México

Levantan autoridades los cadáveres del finlandés y la mexicana. El grupo atacante restringe los trabajos de la policía en esa zona.

Ante los gravísimos hechos ocurridos en San Juan Copala, denunciamos "al Gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de derechos humanos que iban en la caravana de observación de derechos humanos a la Agencia de San Juan Copala. A las instituciones estatales de Procuración de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los hechos violentos que vive la comunidad indígena Triqui."

La Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort) cumplió su palabra. Esta organización paramilitar, creada por el gobierno del estado de Oaxaca desde el año de 1994 para controlar la región triqui, volvió a sacar las armas haciendo que sangre inocente volviera a teñir las verdes laderas de ese territorio indígena.

"Caravana Humanitaria de Organizaciones sociales es agredida con armas de alto poder por integrantes de la organización priista Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT). Al momento, hay dos compañeros muertos y varios desaparecidos, de quienes no se sabe si están muertos, heridos o refugiados en algún lugar, porque corrieron hacia el monte para protegerse de las balas."

Exigimos se garantice la intengridad, la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de los defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones aliadas, ante las amenazas de muerte recibidas por el proyecto de la presa El Zapotillo.

En este comunicado de prensa, el Comité "Libertad y Justicia para Atenco" lanza un alerta urgente ante las instancias finales del proceso contra los 12 presos políticos de esa región mexicana. Por tal razón, convocan a movilizarse el próximo 4 de mayo, a cuatro años de la brutal represión, a cada consulado y embajada mexicana del mundo, entre otras medidas para luchar por la libertad de los compañeros.

"En el Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a pasos acelerados un megaproyecto de “energía limpia y renovable” que ha significado un pingüe negocio para empresas eléctricas españolas y funcionarios gubernamentales mexicanos y que a la vez ha representado graves impactos socio-ambientales para las comunidades indígenas de la región."

"Nosotros y nosotras abajo firmantes, denunciamos una campaña en México y en América Latina contra el derecho legítimo de cada persona a solidarizarse con los movimientos y procesos sociales que nos parecen pertinentes. Esta campaña busca estigmatizar, deslegitimar y finalmente criminalizar el hecho de ser solidarios con los movimientos sociales y en este caso, particularmente con la lucha de los pueblos zapatistas."