Colombia

Las autoridades indígenas del resguardo Nasa de Las Mercedes Kweth Ki´na Municipio de Caldono en uso de su autonomía ha venido ejerciendo control social y territorial en su ámbito territorial, en medio de la diversidad de pensamientos ha logrado estrechar los lazos de unidad y solidaridad con el sector campesino, consientes que juntos hemos sufrido el rigor de la guerra, los asesinatos desapariciones, las amenazas permanentes de todos los actores armados.

Las Autoridades Indígenas de la Parcialidad Embera Karambá de Quinchía Risaralda, lanzamos esta Alerta Ambiental y Social por el grave riesgo que corre nuestro territorio, nuestra Madre Tierra y nuestras formas de vida por la Megaminería.

Olmedo Pito García, miembro del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en Cauca, fue asesinado el pasado 6 de enero. El movimiento indígena de Los Sin Tierra denunció el asesinato de uno de sus miembros y líder del movimiento Marcha Patriótica en el Cauca, departamento ubicado en el suroccidente de Colombia.

"Es hora de asumir actitudes enérgicas frente a estos casos, y dejar de pensar que estas son cuestiones meramente técnicas. Son debates políticos globales que requieren de movilización política a todo nivel -desde una diplomacia digna hasta la gente en la calle."

Sigue la preocupación por la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, tras haberse logrado un acuerdo de paz con las Farc.

"Hacemos un llamado a las organizaciones, procesos y movimientos sociales de Colombia y el mundo, a acompañar a Jakeline Romero Epiayú, a la organización Fuerza de Mujeres Wayuu como a todas las organizaciones sociales colombianas a las cuales les están siendo vulnerados sus derechos individuales y colectivos para impedir sus labores en defensa de la vida y el territorio."

Este martes la Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial que financia al sector privado, decidió retirar su inversión en la empresa canadiense Eco Oro Minerals.

"Los funcionarios públicos de la CAS y la Gobernación de Santander revelaron sus intereses en permitir la minería en el departamento, bajo el pretexto de que la minería es de utilidad pública y los recursos del subsuelo son del Estado"