidatos y candidatas que presenten propuestas concretas en favor de la pequeña agricultura, la soberanía alimentaria, la seguridad jurídica de las tierras y territorios de nuestras comunidades".

La falta de lluvias en el sur del país a consecuencia del Fenómeno El Niño se ha convertido en un grave problema para los agricultores de Arequipa, quienes disputan el racionamiento del agua con la empresa minera Cerro Verde.

Según el diccionario, “Indefensión” es la “situación o estado de la persona que está falta de la defensa, ayuda o protección que necesita”. Y esa es la palabra que describe plenamente, en toda su exacta dimensión, el absoluto desprecio que el Perú como país y como Estado tiene por el valor de la vida de ciertos peruanos y peruanas.

Diversas asociaciones de danzantes seguidoras del Señor de Qoyllority convocaron a una marcha para el 18 de enero en protesta contra las concesiones mineras que amenazan el santuario, ubicado a los pies del nevado Ausangate, en la provincia de Quispicanchis.

Muchas comunidades campesinas aún no cuentan con un título de propiedad saneado, lo que genera una situación de inseguridad jurídica que las hace más vulnerables a situaciones conflictivas como problemas limítrofes y superposición de derechos con actividades extractivas como la minería, de hidrocarburos, entre otras.

El proceso de calificación de tierras impuesto como condición previa para la titulación de comunidades nativas es “largo, complejo y costoso” y resulta discriminatorio pues no se exige el mismo requisito para titular a grandes empresas agroindustriales o a comunidades campesinas.