Uruguay: cuestionan resolución gubernamental que habilita transgénicos

Las medidas de bioseguridad no garantizan que no haya contaminación genética (por el desplazamiento del polen, por ejemplo) entre las variedades transgénicas y las que no lo son, agregan. Este posicionamiento surge luego que el gobierno anunciara el lunes el fin de la moratoria a la autorización de nuevos eventos transgénicos, decretada en enero de 2007, y su política de "coexistencia regulada en la utilización de organismos genéticamente modificados".

(Montevideo, 16/07/08) La Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay (APODU), la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAPAL Uruguay) y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay rechazan la decisión gubernamental de establecer una política de coexistencia entre transgénicos y cultivos convencionales y orgánicos. Las tres organizaciones sociales advierten que los transgénicos implican graves riesgos de contaminación genética a otras plantaciones, como ha ocurrido en Canadá, México y varias partes del mundo. También pueden contaminar especies vegetales como las malezas, a las que convierte en "supermalezas" de muy difícil erradicación, para lo cual luego deben usarse potentes agroquímicos que afectan el suelo, el agua y la salud humana.

Ambientalistas y productores argumentan además que el gobierno resolvió a favor de la coexistencia sin realizar una evaluación exhaustiva de los impactos de los transgénicos en el país y sin propiciar un debate nacional sobre el asunto, con el cual se habían comprometido expresamente y de forma escrita ante la demanda de las organizaciones sociales.

Uruguay tiene alrededor de 550.000 hectáreas con organismos genéticamente modificados. Los transgénicos que se pueden producir y comercializar en el país hasta ahora son la soja RR (perteneciente a la transnacional Monsanto), el maíz Mon 810 (también de Monsanto) y el maíz Bt 11 (de la transnacional Syngenta). Casi el 100 por ciento de la soja producida en Uruguay es transgénica. Después de varios años de impactos negativos de este cultivo, el gobierno anuncia ahora algunas medidas respecto a la degradacion de los suelos. En tanto, las dos variedades de maíz fueron prohibidas en varios países de la Unión Europea por la imposibilidad de garantizar su coexistencia con cultivos convencionales y orgánicos sin que haya contaminación.

APODU, RAPAL y REDES señalan que Monsanto y Syngenta, y varias empresas agroindustriales extranjeras, son las principales beneficiarias de la política de coexistencia del gobierno nacional y podrán ser favorecidas con nuevas habilitaciones a otras variedades modificadas genéticamente.

La producción transgénica y los monocultivos a gran escala, sean transgénicos o no, están dominados a nivel mundial por estas corporaciones transnacionales, entre otras, que de esta forma amenazan a pequeños productores, destruyen suelos y biodiversidad, ponen en jaque la elaboración de alimentos sanos y concentran las ganancias. Productores y ambientalistas enfatizan que eso está pasando con el desarrollo de la soja transgénica en Uruguay, que afecta a la granja, la lechería, la agricultura y la ganadería, lo cual reconocen inclusive desde el gobierno.

APODU, RAPAL y REDES reivindican la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a fijar sus propias políticas de producción, distribución y consumo de alimentos. Esas políticas deben basarse en la pequeña agricultura familiar, y en el impulso a la agroecología y la producción orgánica, explican, con vínculos más estrechos entre la ciudad y el campo para asegurar mercados a los productores y alimentos sanos y de calidad a la población. La única alternativa para un Uruguay productivo y natural es ir por la vía de los cultivos no transgénicos, finalizan las agrupaciones de productores y ambientalistas uruguayos. yu.moc.tenida@udopa

Fuente: RAPAL Uruguay