Uruguay: Celulosa. Las dimensiones del problema
Llegamos al final de este año 2005. El pueblo uruguayo se ha visto súbitamente confrontado con la enorme problemática que acarrea para el país la forestación y la instalación de plantas de celulosa. En esta nota se recapitulan los aspectos esenciales de la problemática y las perspectivas que están planteadas
La situación del Uruguay hoy
Ya hay cuatro grandes transnacionales de la madera operando en el país.
La primera, el Grupo Botnia de Finlandia, que producirá 1.000.000 de toneladas de celulosa al año, situada a unos 4 kms. de la ciudad de Fray Bentos. Consumirá anualmente unos 3.500.000 metros cúbicos de madera. Botnia ha iniciado la construcción de la planta y se prevee que en 2007 comenzará la producción. Con su subsidiaria Forestal Oriental el grupo Botnia cuenta con unas 100.000 hectáreas de plantaciones de “genética superior”, como ellos llaman, en los departamentos de Soriano, Río Negro y Paysandú. Aspiran a que el 60% de la madera empleada en la planta provenga de su propia producción.
La segunda transnacional es ENCE (Empresa Nacional de Celulosa de España) cuya planta de celulosa producirá unas 500.000 toneladas anuales de celulosa. Explota unas 50.000 hectáreas de eucaliptos en los departamentos de Río Negro y Soriano. ENCE posee ya en funcionamiento una Terminal portuaria denominada M’Bopicuá, a unos 12 kmt al norte de Fray Bentos. Exporta troncos y madera chipeada.
La tercera, la transnacional Stora Enso acaba de instalarse en el Uruguay, con capitales sueco finlandeses. El lunes 26 de setiembre el gobierno informaba oficialmente la aceptación de su proyecto de forestación e instalación de una planta de celulosa en el centro del país, a orillas del Río Negro. Proyecta forestar unas 100.000 hectáreas de eucaliptos durante este año y el próximo, pero necesitará unas 50.000 hectáreas más. La planta de celulosa sería semejante a la de Botnia. El Presidente de Stora Enso no tuvo ningún empacho en afirmar que además de comprar bosques privados de eucaliptos y pinos, han comenzado a comprar tierras en el centro del país que eran usadas para pastoreo y cultivo. Había dicho también que después de hacer un estudio de factibilidad en 16 países de A.L. habían elegido Uruguay porque “la tierra es muy buena, la productividad de la madera es muy alta y el país tiene todas las condiciones para establecer este tipo de industria, además tenemos confianza en Uruguay y fuimos bien recibidos”. Un poco antes había afirmado “lo que necesitamos es agua”.
La cuarta transnacional procede de EE.UU. se llama Weyerhaeuser y proyecta construir por lo menos cinco plantas de procesado de madera en el norte del país. La primera comenzó a construirse en Tacuarembó y se prevé que para marzo de 2006 esté operativa. Las plantas se ubicarán en los departamentos de Rivera, Tacurembó y Paysandú. Weyerhaeuser opera en Uruguay a través de las empresas forestales Colonvade S.A. y Los Piques S.A. En el año 1999 había adquirido ya 95.000 hectáreas de suelos de fértiles praderas para realizar sus plantaciones forestales. No está excluido que Weyerhaeuser construya otra planta de celulosa en el Río Negro.
Estas cuatro transnacionales aunque no sean las únicas empresas son las que dominan totalmente el sector forestación del Uruguay.
Un nuevo modelo de producción
Este modelo de producción basado en la forestación y en la producción de celulosa y más adelante también producción de papel es nuevo en el país. El Banco Mundial estuvo en el inicio de este proyecto forestal que respondía a estrategias de desarrollo de los países ricos del norte. En el Uruguay se plantaban solamente unas 3.000 has anuales de forestación, destinadas al uso interno. El Banco Mundial llevó a cabo la identificación y preparación del proyecto forestal de Uruguay, que se plasmó en la ley de forestación de diciembre 1987 y en disposiciones complementarias de los años 1988 y 1989. Cambió entonces la orientación y la plantación de eucaliptos comenzó a estar destinada al mercado mundial, a alimentar las plantas de celulosa establecidas en el extranjero. El gobierno uruguayo de turno declaró la forestación de interés nacional y se le concedió una serie de incentivos: exoneración de impuestos nacionales y departamentales, una subvención que podía llegar al 50% de los costos, créditos blandos y exoneración de los aranceles para importación de máquinas e insumos. Más tarde se le concedió la posibilidad de poseer zonas francas y puertos privados. Así nació el boom forestal del Uruguay. En 1996 se plantaban ya 50.000 hectáreas y este volumen siguió manteniéndose y aún incrementándose año tras año.
