Víctimas del glifosato

Desde el lunes hasta este viernes se lleva a cabo la III Reunión de las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología (MOP-3) en la sureña Curitiba.

La paraguaya Petrona Villasboa explicaba a IPS las circunstancias de la muerte de su hijo, Silvino Talavera, de 11 años, 90 minutos antes del panel "Víctimas del agronegocio en la Cumbre de la Biodiversidad", cuando la policía brasileña la interrumpió.

La policía intentaba detener a dos activistas extranjeros de las organizaciones que promovieron el panel, el Grupo de Reflexión Rural y la Red por una América Latina Libre de Transgénicos, acusados de haber ingresado ilegalmente al país.

La policía alegó que distintas personas ingresaban a la sede de la MOP-3 con la misma acreditación, por lo cual decidió exigir visas autorizadas a las "víctimas del agronegocio".

La acción policial fue suspendida cuando intervinieron diplomáticos brasileños y funcionarios de la Secretaría General de la Convención sobre Diversidad Biológica.

Por ser pobre y vivir en una comunidad sin asistencia médica, Villasboa no pudo salvar a su hijo envenenado por tres tipos de agrotóxicos. El niño sufrió un "baño químico" cuando un brazo de una máquina de rociar plaguicidas invadió la carretera por la que él caminaba, con una compra de carne.

El hecho ocurrió el 2 de enero de 2003 en Itapúa, en el sur de Paraguay, en un predio sembrado de soja transgénica, propiedad del brasileño Herman Relender. La carne contaminada fue consumida por la familia. Luego de almorzar, Silvino tuvo dolor de estómago y náuseas, los primeros síntomas de la contaminación.

Villasboa, madre de 10 hijos, pensó que había resuelto el problema con un medicamento casero. Pero cuatro días después, una nueva aspersión de agrotóxicos a 15 metros de su casa por otro agricultor contaminó a toda la familia. Con la acumulación de veneno, Silvino no resistió.

"El me dijo en la noche que ya no sentía dolor en el estómago, sino en los huesos", recordó la madre. En la madrugada le aparecieron manchas de sangre en el cuerpo. Villasboa, desesperada, pidió transporte a un vecino y llevó a Silvino a un puesto de salud. El médico diagnosticó la contaminación, pero dijo que nada podía hacer por falta de medicamentos y equipos.

Algunas horas después, el niño ya tenía el cuerpo paralizado y fue transferido a un hospital de la ciudad de Encarnación. Un lavado de estómago resultó inútil, y murió delante de la madre. Aterrorizada, regresó a su casa para llevar a su hija de dos años al hospital y logró salvarla. Procedió del mismo modo con los demás, transportados un día después en ambulancia.

Un análisis de sangre reveló la contaminación de tres tipos de veneno, uno de ellos el herbicida glifosato, usado en el cultivo de la soja transgénica Roundup Ready de la corporación estadounidense Monsanto. El caso está en la justicia paraguaya.

Villasboa decidió contar su drama en la MOP-3 para pedir ayuda internacional ante el poder de los productores rurales que envenenaron a su familia. Después de triunfar en la primera instancia judicial, empezó a recibir amenazas de muerte, informó. Hoy dirige en su departamento la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de Paraguay, que congrega a 4.000 campesinos.

Las víctimas son más numerosas en el otro caso denunciado. Son 500 residentes de todo un barrio de la central ciudad argentina de Córdoba, Ituzaingó Anexo. Es un vecindario condenado por la aspersión del herbicida glifosato. Los casos de cáncer, leucemia y malformaciones congénitas aumentan desde que se vio cercado de predios plantados con soja sobre los cuales se rocía el veneno desde aviones.

"Hace menos de un mes, el médico Edgardo Schinden divulgó un estudio independiente afirmando que nuestro barrio no puede ser habitado. El gobierno de Córdoba no lo reconoce y ofrece pavimentar las calles e instalar un puesto de salud, en lugar de eliminar la fuente de la contaminación", protestó Sofía Gatica, líder de un grupo de madres.

Exámenes comprobaron la presencia de distintos tipos de veneno en la sangre de 30 niños, aseguró.

"Las autoridades nos dijeron que la contaminación está dentro de límites aceptables. ¿Tenemos límite como contaminados? ¿Y las enfermedades que invaden a nuestras familias?", cuestionó la activista argentina.

La soja transgénica es "una agricultura sin agricultores, donde lo único que se escucha es el viento", dijeron los organizadores del panel de testimonios.

Un aviso publicitario de la empresa transnacional de semillas Syngenta, exhibido al inicio del encuentro, presenta un mapa que vincula a Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay como la "República Unida de la Soja".

"Ello anticipó nuestra interpretación. Las transnacionales del agronegocio están promoviendo un nuevo colonialismo en América Latina, y lo peor es que todos los daños se producen para alimentar animales en Europa y China", lamentó el argentino Jorge Ruli, del Grupo de Reflexión Rural.

Una coalición global de organizaciones no gubernamentales aprovechó el tercer día de la MOP-3 para protestar contra Nueva Zelanda, pues sus delegados estarían defendiendo en las negociaciones la posición de Estados Unidos, que no firmó el Protocolo de Cartagena y se opone a la identificación de los transgénicos en el comercio internacional, pero adopta un rígido control de estos organismos en sus importaciones.

El Protocolo, en vigor desde septiembre de 2003, está destinado a proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales de los organismos vivos modificados (OVM) por la moderna biotecnología, también conocidos como transgénicos.

Estados Unidos es el mayor productor mundial de estas variedades obtenidas en laboratorio mediante la introducción de genes de otras especies animales o vegetales.

Los ambientalistas pidieron a Nueva Zelanda que no obstaculizara las negociaciones, negándose a explicar su posición contraria a la identificación y documentación de los cargamentos internacionales de transgénicos destinados a alimentación humana y animal.

"Las leyes de importación de la propia Nueva Zelanda están entre las más rigurosas del mundo. Con relación a los OVM, exige índice cero de contaminación y ofrece un etiquetado comprensible para el consumidor. ¿Por qué ese país impide que otros tengan controles similares?", cuestionaron los activistas en una nota distribuida a la prensa.

La coalición sugiere que los ciudadanos de todo el mundo objeten esos dobles raseros, protestando por correo electrónico a la primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark.

Roberto Villar Belmonte
IPS

Fuente: Revista Rebelión, http://www.rebelion.org/