Panamá

Han transcurrido 10 años desde aquel 18 de enero de 2008, fecha que marca el surgimiento oficial de la UCP. La necesidad de constituir un referente nacional del movimiento campesino panameño, que le diera voz y presencia nacional y que lo alineara con las genuinas expresiones del movimiento popular panameño, fueron algunas de las razones fundamentales que dieron origen a nuestra combativa organización.

El presente documento es la óptica por la que atraviesa la realidad panameña con sus aciertos y desaciertos en el ejercicio de los Derechos Humanos, enfatizando las garantías para los defensores y activistas de los bienes ecológicos.

La empresa Minera Panamá (MPSA), de propiedad de la empresa canadiense First Quantum, tiene una concesión en el Distrito de Donoso, Provincia de Colón en Panamá, que abarca un área de 13.600 hectáreas insertas en un área protegida para explotar cobre a cielo abierto. Además, la empresa construyó un puerto de aguas profundas sobre el mar Caribe que ocupa un área de 200 hectáreas por el cuál sacará el mineral del país y una central de energía a base de carbón para proveerse de energía para sus operaciones.

La sociedad panameña en su conjunto ha llegado a un punto de hastío muy desestabilizador al enfrentar la cadena de casos de corrupción continuos y sin interrupción desde hace varios lustros. Los tres órganos del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- se encuentran permanentemente envueltos en escándalos que han deslegitimado los aparatos de gobierno y a una clase social que se ha enriquecido deshonestamente.

"Esta sentencia del Segundo Tribunal, es un paso positivo pero que la sentencia no se ha pronunciado por la devolución de las tierras del humedal al Estado ni el cierre inmediato de los canales que están desaguando Matusagaratí".

El veto del presidente Varela a la ley que reforma la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA), entidad que ha sido la responsable de las importaciones masivas que están hundiendo a los productores agropecuarios nacionales demuestra que este gobierno, como los anteriores, responde a los intereses de un puñado de comerciantes importadores.

Comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los Derechos Humanos, movimientos sociales y de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá.

La propuesta de ley que prohíbe la minería industrial en áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y fuentes hídricas fue aprobada este lunes en la última sesión de la Comisión Codificadora de Ambiente, que prepara las normas del que será el código ambiental de Panamá.