Uruguay: papelera española exporta su contaminación a Latinoamérica
Esta vez serán las comunidades latinoamericanas de Fray Bentos (Uruguay) y Gualeguaychú (Argentina) las afectadas directas de estas plantas, las que entre otros padecimientos deberán tomar agua de un río que será contaminado por los efluentes de las fábricas con dioxinas letales, y soportar los intolerables olores a huevo podrido típicos de la producción de pulpa de celulosa
Jugando al huevo podrido ... se hace el distraído ...
Las empresas europeas ENCE (España) y BOTNIA (Finlandia) dos de las más grandes papeleras del mundo, con una larga historia de contaminación, fuertes rechazos por parte de las comunidades vecinas a sus fábricas y severos problemas con la ley, lograron convencer al gobierno Uruguayo que abra sus puertas para la inversión más grande de la historia del país: un proyecto de más de mil millones de euros (mil doscientos millones de dólares) destinados a la construcción de dos fábricas de procesamiento de pulpa de papel, que se ubicarían en las márgenes del Río Uruguay, recurso hídrico internacionalmente protegido que constituye el límite natural entre los países Uruguay y Argentina. Se trata precisamente, de una región rica en recursos naturales, idílica para el descanso y el turismo.
La empresa ENCE ya ha sido condenada por la justicia española como consecuencia de la alarmante contaminación que la comunidad de Pontevedra aún tiene que soportar. El Tribunal encontró responsables a sus dirigentes de engañar y contaminar las comunidades donde operaban, por lo cual les aplicó penas de encarcelamiento e importantes multas. Paradójicamente, y perseguidos por la justicia, estas mismas empresas trasladan a Uruguay su producción de pulpa, su contaminación del ambiente, y sus violaciones de derechos humanos.
Esta vez serán las comunidades latinoamericanas de Fray Bentos (Uruguay) y Gualeguaychú (Argentina) las afectadas directas de estas plantas, las que entre otros padecimientos deberán tomar agua de un río que será contaminado por los efluentes de las fábricas con dioxinas letales, y soportar los intolerables olores a huevo podrido típicos de la producción de pulpa de celulosa.
El propio gobierno Argentino ya ha presentado una larga serie de quejas ante numerosas instituciones entre las que se cuentan: el Banco Mundial (quien financiará una parte de la inversión a través de su agencia CFI), el gobierno Uruguayo, los bancos privados de BBVA de España y ING de Holanda quienes financiaran otra parte de la inversión, y ante los tribunales internacionales que velan por la protección de los derechos humanos, derechos que serán afectados por la degradación de las papeleras.
Las papeleras de ENCE y Botnia utilizarán tecnología de segunda categoría en la producción de la pulpa. Emplearán un proceso de alto contenido de cloro que combinado con los químicos propios de este tipo de producción resultará en el descargue de monóxido de carbono, dióxido de azufre y dióxido de cloro que resultan en la introducción de dioxinas y halógenos orgánicos absorbibles, en el agua y la atmósfera. También se generará una acumulación preocupante de residuos de plomo, cadmio, cromo y arsénico en el suelo y en las aguas de la zona. Todos estos elementos son causantes comprobados de una larga lista de enfermedades relacionadas con problemas de desorden genético, cáncer, respiratorios y enfermedades cutáneas.
Las papeleras prometen crecimiento económico y desarrollo para la localidad de Fray Bentos y para Uruguay con el mismo argumento que creyeron en su momento los residentes y funcionarios públicos de Pontevedra, España. Sin embargo, los números de los propios economistas del proyecto sugieren lo contrario, ya que la mayor parte de la inversión está destinada a pagar maquinaria comprada en Europa, además que la producción de la pulpa no generará dividendos extras debido a que (según las exigencias establecidas por las empresas para su radicación e inversión multi-millonaria) estarán exentas del pago de impuestos en Uruguay.
En resumen lo único que queda para el país de los mil millones de Euros, son los gastos locales en la construcción de la planta, los 300 empleos de mano de obra barata que utilizará la fábrica para funcionar, la esperada caída en las economías locales turísticas y de pesca, las enfermedades de los habitantes por el consumo de aire y agua contaminada, y un fuerte olor a huevo podrido.
CEDHA: Centro de Derechos Humanos y Ambiente.
Fuente: ARGENPRESS