Por el año 1995 no había todavía proyectos de plantas de celulosa pero surgió el problema de la comercialización de los troncos, que habían comenzado a cosecharse. El costo de transporte le resultaba muy alto a las empresas madereras y desproporcionado con el valor de los troncos en el mercado. Recién entonces comienza a plantearse públicamente a nivel gubernamental la posibilidad de instalación de plantas de celulosa. Esto no quiere decir que no estuviera desde el inicio previsto en los planes del Banco Mundial. A nivel de la opinión pública la problemática de las plantas de celulosa se planteó varios años después.
En Uruguay está de moda hablar del desarrollo de Finlandia y en medios académicos se lo propone como modelo a seguir. Sin embargo Uruguay va a contramano de ese modelo. Finlandia disponía de grandes bosques naturales y en zonas muy aptas para la instalación de papeleras. Y fue lo que hizo y comenzó a desarrollar conocimiento y tecnología en la producción de celulosa y papel. Luego pasó a crear y a producir la maquinaria para esa industria y a ocupar una posición privilegiada en el mercado mundial. Uruguay disponía en cambio de un porcentaje muy alto de praderas naturales, suelo muy apto para la agricultura y la ganadería. Siguiendo el ejemplo finlandés el futuro del Uruguay era desarrollar cadenas de producción basadas en su producción ganadera y agrícola. En cambio se dedicó a plantar bosques de eucaliptos y en esta última etapa especies no suficientemente experimentadas y por lo tanto aún de incierto resultado.
Aquí surgen dos graves problemas. El primero que no existe en el Uruguay una planificación del territorio que determine con claridad las zonas preferenciales para la producción agrícola, ganadera, forestal. Hoy día la forestación invade tierras muy aptas, por ejemplo, para lo producción de granos. El segundo problema es que el gobierno no se ha preocupado de evaluar los impactos globales de la forestación en el medio ambiente y en otras actividades productivas y de de interés público. Sin embargo son muchos los productores rurales que se quejan de la carencia de agua y de la presencia de plagas a consecuencia de la forestación. Además de la amenaza permanente de los incendios y de la concentración y extranjerización de la tierra. Ahora en el Uruguay podemos hablar de latifundios verdes.
Es decir, Uruguay ha adoptado un modelo productivo impuesto desde afuera, con la anuencia de gobernantes que miran sus propios intereses y no los del país. Un modelo que en este momento está frenando el desarrollo de otros modelos más acordes con los propios recursos naturales y la cultura del país. Y para colmo un modelo que tomado en su globalidad no es rentable ni favorable para el país.
El problema de las plantas de celulosa
Las plantas de celulosa, la que se está construyendo y las que están programadas, todas ellas ya son una amenaza para el Uruguay, porque son las locomotoras de la forestación, ese modelo productivo perjudicial para el país. Pero en sí mismas consideradas las plantas papeleras son un peligro y una amenaza por su alto potencial de contaminación ambiental. Hablaremos de Botnia porque es la primera planta de celulosa a construirse en Uruguay.
Sobre el proyecto de BOTNIA disponemos de una amplia documentación. El propio documento de Botnia, Informe Ambiental Resumen (IAR), última versión del 2 de diciembre 2004 y el estudio crítico de este informe de 35 páginas, Observaciones y cuestionamientos, presentado el 29-12-04, por un equipo de 9 ingenieros, técnicos y profesionales, avalado por las siguientes organizaciones: Movitdes, Asodern, Grupo ecológico de Young, Grupo Ñandubay y Foro Ecologista de Paraná. Contamos también con el Informe de Evaluación de Impacto Ambiental de 34 p., fechado el 11 de febrero de 2005, elaborado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente del gobierno uruguayo y un Recurso de Revocación contra esta autorización dada a Botnia por la DINAMA. Este recurso fue presentado por la Comisión Multisectorial en febrero 2005.
No vamos a entrar en detalles pero asumo como propia la primera afirmación que hace La Comisión Multisectorial en el Recurso de Revocación: Es de amplio conocimiento a nivel mundial que, a pesar de los esfuerzos de la ciencia, no ha sido posible reducir en forma satisfactoria los impactos negativos físico-químicos, biológicos y socioeconómicos de las plantas de producción de pulpa de celulosa”. Para prueba bastaría recordar el trágico caso de CELCO en Valdivia, Chile, que usa la misma tecnología que la proyectada por Botnia y a pesar del desastre ecológico que produjo es de menores dimensiones. Podemos recordar también el caso de Ence en Pontevedra con una tecnología similar a la que Ence utilizará en Fray Bentos. Estas son historias de hoy.
