Uruguay: monocultivos de eucalipto

Adital - En esta entrevista, realizada durante el Foro Internacional en Defensa del Agua, en la Ciudad de México, Santos cuenta como fue la lucha de los uruguayos para expulsar a las transnacionales del agua de su país y cómo fue el plebiscito que colocó un Artículo en la Constitución, que impide la privatización del agua. Para los ambientalistas uruguayos, la lucha contra las fábricas de celulosa es parte de la lucha por la defensa de los recursos hídricos.

Adital - ¿Cómo comenzó el proceso de construcción del plebiscito que colocó en la Constitución del Uruguay al agua como derecho y bien público?

Carlos Santos - El proceso del plebiscito se desencadena a partir de la firma de la carta de intenciones entre el gobierno uruguayo y el Fondo Monetario Internacional, donde el país se comprometía a extender la privatización a todo el país. La privatización había comenzado en la segunda mitad de la década de 1990, con la participación de la empresa francesa Suez, y siguió desde el año 2000, con la empresa española Aguas de Bilbao. Con esas dos empresas, se privatizó todo el sistema de agua del Departamento de Maldonado, que queda en la costa atlántica del Uruguay, el segundo departamento en recaudación para las empresas públicas de agua. Cuando comienza la concesión de las aguas, en 1993, el presidente era Luis Alberto Lacalle. La expansión de la Suez continuó en la presidencia de Julio María Sanguinetti y la entrada de Aguas de Bilbao acontece en el período de Jorge Batlle. O sea, toda una colección de presidentes neoliberales, que fueron dejando su rastro en la privatización del agua. La carta con el FMI fue firmada por el presidente Batlle. En 2002, en plena crisis financiera del Río da Plata, en Argentina y en Uruguay, la garantía que el país dio en la renegociación de su deuda fue la apertura del servicio público del agua a la participación privada. Cuando se firma la carta de intenciones, varios actores sociales comenzaron a movilizarse. Algunos ya estaban organizados en la Comisión de Usuarios de La Costa, que era donde se extendería el proceso de privatización del agua. Ese grupo comienza a movilizarse, entra en contacto con el sindicato de trabajadores de las empresas de agua, con organizaciones ambientalistas como la que integro (Amigos de la Tierra), y ahí comienza a formarse una especie de núcleo, con la entrada también de la comunidad de Maldonado. Así, se forma una Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. La primera idea que se gesta es un proyecto de ley de iniciativa popular. Sin embargo, justo en el proceso de discusión del Área de Libre Comercio de las Américas, que se colocaría por encima de todas las leyes nacionales, la estrategia fue trabajar a nivel constitucional, que es el marco legal más alto del país. Entonces escribimos un texto y comenzamos a recolectar firmas, en octubre de 2002. En octubre de 2003, se entregan las 300 mil firmas necesarias para hacer el plebiscito en octubre de 2004, junto con la elección presidencial. Cuando se concluye la votación, el plebiscito del agua tiene 64% de apoyo de la sociedad, mientras que el Frente Amplio, de Tabaré Vázquez, tuvo un 51%, lo que significa que conseguimos alcanzar un consenso bastante amplio en la sociedad.

Adital - ¿Cuál es el contenido de la ley?

Santos - Es un artículo bastante extenso, pero básicamente lo que expone es que el agua es un derecho humano fundamental, la gestión del agua tiene que ser llevada adelante exclusivamente por figuras públicas, con criterios de participación y control social, con gestión sustentable. Después, hay posiciones muy puntuales. Por ejemplo, que está prohibido pagar indemnización a las empresas por lucro cesante.

Adital - ¿Qué organizaciones participaron de ese proceso?

Santos - El núcleo que fundó la comisión estaba compuesto por la Federación de Empleados de las Empresas Estatales del Agua, la comisión de habitantes de La Costa, los habitantes de Maldonado y la Red Amigos de la Tierra. Apenas ese núcleo comienza a funcionar, pasan a sumarse organizaciones como la Central Única de Trabajadores, otros sindicatos, organizaciones de productores rurales, institutos académicos, activistas, etc. Cuando conseguimos las 300 mil firmas, conquistamos el apoyo del Frente Amplio, que fue parte de la comisión entre el 2003 y el 2004, promoviendo el plebiscito, y también un sector del Partido Nacionalista, que veía el plebiscito como una manera de defender la soberanía del país sobre los recursos naturales. Después del plebiscito, los partidos políticos se retiraron de la comisión, que actualmente sigue funcionando.

Adital - ¿Y cuáles son los desafíos de la comisión de aquí hacia adelante?

