Uruguay: Una muerte silenciada

Por primera vez en Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay realizó una "mesa redonda", en el marco del día internacional de los Derechos Humanos el 10 de Diciembre del 2014 en la ciudad de Guichón, una de las zonas agrosojera por excelencia. Asistieron personalidades que representaron a las autoridades y Organizaciones Sociales y representantes de la Sociedad Civil de diversos ámbitos de la población, por otro. Con el objetivo de analizar conjuntamente el uso de plaguicidas en el Uruguay. El organismo (INDDHH) recibió varias denuncias sobre presuntas irregularidades con el uso de sustancias nocivas para la salud humana, ambiental, y animal, particularmente referido en áreas de producción agrícola y al uso de agrotóxicos, lo que les llevó a promover dicho encuentro, marcando así un precedente con esperanzas de avistar soluciones.

Los efectos en la salud de la población han sido reiteradamente denunciados en varias ocasiones, pero el gobierno todavía se encuentra elaborando las medidas preventivas para su control, en dónde la sociedad civil destacó existen muchas investigaciones de las que no se hace un uso efectivo. Se remarcó que la proliferación del uso de agrotóxicos en nuestro país está asociado directamente con el notable desarrollo agro-industrial en el Uruguay de los últimos años, así como con la extranjerización de la tierra en su relación con las empresas multinacionales como la internacionalmente más conocida Monsanto, Cargil, Bunge, ADP, UAG, Los Grobo y nacionales como Barraca Erro.

Las autoridades expusieron los programas que están llevando a cabo para justificar las denuncias que realizan los afectados, dejando en evidencia la incomunicación de los ministerios entre sí. Aunque manifestaron la buena voluntad para llevar a cabo un buena gestión de las aplicaciones, de los residuos que generan y del tratamiento de las aguas, se evidenciaron un gran número de vacíos en los que cayeron sus exposiciones.

Aparentemente hay voluntad, pero en los hechos, que son los que nos importan, no se hacen efectivos. Las fumigaciones aéreas con pesticidas no están prohibidas ni reguladas, como en el resto los países de Sudamérica. Solo las intendencias departamentales tienen la potestad para ejercer una ley que se aplique sólo en su territorio, Canelones es una de las que ha prohibido las fumigaciones aéreas, pero para lo que depende en su limitado territorio. No existe un seguimiento sobre la salud de los pobladores en las zonas afectadas por las fumigaciones, ni revisiones o controles sobre la pureza del agua en reservatorios como cañadas, ríos o lagunas, en las regiones de los plantíos transgénicos. Cómplices de todo esto los grandes medios, que se ocupan de censurar cualquier información al respecto. Todo un conjunto de complicidades que aprueba las más absurdas bio-tecnologías de las corporaciones y los procesos de exclusión social que están implícitos a la injerencia de los capitales del agronegocio y las madereras productoras de papel para su exportación.

El Uruguay tiene 16 millones de hectáreas productivas (no todas son cultivables), de las cuales más de un millón y medio, (estamos por llegar a los dos millones) son de cultivo de soja, otro millón y medio es de cultivo de eucalipto. Las aplicaciones de pesticidas: herbicidas, fungicidas, fertilizantes e insecticidas, sin regulación, es de unas 2500 toneladas. No sirve de nada el avance tecnológico que propone el Estado de digitalizar las aplicaciones, vía satélite y a tiempo real, si no se controlan los efectos que estos hacen al medio y sobre los que lo habitamos.

La Sociedad Civil demorará en organizarse, pero pide respuestas que por ahora están resumidas en este video de lo que fue una intensa jornada de duros y crudos testimonios, las necesidades de cambios son urgentes y se están demandando desde hace tiempo, y que siguen vigentes hoy en este “nuevo” año. Es urgente cambiar este modelo de producción destructivo y silencioso que arrasa no solo la tierra sino que está agotando los recursos naturales y a nuestras gentes.

Como representantes del Estado tuvimos a: La Dra. Mabel Burguer- Especialista en Toxicología. Al Ing. Agr. Inocencio Bertoni como Director de Servicios Agrícolas del MGAP. La Dra. Laura Bonomi como Directora de Mejoras de Desempeño Ambiental y Denuncias de la DINAMA. A la Dra. Amalia Laborde como Directora del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina del Hospital de Clínicas y UDELAR. A las Dras. Silvana Rodriguez y Adriana Sosa del Ministerio de Salud Pública. Y al Dr. Horacio Heinzen de Facultad de Química de la Universidad de la República.

Los representantes de la sociedad civil fueron diferentes profesionales de diversos ámbitos, y no cómplices de los organismos manipulados genéticamente: Biolog@s, Agronom@s, Químic@s, Ingenier@s, Apicultor@s, Médicos, Maestr@s, Periodistas, etc. A la Sra. María Cárcamo- de RAPAL. Pero también asistieron amas de casa, peones rurales, productor@s familiares, colon@s... Cerca de 100 personas que representaban a la sociedad civil y de diferentes puntos de todo el país, entre asociaciones, colectivos, cooperativas, ong’s, y representaciones de los movimientos sociales.

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Fuente: Red Latina Sin Fronteras