Importa también señalar la particular característica de los informes presentados por BOTNIA. El primer estudio de Botnia lo recibió la DINAMA el 31.03-04. Debido a sus incoherencias, carencias y contradicciones DINAMA pidió información complementaria que la empresa fue dando en el correr de todo el año 2004. Finalmente Botnia entrega el IAR el 2 de diciembre. En ese momento DINAMA hace el siguiente comentario: En los documentos aportados por BOTNIA durante el proceso de evaluación del Estudio Impacto Ambiental se identificaron vacíos de información, contradicciones –incluso dentro del mismo documento- y respuestas dispersas y poco satisfactorias. La información recibida se caracterizó además por ser muy voluminosa y a la vez poco clara, reiterativa y en ocasiones superflua y de escasa calidad. Todo lo expuesto resultó en un claro y reiterado entorpecimiento del proceso de evaluación. La DINAMA termina esta reflexión diciendo: Sin perjuicio de ello, este grupo de trabajo entiende que el análisis que concluye con el presente informe tiene la calidad suficiente como para poder emitir opinión respecto a la solicitud de autorización ambiental del proyecto.
El estudio crítico Observaciones y cuestionamientos llega a una conclusión muy diferente a la formulada por la DINAMA: El informe no cumple con las reglas que impone el método científico: es vago en sus afirmaciones, contiene contradicciones internas y no presenta fuentes bibliográficas que permitan constatar la veracidad de las antes nombradas afirmaciones. Esto último in validad “per se” la función que dicho Informe pueda cumplir”. La conclusión final a que llega ese equipo de técnicos y profesionales es lapidaria: En ese contexto y en función de la falta de calidad científica y técnica del informe, se induce que es demasiado riesgoso para la salud de nuestro medio ambiente permitir que aquellos construyan y pongan en funcionamiento la fábrica de celulosa”.
La situación ante las plantas de celulosa es entonces altamente preocupante. Por un lado, se sabe que contaminan agua, aire y suelo. Lo discutible no es que contaminen o no sino el grado de contaminación que se alcance. Por otro lado, la evaluación del grado de contaminación nunca podrá ser dejada en manos de la empresa. Además, si las autoridades locales llegaran a constatar un grado insoportable de contaminación, esos resultados difícilmente serán admitidos por los técnicos de la empresa que han mostrado en sus estudios sobre impacto ambiental cuál es su grado de competencia y de seriedad científica. Esto ocasionará conflictos y disputas entre la empresa y el gobierno uruguayo, que deberán ser procesados según las reglas estipuladas en el Acuerdo de Inversiones con el Gobierno de Finlandia.
El infame Acuerdo bilateral de Promoción y Protección de Inversiones con el Estado de Finlandia
El acuerdo fue suscrito 2l de marzo de 2002 en Montevideo por el Gobierno uruguayo y el Gobierno finlandés y aprobado por el Senado el 15 de octubre 2003 y por la Cámara de Representantes el 04-05-04. Las elecciones generales se realizarían el 31 de octubre. Con este acuerdo la empresa Botnia se aseguraba contra todos los riesgos de un nuevo gobierno.
Estos tratados son impuestos por los países poderosos para asegurar sus inversiones y obtener todo tipo de prebendas. Pero se revisten con el ropaje hipócrita y falaz de la bilateralidad, es decir, ambas partes contratantes gozan de los mismos privilegios. Las inversiones uruguayas en Finlandia están en pie de igualdad con las inversiones finlandesas en Uruguay. Las unas son ilusorias, las otras son reales. De esta manera las inversiones finlandesas no podrán ser “expropiadas, nacionalizadas ni sujetas a otras medidas, directas o indirectas que tengan efecto equivalente a la expropiación o nacionalización” (Art.5) Según anotan especialistas aquí se introduce el concepto de “expropiación indirecta”, verdadera joya de este acuerdo. Cualquier medida tributaria, fiscal o cualquier otra medida administrativa que los finlandeses considerasen nocivas para su emprendimiento podrían entrar bajo esa figura.
Lo anterior se complementa con lo que se llama “compensación por pérdidas” (Art. 6). Inversiones finlandesas que “sufran pérdidas por causa de guerra u otros conflictos armados, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones” requerirá del Estado uruguayo “restitución, indemnización, compensación u otros acuerdos” por las pérdidas sufridas. Por ejemplo, una manifestación ciudadana en protesta por contaminación y que impida u obstaculice la llegada de los camiones a la planta.
Botnia de acuerdo a este Acuerdo gozará de un régimen de “libre transferencia” (Art. 7).de dineros “sin restricción ni demora, en moneda de libre conversión y a la cotización que prevalezca en el mercado”. Para todas las operaciones de los inversores finlandeses rige la regla general (Art. 2) de que recibirán “un tratamiento no menos favorable” que lo que reciben los propios inversores uruguayos, o inversores de las naciones más favorecidas por Uruguay. En caso de controversia (Art. 9) y a criterio del inversor finlandés podrá ser presentada para su arbitraje a tribunales en el extranjero y no tendrán vigencia las normas constitucionales y jurídicas nacionales. Finalmente el Acuerdo (Art. 14) está vigente por veinte años, para terminarlo el gobierno debe notificarlo 12 meses antes y una vez terminado todas las cláusulas del Acuerdo siguen vigentes para las inversiones ya realizadas.
