México

El Tren Maya, uno de los principales proyectos del actual sexenio, vuelve a ser señalado por los daños ambientales que puede ocasionar. En esta ocasión fueron 159 organizaciones y 85 activistas los que enviaron una carta «al pueblo de México, a los medios de comunicación» y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unas horas encabezó el evento para inaugurar las obras del tercer tramo.

Ante los amparos que interpusieron siete consorcios de energías renovables contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impedía la operación de nuevas centrales solares y eólicas en el mercado eléctrico, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) reafirmó que las energías renovables en México sirven a las grandes empresas y contribuyen al despojo de los pueblos indígenas, además de que no combaten la crisis climática por servir a las transnacionales y proyectos extractivos e industriales.

#Biodiversidad104 | "Nos acusan de querer “volver a las cavernas”, pero la sociedad post-industrial no es la sociedad pre-industrial. Es mucho más complejo que eso. Es la sociedad que ya vivió los efectos de la era industrial, que reconoce los resquicios menos impactados por la industrialización de bienes y servicios, que describe y critica la sociedad industrial. Reconoce avances científicos o tecnológicos y propone una forma de vida y de relación convival con la naturaleza y la sociedad, basada en herramientas al alcance de todos para dotarnos en una escala asequible a toda la población de lo necesario para vivir cuidando nuestro entorno".

"Nosotras y nosotros, indígenas que somos parte del pueblo maya de la península de Yucatán y que integramos la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, levantamos la voz para denunciar los megaproyectos empresariales que tienen como finalidad despojarnos de la tierra y el territorio".

Organizaciones indígenas y civiles solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para evitar daños irreparables al acuífero subterráneo de la península de Yucatán, elemento indispensable de los territorios del pueblo maya y principal fuente de abasto de agua de la población y de las comunidades.

«Que se garantice el derecho de los pueblos originarios, comunidades y organizaciones a estar o permanecer en aislamiento y determinar cuándo debe ser el regreso a las actividades incluidas las escolares y los conminamos a que no sea solamente la valoración de gente de fuera de las comunidades o municipios la que decida que se deben abrir. Eso debe determinarlo una valoración que tome en cuenta las condiciones de asedio reales que sufren los pueblos«

La Coordinación del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno, así como diversas organizaciones integrantes del Congreso Nacional Indígena saludamos a nuestras hermanas y hermanos del pueblo nahua de la Sierra Norte de Puebla y a su digna lucha por anular las concesiones mineras que el mal gobierno capitalista, de antes y de hoy, entregó a los dueños del dinero apoyado en una Ley Minera que nació de la traición a los Acuerdos de San Andrés y de la violación a nuestros derechos fundamentales, sin importarle que se destruya el medio ambiente, que se devasten culturas y que se agote la esperanza de la vida; esa que los pueblos hablamos cuando emprendemos juicios o alzamos la voz de todas las formas que tenemos a nuestro alcance.

¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la península de Yucatán? 

De las 257 granjas porcícola con registro en alguna base de datos oficial en la Península de Yucatán, 122 (47%) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. Las granjas en sitios de conservación suman 20, mientras que las localizadas en sitios de restauración son 102, 65% de ellas en lugares de prioridad extrema. Al menos 43 están ubicadas en cuatro Áreas Naturales Protegidas (ANPs) y una más en un sitio RAMSAR y solo 22 (de las 257) operan con Manifestación de Impacto Ambiental, de acuerdo con los resultados de una investigación realizada por la organización ambientalista Greenpeace México, sobre la operación de esta industria en esa entidad.