Una organización campesina perseguida injustamente por el estado colombiano

ASOCIACIÒN CAMPESINA DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA

Por Prensa Rural.- La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC) es una organización regional que integra los propósitos de la comunidad a través de las juntas de acción comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos y la lucha por la tierra. Desarrolla su trabajo comunitario, político y social en unas 120 veredas, ubicadas en ocho municipios del Magdalena Medio: Barrancabermeja, Cantagallo, Remedios, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Segovia, Simití y Yondó.

Una década de lucha por la tierra y de defensa de los derechos humanos

La ACVC nació en 1996 durante las marchas campesinas a San Pablo y Barrancabermeja para exigir al gobierno inversión social y respeto por los derechos humanos. En 1998, la ACVC participó del éxodo campesino a Barrancabermeja, evento durante el cual diez mil campesinos - luego de tres meses de negociación - lograron que el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana asumiera varios compromisos: en el área de derechos humanos, conformar un bloque de búsqueda para capturar y judicializar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes cometidos por paramilitares y agentes estatales; y en materia de inversión social, llevar a cabo la financiación estatal de un plan de desarrollo integral formulado desde las comunidades.

Desde 1998, la ACVC promueve la creación de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en el valle del río Cimitarra. Las ZRC son una figura reconocida por la ley 160 de 1994, y se consideran como un instrumento para garantizar el acceso de los campesinos a la tierra, prevenir la concentración de la propiedad y proteger tanto la economía campesina como la soberanía alimentaria.

El 10 de diciembre del 2002, el gobierno del presidente Uribe, a través del antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) - liquidado para dar paso al actual Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) - emitió una resolución mediante la cual se creó la ZRC del Valle del río Cimitarra. La misma fue suspendida, arbitrariamente, en abril de 2003. Desde entonces, en su labor de defensa de los derechos de los campesinos, la ACVC ha exigido el levantamiento de la suspensión, fundamentando su planteamiento en ordenamientos jurídicos.

La ACVC ha ejecutado satisfactoriamente proyectos de desarrollo comunitario, seguridad alimentaria y derechos humanos. Todos ellos han sido financiados y auspiciados por diferentes organismos e instituciones como el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, el Laboratorio de Paz de la Unión Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD- (entre otros programas de la ONU), la Consejería en Proyectos de Noruega, el Fondo Noruego de Derechos Humanos, la Cruz Roja Española y Misereor. Tales proyectos incluso han recibido el auspicio de entidades gubernamentales tales como el Banco Agrario, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), los ministerios de Agricultura y del Interior, y las alcaldías de Remedios y Yondó (Antioquia), entre otros.

La ACVC ha firmado convenios con importantes instituciones de educación superior como la Universidad de la Paz, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación Universitaria del Área Andina, con las que se han adelantado proyectos en diferentes áreas y temáticas. También ha establecido acuerdos con grupos de trabajo estudiantiles y equipos de investigación de diferentes universidades del país.

Igualmente, la asociación ha mantenido relaciones con organizaciones de acompañamiento internacional como Brigadas Internacionales de Paz, Equipos Cristianos de Acción Por la Paz y el Observatorio Internacional de Paz. Así mismo, líderes campesinos han realizado giras por Europa y Estados Unidos, en donde se ha dado a conocer la situación regional y nacional, se han establecido relaciones con organizaciones no gubernamentales, parlamentarios, movimientos políticos, entre otros, y se han gestionado apoyos y financiaciones para los proyectos comunitarios.

Convencida de la necesidad de la unidad del movimiento campesino y popular, la ACVC ha hecho parte de plataformas de coordinación y articulación regionales y nacionales como:

-la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos de organizaciones sociales y no gubernamentales de derechos humanos,
-la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc),
-la Coordinadora de Campesinos Cultivadores de Coca y Amapola (Cocca),
-la Red de Comunidades en Ruptura y Resistencia (Recorre) y su Universidad Campesina,
-el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos del Magdalena Medio y el Foro Social de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

Además, recientemente ha participado también de la Coordinación Nacional de Organizaciones Agrarias y Populares de Colombia.