Todas estas disposiciones tienen por fin favorecer unilateralmente a los inversores finlandeses y dificultarán en gran medida que Uruguay pueda instrumentar políticas adecuadas para el desarrollo de su propia industria nacional.
La posición del gobierno uruguayo frente a las plantas de celulosa
El discurso del gobierno uruguayo se caracteriza en primer lugar, por su creencia de que las plantas de celulosa no contaminan, pero si contaminan, lo hacen como cualquier otro emprendimiento industrial. El volumen gigantesco de estas plantas pasa por lo general silenciado o no tomado en cuenta. En segundo lugar, por su creencia de que el Uruguay ejercerá un estricto control y en caso de contaminación actuará con el mayor rigor. Hablo de creencias, porque todas estas afirmaciones no están racionalmente fundadas y por ser creencias son difícilmente refutables. El riesgo es doble, por un lado, para la población que sufrirá las consecuencias de estas políticas, y por otro lado, porque puede arrastrar la controversia de las plantas de celulosa al campo de las creencias.
El planteo del gobierno focaliza la acción del gobierno en el “control” de las plantas. ¿Qué significa controlar”, es la pregunta que insistentemente plantean integrantes de la Multisectorial. Está descartado que el gobierno uruguayo pueda controlar el proceso industrial, este queda totalmente en manos de las empresas Lo que puede hacer es medir los efectos que la producción pueda generar en el medio ambiente. Se trataría entonces de una intervención post factum, es decir, ocurrida la contaminación se podrá –como lo expresa la Ing. Agr. Anahit Aharonian- verificar la amplitud de la contaminación y sus posibles causas
Para no caer en comportamientos sustentados en solas creencias será necesario no solo estar bien informados sino también estar capacitados para comprender los procesos químicos que entran en juego. Los técnicos dicen que además del ruido, de las sustancias olorosas emitidas a la atmósfera, el arrastre de metales pesados por el efluente hacia el río, está el problema de la emisión de dioxinas y furanos tanto por el efluente como por las emisiones atmosféricas. Un estudio mexicano dice que “Las dioxinas y furanos son muy tóxicos, activos fisiológicamente en dosis extremadamente pequeñas, persistentes, al no degradarse fácilmente, y pueden durar años en el medio ambiente. La principal vía de exposición para los seres humanos es la ingesta de alimentos contaminados, especialmente carne y productos lácteos. Pueden tener efectos negativos en el desarrollo neurológico, reproductivo, conductual y en el sistema inmunológico de lactantes y niños. Pueden provocar cáncer y otros efectos crónicos en personas adultas.” Todos estos efectos han sido ya comprobados en Pontevedra.
La dificultad para verificar estos efectos es triple. En primer lugar, disponer del instrumental adecuado. El Ing.Quim. Ignacio Stolkin dice “solamente un equipo de estudio de dioxinas en aire y agua, conformado por un cromatógrafo de gases y un espectrómetro de masas de alta resolución cuesta varios cientos de miles de dólares. ¿Se comprará? ¿Quién lo pagará?”.En segundo lugar, el proceso acumulativo propio de las dioxinas hace que sólo algunos de sus efectos podrán ser medidos a corto plazo, pero otros los más dañinos solo a mediano y largo plazo. Esto significa que cuando se verifiquen esos efectos será demasiado tarde para revertir el proceso y los daños ocasionados En tercer lugar, la empresa Botnia niega que producirá emisiones más allá de los niveles de tolerancia. Aquí en Paraná se han difundido declaraciones de la Encargada de Negocios de la Embajada de Finlandia en Argentina de que en su país hay decenas de fábricas de celulosa y papel y en las inmediaciones de varias de ellas existen playas, pesca y hasta el agua de la zona ribereña es utilizada para uso y consumo humano. Por otro lado, el Ing. Ricardo Carrere en una visita a Finlandia ha podido comprobar que “al menos en la zona recorrida con tres grandes fábricas de celulosa, el tema de dioxinas ni siquiera es conocido y mucho menos controlado”. De esta manera Finlandia aparece como el número uno en el cuidado ambiental. Si de antemano se niega su existencia está de sobra hablar de contaminación y de control.
Supongamos que se verifique una contaminación importante y se diera la orden de cierre de la planta, se pregunta entonces el Ing. Stolkin ¿quién resistirá la presión de un posible juicio que en función del acuerdo de inversiones Uruguay-Finlandia, le puede costar millones de dólares al país?
Notas:
Artículo publicado en el mensuario "Sol y Luna" Nº 92, diciembre de 2005.
Fuente: El Mundo al Revés