Amnistía Internacional confirmó violaciones de derechos humanos en Jujuy

Amnistía Internacional confirmó que la Policía de Jujuy cometió detenciones arbitrarias e hizo un uso ilegal de la fuerza para reprimir las manifestaciones contra la reforma de la Constitución. Impuesta por el gobernador Gerardo Morales, la modificación fue aprobada sin participación social y sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas (como obliga la ley). Tras un trabajo de campo, la organización instó al gobierno jujeño a investigar “de manera pronta, exhaustiva, independiente e imparcial” las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de las protestas. Las comunidades indígenas denuncian que la modificación de la Carta Magna afecta la propiedad indígena de tierras y promueve la explotación del litio.

“La policía de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos. Nuestra investigación apunta a cómo las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”, afirmó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

A través de una misión realizada en Jujuy, Amnistía Internacional constató el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en la represión policial, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de quienes participaron en las movilizaciones. Además, el organismo de derechos humanos relevó relatos de detenciones arbitrarias de personas por el sólo hecho de participar en las marchas. De esta manera, corrobora lo que denuncian desde hace tres meses los pueblos indígenas nucleados en el Tercer Malón de la Paz.

Mientras en Buenos Aires el Tercer Malón de la Paz denuncia la violencia estatal que se vive en Jujuy y reclama al Congreso la intervención federal de esa provincia, una delegación de Amnistía Internacional visitó la ciudad de San Salvador de Jujuy y los departamentos de Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques. La misión se llevó a cabo en septiembre. Se entrevistó al menos a 107 víctimas y testigos, incluyendo a integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados y abogadas, y organizaciones de derechos humanos locales. También se obtuvo el testimonio del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez y de representantes del Ministerio de Seguridad provincial. Además, se solicitaron reuniones con la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Pueblos Indígenas de Jujuy, pero hasta el momento no se concretaron.

Foto: Susi Maresca

Más de 70 personas fueron privadas de su libertad durante las movilizaciones realizadas en San Salvador de Jujuy el pasado 20 de junio. Sin embargo, según información del Ministerio Público de Acusación provincial, solamente “dos o tres” de ellas están siendo investigadas por supuestos hechos de violencia cometidos durante las manifestaciones. Las demás fueron liberadas sin ningún cargo.

En las protestas masivas de Purmamarca el 17 de junio muchas personas fueron detenidas sin ninguna justificación de parte de la policía. Entre ellas, un adolescente de 17 años que fue llevado a un centro de detención pese a haber aclarado a las autoridades que era menor de edad. Una mujer que fue detenida arbitrariamente, también en Purmamarca, relató haber sido obligada a desnudarse totalmente delante de un grupo de policías varones. 

Los testimonios de las víctimas y los registros audiovisuales analizados por Amnistía Internacional demuestran que la policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas. Varias de ellas resultaron heridas: dos con lesiones oculares permanentes, incluido un adolescente que recibió disparos de balas de goma en el rostro y en el torso. Un número importante de las víctimas entrevistadas que sufrieron lesiones físicas relataron haber encontrado resistencia y hasta negación de la atención médica en más de un hospital público.

Las personas consultadas mencionaron la presencia, durante las protestas, de funcionarios de las fuerzas de seguridad en vehículos particulares, sin identificación o que se rehusaron a identificarse. Asimismo, señalaron que hubo funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras.

Lian Misael Lamas, de 17 años, perdió un ojo por un disparo policial - Foto: Manuel Pedregal

También se constató el uso generalizado del Código Contravencional provincial para intimidar y sancionar injustificadamente a los manifestantes. Diversas personas dijeron haber recibido notificaciones de supuestas contravenciones en sus casas o en las calles por el simple hecho de haber participado de forma pacífica en una manifestación o haber brindado alimentos o bebidas a quienes lo hacían.

Estos procesos contravencionales son iniciados y procesados por personal del Ministerio de Seguridad, muchas veces en ausencia de la persona acusada, pese a que pueden resultar en multas onerosas o en la privación de la libertad. En muchos casos se documentó que por los mismos hechos se investiga a la misma persona en reiteradas oportunidades, por lo cual se afecta la garantía de prohibición de doble juzgamiento.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, expresó que “resulta inadmisible que, haciendo uso del legítimo ejercicio de sus derechos humanos para reclamar a las autoridades por la falta de consulta previa a un instrumento tan central como la Constitución provincial, las comunidades originarias hayan sido víctimas de violencia, abusos y detenciones arbitrarias”. 

El Ministerio de Seguridad de Jujuy informó a Amnistía que 180 policías que habrían resultado heridos durante las protestas. Estos hechos están siendo investigados por las autoridades. No obstante, la organización de derechos humanos constató una “falta de proactividad de las autoridades para investigar los posibles abusos cometidos por agentes de seguridad durante las manifestaciones”. Los testimonios relevados dan cuenta del miedo por parte de víctimas a presentar las denuncias, por temor a ser perseguidas por su participación en las protestas.

“En sus testimonios, jóvenes, mujeres y líderes indígenas transmitieron la importancia que le dan a la gestión de los recursos naturales en su cosmovisión y formas de subsistencia y cómo el haber sido excluidos de su derecho a participar en las reformas impuestas les empujaron a salir a las calles a protestar como herramienta para hacerse escuchar”, explicó Belski.

Fuente: Tierra Viva