Uruguay: Triunfó la defensa de la soberanía ante Philip Morris
"Philip Morris había iniciado en 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI, bajo el argumento de que las políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual".
Triunfó la defensa de la soberanía ante Philip Morris: se impone revisión inmediata de tratados que amenazan nuestro país
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay manifiesta su satisfacción ante el laudo positivo para el Estado y el pueblo uruguayo en el arbitraje internacional de la tabacalera estadounidense Philip Morris Internacional (PMI) contra Uruguay, dirimido en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje de inversiones del Banco Mundial.
Satisfacción porque de haber perdido el caso, nuestro Estado hubiera debido pagar decenas de millones de dólares. Pero, además, porque triunfó la protección de la salud pública y la defensa de nuestra soberanía por parte del gobierno uruguayo, ante el ataque flagrante iniciado por PMI y continuado por el propio CIADI al aceptar jurisdicción en el caso.
Sin embargo, REDES – AT, que viene siguiendo ese caso desde sus inicios con la coalición de organizaciones de la sociedad civil suiza Alliance Sud, reafirma en este momento la necesidad de revisar con urgencia todos los tratados firmados por el país que abren las puertas a tribunales privados internacionales de resolución de controversias, donde los inversionistas transnacionales pueden demandar al Estado por sus políticas públicas para el bienestar de la población.
El viernes y en cadena nacional el presidente Tabaré Vázquez anunció que la sentencia del CIADI reconoce expresamente como legítimas las medidas anti tabaco adoptadas por el propio Vázquez apenas empezara su primer mandato en 2005.
Entre las medidas se destacaron la prohibición a las empresas tabacaleras de vender distintas presentaciones de una misma marca de cigarrillos y la obligación de que las advertencias sobre el riesgo de fumar ocuparan el 80 por ciento de las dos caras principales de las cajas de cigarros.
Philip Morris había iniciado en 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI, bajo el argumento de que las políticas del gobierno uruguayo lesionaron sus intereses y vulneraron sus derechos de propiedad intelectual. Según el punto de vista de la empresa, se expropió indirectamente su inversión sin el pago de una compensación. La compañía basó su demanda en el Tratado de Protección de Inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene su base de operaciones. PMI primero amenazó con reclamar una indemnización de 2.500 millones de dólares, que a la postre, tras el rechazo generalizado de la opinión pública mundial a su demanda, rebajó a 25 millones de dólares para evitar poner en mayor riesgo su reputación.
Hay algunos puntos que REDES – AT quiere destacar especialmente:
- El CIADI nunca debió aceptar jurisdicción en este caso. Desde un principio debería haber declarado la supremacía jurídica internacional del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco, por encima de las normas del Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Suiza y Uruguay. El Convenio Marco es el primer tratado internacional de salud pública negociado en la OMS, que ya cuenta con la adhesión de 180 países.
- Es necesario subrayar el efecto negativo que tuvo el caso para la implementación de otras medidas urgentes para cumplir a cabalidad con ese Convenio Marco de la OMS. Por ejemplo, la aprobación de la legislación que prohíbe la exhibición de productos de tabaco en los puntos de venta se retrasó varios años en nuestro país, y la promulgación de una ley sobre empaquetado genérico, prometida por el presidente Vázquez, aún no se ha concretado, seguramente en espera del resultado del caso de PMI contra Uruguay.
Además, tal como lo afirma la defensa legal de Uruguay, la demanda de PMI al país disuadió a otros países de adoptar legislaciones similares a la adoptada por nuestro Estado e impugnada por la transnacional tabacalera. Otros estados como Paraguay, Nueva Zelandia y Costa Rica, han considerado adoptar reglamentaciones similares, pero han sido disuadidos de hacerlo por la amenaza de un posible litigio.
- Los Tratados Bilaterales de Inversiones han tenido otros efectos negativos en Uruguay: después que en 2010 la tabacalera lanzara el caso contra nuestro país varios inversores extranjeros han amenazado con demandar al Estado ante tribunales internacionales de arbitraje de inversiones por medidas gubernamentales que perciben como perjudiciales a sus intereses de lucro. Varias de esas amenazas ya tuvieron efectos negativos en el país, y una de ellas se concretó recientemente en una nueva demanda contra Uruguay, en este caso de la empresa local Trigosul S.A., de propiedad de una empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos.
Este triunfo de Uruguay debe ser un llamado urgente a analizar, revisar, renegociar o anular cuando corresponda todos los tratados bilaterales de comercio y de protección de inversiones que ha suscrito el país, antes de exponernos a nuevas demandas en las que podemos correr con distinta suerte que en la recién finalizada. De hecho, la propia Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), que promovía los tratados bilaterales de protección de inversiones, hoy reconoce y comprueba que la mayoría de los juicios arbitrales son adversos a los Estados. Sin que se haya comprobado que esos tratados cumplan con su cometido de atraer inversiones de calidad a los países en desarrollo como el nuestro.