Una auténtica contrareforma agraria en Colombia

Así caracterizan muchos analistas lo que ha ocurrido en el campo en Colombia en las últimas décadas. Basta citar algunas estadísticas oficiales para dimensionar el fenómeno. En 1984, el 0.5% de los propietarios concentraban en sus manos 32.7% del área cultivable del país; en 1996, el 0.4% de los propietarios tenían 44.6% de la superficie (1); y actualmente el 0,43% de los propietarios es dueño del 62,91% de las tierras cultivables. Del otro lado, el 57.87% de los propietarios, tiene apenas un 1.66% de la tierra (2). Durante 25 años, el conflicto armado ha sido utilizado para aumentar la concentración de la propiedad de la tierra. En efecto, Colombia es el segundo país en el mundo, luego de Sudan, por el número de desplazados internos. El desplazamiento de campesinos, indígenas y afro-colombianos no ha sido solamente un efecto colateral del conflicto, sino un objetivo en sí de la guerra. En las zonas bananeras del Urabá antioqueño hombres armados ofrecían a los campesinos 250.000 pesos por hectárea de tierra cuyo precio era cuatro veces mayor (3). Quienes no vendían eran amenazados, extorsionados y muchas veces asesinados. El jefe paramilitar alias “HH” reconoció haber asesinado en esa zona en dos o tres años cerca de 1.600 personas. Mediante masacres a la vista de la población fueron desplazadas miles de personas y sus tierras pasaron a manos de sus victimarios, o de quienes actuaron tras de ellos. Otro jefe paramilitar y empresario bananero, Raúl Emilio Hazbún Mendoza, quien controló la región por más de 10 años, ha reconocido sus vínculos estrechos y permanentes con el Ejército y la Policía, con los terratenientes y con las multinacionales inversionistas (4) en la zona bajo su control.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ya había recomendado a Colombia en el 2001 la realización de una “genuina reforma agraria” (5). Será difícil que el gobierno colombiano muestre avances al respecto durante las sesiones de mayo de 2010 cuando ese comité estudie nuevamente la situación en Colombia. A título ilustrativo servirá el tema de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, en la que no ha habido ni una condena penal en firme contra los paramilitares que se han acogido a ella. En las declaraciones de estos paramilitares ante la justicia no ha habido casi ninguna mención de su implicación en la apropiación violenta de tierra y tampoco los fiscales han hecho preguntas sobre este tema. Aún más lejos está el derecho de las víctimas a una reparación adecuada que incluya la restitución en condiciones de seguridad de sus tierras arrebatadas por los paramilitares. Muy por el contrario son ya varios los líderes que han pagado con su vida el hecho de representar asociaciones de desplazados que intentan recuperar sus tierras en esos procesos judiciales.

Con el hundimiento este año en el Congreso de la República del proyecto de ley para proteger las víctimas, se hundió también el capítulo que trataba exclusivamente el problema de la devolución de las tierras. Inclusive se había previsto crear Tribunales de Tierras destinados a restituir esas tierras. Los pasos del gobierno y del Congreso, deslegitimado por el escándalo de la parapolítica, van más bien en el sentido contrario: en enero de 2008 fue sancionada la ley 1182 “por medio de la cual se establece un proceso especial para el saneamiento de la propiedad inmueble”. Esta ley permite legalizar los predios rurales de menos de 10 hectáreas en un procedimiento laxo que no da garantías reales para que los desplazados puedan oponerse a que sus tierras arrebatadas sean tituladas por los usurpadores.

El gobierno colombiano apuesta por fomentar las agroindustrias como eje de lo que considera como “desarrollo” del campo. Los proyectos para cultivar grandes extensiones de palma aceitera destinada a producir agro combustibles son una de sus banderas principales. Pero la Unión Europea no puede mirar a otro lado cuando el gobierno colombiano abre las puertas a inversiones relacionadas con las tierras rurales. Es necesario enviar un claro mensaje de que la UE no avala un proceso de acumulación de la propiedad de las tierras en pocas manos mediante años de sistemático desplazamiento forzado, utilizando masacres, torturas y desapariciones forzadas. En caso contrario las inversiones europeas podrían tener como destino las tierras robadas a los desplazados. La UE igualmente debería apoyar las recomendaciones del Comité DESC para que se realice una auténtica reforma agraria, que constituye un paso obligatorio hacia una paz duradera en Colombia.

Notas:

1. Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi.
2. Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Corpoica. Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia. Volumen 4. Bogotá, 2002, citado por el III Informe alternativo de la sociedad civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, resumen ejecutivo, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, nota xiii, Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Corpoica. Zonificación de los conflictos de uso de las tierras en Colombia. Volumen 4. Bogotá, 2002.
3. http://www.semana.com/
4. La empresa Chiquita Brands, por ejemplo, fue condenada en Estados Unidos a pagar 25 millones de dólares por pagar contribuciones a los paramilitares, pero sus directivos nunca han sido llevados ante la justicia colombiana. 5. Infra 44, en http://www.unhchr.ch

Fuente: Prensa Rural