Uso comunitario de la tierra para alcanzar soberanía alimentaria

Por Katherine Fernández*

La construcción del concepto de soberanía alimentaria tenía un sentido de oposición y resistencia frente a la industria alimentaria de nivel transnacional, es decir que en 1996, la Vía Campesina intenta enarbolar una bandera de lucha contra el agroempresariado internacional argumentando que no existe competencia posible entre ambos niveles de producción agropecuaria y que una está perjudicando a la otra, dadas las relaciones desiguales en un mercado liberalizado desproporcional.

Pero el campo de batalla elegido para plantear la soberanía alimentaria fue político administrativo: las Naciones Unidas a través de la FAO, un espacio que reúne gobiernos que aceptaron el nuevo concepto más amplio que el de seguridad alimentaria, pero que, como muchas otras disposiciones de la FAO, se ha introducido en el parsimonioso entreverado de la burocracia que, además, mezcla soberanía con seguridad alimentaria y no gestiona independencia ni productiva ni comercial para sus sectores agricultores y no se distingue como política pública efectiva en ninguno de los países. Por lo tanto, los logros de la Vía Campesina con respecto a soberanía alimentaria no se visibilizan todavía, porque la batalla alimentaria real no está en el campo político gubernamental, sino en el mercado, donde el control de los precios de toda la cadena lo tienen las transnacionales que actúan en un metaespacio con normas propias, libres de la normativa nacional de cada país e influyen en cada gobierno según sus propios objetivos, dejando sentir el peso de su poder, incluso al interior de países como Estados Unidos. Por eso, nos sigue ganando la agroindustria.

Entonces no se comprende qué es la soberanía alimentaria, porque al mezclarla con seguridad alimentaria que es el concepto original de la FAO, se orienta el discurso, la ley o la política pública hacia la idea de proveer alimentos sin importar la procedencia, mientras sean baratos y de fácil provisión, como el caso de las harinas de trigo de industria argentina y estadounidense para Bolivia, cuando este país es productor del mejor trigo.

En este panorama, si la agroindustria se impone y debilita a la producción campesina tradicional y la vuelve dependiente, es porque su modalidad es la sobreproducción en sistemas monocultivadores con técnicas e insumos que abaratan costos y les da la opción de controlar precios internacionales, por lo cual no es posible hablar de soberanía alimentaria campesina o indígena, ni tampoco del consumidor, cuyo rol es determinante en el marco de la gestión alimentaria.

Agroecología y uso comunitario de la tierra

Si razonamos desde el punto de vista de cantidad de alimentos, le podríamos dejar la misión de provisión a la agroindustria mundial. Pero cuando se habla de calidad alimentaria para una vida digna y saludable, se tiene que pensar en producción tradicional, como lo asegura Miguel Altieri, quien ha estudiado el sistema de producción campesina y ha recuperado en experiencias en Venezuela y Perú, entre otras, procedimientos que liberan el cultivo de insumos químicos artificiales, ya que la naturaleza produce sus propios plaguicidas que además no afectan la salud de la tierra, ni la semilla, ni el cuerpo que se alimenta de los productos. Un sistema tradicional de agroproducción requiere algunos elementos fundamentales como las relaciones comunales o familiares y un estrecho entrelazamiento armónico entre seres humanos y tierra para poder ser agroecológico. Según Mark Dufumier, casi en todos los países del mundo existen todavía este tipo de relaciones ecológicas que fortalecen la actividad agroproductiva, más que como un frío y acumulativo negocio, como forma de vida que protege, ama y reproduce a través de la comida.

Por estos motivos, la propiedad privada sobre la tierra que origina su acumulación en pocas manos y desplaza a la comunidad indígena o campesina, es un factor que destroza el vínculo y no asegura tierra fértil para las futuras generaciones tanto de seres humanos como de todas las demás especies. El uso comunitario de la tierra, la selva o incluso el agua para pescar donde prima la rotación, el derecho de cada familia de la comunidad a cultivar que se transfiere de generación en generación, sin títulos ni certificados de propiedad privada individual, es una forma que resiste los monopolios privados o estatales, además de que no complica las leyes, normas y reformas de propiedad de la tierra, que es un tema no resuelto en muchos países. Por lo tanto la recuperación de este tipo de uso bajo sus propios mecanismos de planificación interna como el respeto a los turnos, los intercambios, los tipos de cultivos complementarios, los centros de acopio de alimentos para prevenir las temporadas de clima adverso, la protección de la semilla y otros, deben recuperarse y fortalecerse y es una tarea pendiente de todos nosotros que lleguen a ser aprendidos también en las ciudades.[1]

Nota:

[1] Es importante diferenciar el uso comunitario de espacios de producción o recolección de alimentos, de la propiedad pública y actividad fiscalizada ya sea por gobiernos centrales o locales como las Alcaldías, donde interviene el Estado con el aparataje de leyes que hasta ahora no han colaborado para una producción ecológica y tradicional de alimentos. Por lo menos en Bolivia, si una comunidad campesina o indígena se organiza para practicar este uso comunitario, no entra en ilegalidad alguna, ya sea con respecto a las nuevas leyes que supuestamente favorecen al área rural o a las leyes antiguas, como la reforma agraria de 1953.

* Primer parte del ensayo para la materia de Tenencia de la Tierra de la Maestría de Desarrollo Rural – CIDES UMSA.

Fuente: Bolpress