Santos - El primer problema que tuvimos fue que el Gobierno de Tabaré, presionado por las multinacionales, firmó un decreto que va contra la Constitución. La Constitución decía que las transnacionales deberían retirarse del país, porque la gestión del agua debe ser pública, pero el decreto permitía la presencia de las dos empresas, la española y la francesa. Entonces, en un primer momento, estuvimos dedicados a eso. En octubre de 2005, Aguas de Bilbao se retiró del país. Ahora, en febrero, se fue la Suez. Con la tranquilidad de la primera gran tarea cumplida, estamos comenzando una discusión sobre una política nacional del agua, o sea, como hacer que el principio que está en la Constitución sea aplicado. Necesitamos reglamentar el Artículo, entonces el debate está dándose a nivel parlamentario. Fue creada una secretaria de aguas, con la participación de la sociedad, y estamos estimulando la participación de las comunidades locales en la gestión del agua. Y otro problema que la comisión debe enfrentar ahora es ese conflicto con la construcción de las fábricas de celulosa, que también es una de nuestras preocupaciones. La Comisión Nacional en Defensa del Agua entendió que esas dos empresas contaminantes no sólo van a traer efectos ambientales graves, sino que también va a consolidar en Uruguay, un modelo de desarrollo que no fue definido democráticamente, que es el modelo de monocultivo ambiental para la producción de celulosa. Estamos realizando una discusión, tomando como punto de partida nuestra propia Constitución, que dice que el uso del agua debe estar orientado primero hacia objetivos sociales antes que económicos.

Adital - ¿Son solamente esas dos fábricas que están instalándose en Uruguay?

Santos - Existen actualmente dos pequeñas plantas, que, en realidad, atienden la demanda de papel para el Uruguay y que además exportan. O sea, la demanda del país está cubierta. La fábrica que está por ser construida, una de ellas de la empresa finlandesa Botnia, es una de las mayores del mundo y va a producir pasta de celulosa para toda Europa, que es la parte más contaminante del proceso de producción de papel. El efecto que va a tener no es sólo sobre Uruguay, porque la demanda es tan grande que va a demandar eucalipto no sólo de Uruguay, sino también del sur de Brasil y de Argentina. Eso va a provocar un efecto muy grande en el modelo de desarrollo de toda la región. Además de las dos fábricas finlandesas, que van a instalarse, nosotros tenemos informaciones de que existen por lo menos otras dos plantas previstas. Una sería la Stora Enso, que está instalándose en Río Grande do Sul, y otra sería de capital estadounidense. Pero hay gente que habla de hasta siete fábricas de celulosa para Uruguay. Vamos a dejar de ser un país que produce carne y alimentos, para ser un país productor de monocultivo de árboles. Para nosotros, la preocupación no es sólo por los efectos ambientales de ese modelo, sobre el agua y sobre el ecosistema de las pampas, sino también por los efectos sociales que ese tipo de cultivo genera. Se está expulsando a los trabajadores del campo, porque los dueños venden la tierra y los trabajadores que la ocupan se ven obligados a salir, o porque los trabajadores se ven rodeados de eucalipto y no consiguen más trabajar, porque crecen las plagas y se afecta el agua. Además, está generando un proceso de concentración de la tierra como jamás habíamos visto en Uruguay. Son nuevos latifundios, pero mucho más extensos. Los tupamaros, la guerrilla uruguaya, siempre enfrentaron uno de los mayores latifundios del país en la década del 60, que tenía 33 mil hectáreas. Actualmente, una empresa estadounidense tiene 120 mil hectáreas en Uruguay, o sea, está ocurriendo una latifundización y una extranjerización del país. Los propietarios de esas plantaciones de eucalipto son estadounidenses, españoles, finlandeses, chilenos y argentinos. Por lo tanto, está ocurriendo una de las transformaciones más fuertes en el medio rural uruguayo, y que si se permite la entrada de todas esas fábricas, este proceso será irreversible.

Adital - ¿Cuál es su opinión sobre la acción de las mujeres de Vía Campesina contra la Aracruz Celulosa, en Río Grande do Sul?
Santos - La encontré muy buena. Creo que en Uruguay no puede ocurrir algo así, porque la población rural está mucho menos tensa que en Brasil, y también por cuestiones culturales y de organización política. Entiendo perfectamente que las mujeres de Vía Campesina hayan reaccionado de esa manera, porque todos esos efectos de los monocultivos de eucalipto y de las fábricas de celulosa van contra los derechos humanos de la población y en favor de los intereses de las grandes corporaciones.

Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab

Daniel Cassol es Periodista

Fuente: ADITAL