La ACVC ha sido promotora de la comunicación alternativa y comunitaria. En el año 2003, junto con otras organizaciones campesinas, creó la Agencia Prensa Rural, proyecto comunicativo campesino que edita la revista La Marcha, junto con el boletín mensual y el programa radial de la Asociación. Además, hace parte del comité promotor internacional del canal Alba TV, e integra la red Alba TV Colombia, así como la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA).

Asimismo, ha sido interlocutora del estado colombiano y ha firmado acuerdos con funcionarios de los últimos tres gobiernos nacionales, siempre en medio de movilizaciones y protestas para exigir derechos civiles, políticos, económicos y sociales para el campesinado del Magdalena Medio. Dichos acuerdos, en su mayoría, han sido incumplidos por las autoridades estatales. El más reciente fue firmado el pasado 5 de julio por funcionarios de alto nivel, con el fin de superar la crisis humanitaria regional y concretar el restablecimiento de la Zona de Reserva Campesina.

“Seguridad democrática” y “acción integral” contra el campesinado

La alianza de élites regionales, terratenientes, empresas multinacionales y sectores políticos vinculados con el paramilitarismo está detrás del hostigamiento y persecución contra la ACVC. Esto se debe a que buscan posicionarse en esta zona, con miras a implementar proyectos agroindustriales a gran escala, así como a explotar bosques, fuentes de agua y recursos minerales (principalmente oro). A lo anterior hay que sumar su intención de adecuar el territorio para la construcción de infraestructura vial y minero-energética.

El 29 de septiembre de 2007 fueron encarcelados Andrés Gil, Óscar Duque, Mario Martínez y Evaristo Mena, dirigentes de la ACVC. El apartamento de habitación y la oficina, ubicados en Barrancabermeja, fueron allanados. Además se sustrajeron los computadores y los documentos de trabajo de la organización. Voceros castrenses anunciaron a la prensa la existencia de 18 órdenes de captura contra miembros de la ACVC, en un nuevo embate para desarticular a la asociación y entorpecer la organización del campesinado y la reivindicación de sus derechos.

La persecución contra la ACVC no es nueva, durante sus once años de existencia los miembros de la organización, así como los pobladores del valle del río Cimitarra han sido víctimas de asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, desplazamientos, desapariciones, torturas, quema de viviendas y bloqueos alimentarios y sanitarios. Líderes de la asociación como Nelcy Cuesta, Orlando Triana Moncada, Diomedes Playonero y Carlos Ramírez han sido asesinados. Así mismo, Miguel Cifuentes sobrevivió a un atentado de paramilitares que dispararon contra él.

No obstante, la ACVC ha denunciado permanentemente las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y por el paramilitarismo, así como los atropellos contra la población civil cometidos por la insurgencia, en la región del Magdalena Medio.

A partir del 2003 cuatro directivos de la ACVC habían afrontado un proceso judicial, al ser acusados de rebelión, con base en montajes. Tal acusación fue desvirtuada en el 2005, al demostrarse su falsedad ante las autoridades competentes. Pese a esto, en ese mismo año Álvaro Manzano, ex concejal de la Unión Patriótica y ex presidente de la ACVC, fue detenido arbitrariamente y sometido a tortura psicológica durante quince días.

Sembrar sueños para cosechar paz

La ACVC es una organización legalmente constituida y, sobre todo, legítima ante las comunidades que agrupa, con sus pequeñas iniciativas y proyectos, tales como: llevar brigadas de salud a los enfermos; promover la seguridad alimentaria con cabras, búfalos y ganado vacuno; construir casas dignas con acueductos veredales; atender emergencias humanitarias, hacer caminos, enviar estudiantes a Cuba, operar a semi ciegos en Venezuela. Es una organización que vela por exigir justicia ante los atropellos y un pedazo de tierra para el campesinado. Todo esto ha molestado a poderosos círculos políticos y económicos.

Entendemos el acoso judicial contra la ACVC como una confabulación de intereses ajenos al campesinado, que buscan su desarticulación. Por lo anterior, exigimos la libertad inmediata e incondicional de los campesinos encarcelados y el desmonte del artificioso proceso judicial que busca acabar con la organización.

Convocamos a una campaña nacional e internacional de respaldo a la ACVC, que garantice su participación política, así como su labor de exigibilidad y defensa de los derechos humanos.

Fuente: Prensa de Frente, 26-11-07