Panamá

Han transcurrido más de cinco años en que los promotores mineros en Panamá sustentaron, y hasta garantizaron, que las nuevas tecnologías y procedimientos industriales podían evitar los negativos impactos socio ambientales de los proyectos; como también que su dinámica generaría mayor ganancia y distribución al país. Sin embargo, el discurso verde, los trasnochados beneficios a las comunidades rurales y un estado ambiguo a las normas ambientales, representan ahora un andamiaje obsoleto de la sinrazón y anti moral ambiental.

Una nueva infamia se ejecuta en Donoso en contra el campesinado indígena del país, con la complicidad de los autoridades locales y las empresas extranjeras, amparadas en la ley 9 del 28 de febrero de 1997 concebida por las clases dominantes.

"Transcurridos más de 3 meses, no se ha cancelado ni un solo proyecto, ni hay señal alguna por parte del gobierno en esa dirección, a pesar de que en el proceso de la mesa se ha demostrado, incluso con información de fuentes oficiales, los impactos negativos sobre las cuencas, las poblaciones, la producción agropecuaria y en general, la insostenibilidad del modelo de hidronegocio impuesto en la provincia."

Con el objetivo de contribuir a una mayor comprensión de la problemática del agua en el país, el sábado 19 de septiembre se realizó en el Auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá, el Foro “Conflictos Socioambientales por el Agua en Panamá", organizado por la Fundación Friedrich Ebert, el Colectivo Voces Ecológicas y la Facultad de Economía de ese centro de estudios.

En una muestra indiscutible de buena voluntad, la Coordinadora ha procurado una solución pacífica al conflicto por el acceso al agua para consumo humano y la producción frente al acaparamiento en favor de empresarios hidroeléctricos.

Tras un operativo policial en un campamento indígena del área del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, nativos del pueblo Ngäbe-Buglé se declararon en estado de alerta y advirtieron al Gobierno que volverían a bloquear carreteras.

La construcción de la controvertida represa hidroeléctrica de Barro Blanco en el río Tabasará, territorio del pueblo Ngöbe-Buglé, en Panamá, pone en manifiesto el conflicto existente a lo largo y ancho del continente americano, entre un supuesto “desarrollo” promovido por empresarios y organismos financieros versus los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales.

Indígenas Ngäbe-Bugle cerraron la carretera Interamericana frente a la entrada de la población de Tolé, provincia de Chiriquí, al cumplirse el plazo que dieron el presidente Juan Carlos Varela para que cancele el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.