México

Los firmantes, con base en los artículos 1, 4, 6 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción IV, 43 y 45 de la Ley Minera y 74 fracción IV, 75 y 77 de su Reglamento y bajo el Principio Precautorio señalado en el numeral 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, solicitamos su involucramiento activo para que sean canceladas las concesiones mineras núm. 215624  “Esperanza I” y núm. 220742 “Esperanza II”, a favor de la empresa Esperanza Silver de México S.A. de C.V. subsidiaria de la canadiense Alamos Gold Inc. en el municipio de Temixco, Morelos, ahora que la empresa ha anunciado que planea iniciar la etapa de explotación para extraer oro de dichas concesiones en 2022. Morelos claramente no tiene vocación económica para desarrollar minería metálica y sí en cambio, turística, agrícola y de otros giros industriales.

"Esta obra profundiza en distintos aspectos del complejo y conflictivo proceso entre la imposición de modalidades del despojo para la acumulación que han promovido empresas y gobiernos, así como las respuestas que generan las luchas socioambientales en defensa del territorio y bienes naturales que impulsan comunidades campesinas y organizaciones sociales en el país".

Ante una plaza repleta de indígenas, trabajadores, colonos, niños, gente de distintas organizaciones sociales y un abanico inmenso de personas de la sociedad civil, el comandante Ismael explicó, una vez más, el concepto de autonomía que defienden las comunidades indias: “Nosotros con la autonomía lo que queremos no es dividir nuestro país México, lo que queremos es construir un México diferente, donde se incluya a todos los pobres de este país. Construir un México con futuro donde no unos cuantos se enriquecen y millones en miseria, hambre y muerte”. 

El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a las obras del Tren Maya en Mérida, Izamal y Chocholá, en lo que se resuelve el juicio de amparo interpuesto por las comunidades mayas ante la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), realizada en junio de 2020.

"Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta es la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? De mi pueblo me gusta todo, sus barrancas, el ejido, el campo donde cultivamos, la gente con la que me topo a diario, mis vecinos, la comida de la región, me gusta todo".

El último día del 2020, el gobierno de México publicó un decreto que supuestamente se orienta a sustituir el veneno agrícola glifosato, y de paso menciona también que no se debería permitir la siembra de maíz transgénico. Como son temas de gran importancia para los movimientos populares y organizaciones, y en general para la salud de la gente y el ambiente, tanto en México como en el resto del mundo muchas personas y medios aluden a él como si se hubiera prohibido el glifosato y la siembra de maíz transgénico. Algo que sin duda queremos y necesitamos, pero que lamentablemente este decreto no hace.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reconocieron que sí se hallaron muestras de maíz y soya transgénica en Campeche, tal como denunciaron las comunidades mayas en diciembre de 2020 sobre la siembra ilegal de organismos modificados genéticamente (OMG) en sus territorios.

Como el fiel de una balanza, en grandes regiones de México la figura del hombre y la mujer campesina e indígena, sus saberes, sus prácticas y el alimento que producen, se colocaron en el centro que guarda la vida; reforzando el muro de contención que han sostenido durante décadas, ante el embate de la agroindustria, proyectos extractivos y ahora los cambios climáticos y nuevas enfermedades. Esta es la experiencia del pueblo zoque de Chiapas.