Un grupo de mujeres en Guatemala se enfrenta a una empresa minera canadiense

Estaba sola. Su marido estaba en el campo cuando llegó el camión de soldados, policías y guardias de seguridad. Media docena de hombres armados entraron en su casa de una sola habitación. No la dejaban salir y se comieron la comida que había hecho para los niños.

Margarita Caal Caal tardó mucho tiempo en hablar sobre lo que pasó aquella tarde. Ninguna de las mujeres que viven en este pueblo en el este de Guatemala lo hizo. No hablaron ni entre ellas. Los hombres que habían venido a desalojarla del lugar en el que vivía —la tierra pertenecía a una empresa minera canadiense, decían— la violaron. Uno detrás de otro. Cuando terminaron la sacaron de la casa y le prendieron fuego al lugar.

Mientras su hija sirve café, Margarita se mira la manos y dice: “Sigo teniendo miedo. Siempre tengo miedo”.

Ha llevado su caso a la justicia. Pero no en Guatemala, donde los mayas como ella, que muchas veces no saben leer ni escribir y viven en zonas aisladas, no han tenido mucha suerte con la justicia en el pasado.

Margarita presentó la denuncia en Canadá, donde el caso de negligencia Caal vs. Hudbay Mineral Inc. ha estremecido a las industrias minera, petrolífera y gasística. Más del 50 por ciento de las empresas de exploración y explotación minera tenían su sede en Canadá en 2013, según datos del gobierno canadiense. Esas 1500 empresas tenían intereses en al menos 8000 lugares en más de 100 países.

Desde hace décadas, las empresas subsidiarias en otros países actúan como un escudo que frena las denuncias de los defensores de los derechos humanos, incluyendo daños al medioambiente y la represión violenta de manifestantes o el desplazamiento forzado de pueblos indígenas.

Pero la denuncia por negligencia de Caal y otras 10 mujeres de su aldea que alegan haber sido violadas en grupo aquel día de 2007 ya ha superado, junto a otras dos, varios reveses legales. El año pasado una decisión judicial ordenó que Hudbay le diera a los abogados de la mujer una cantidad de documentos que esperan incluyan información interna de la empresa. Hudbay, que no era propietaria de la mina cuando sucedieron los desalojos, niega haber hecho algo malo.

La ley canadiense no estipula indemnizaciones como la de Estados Unidos, incluso en los casos en los que la justicia da la razón a los demandantes. Pero el caso Hudbay está siendo escrutado. Podría abrir una nueva vía jurídica para quienes alegan ser víctimas de subsidiarias de empresas canadienses. Es más: la decisión que se tome con respecto a este caso podría establecer el camino a seguir para determinar qué tipo de comportamientos son aceptables para las empresas tanto en Guatemala como en otros países.

Sara Seck, experta en responsabilidad social corporativa de Western University, en London, Ontario, dice que “no existe una decisión judicial que nos ayude a considerar este tipo de vínculos. La justicia va a examinar lo que sucedió allí y eso es de gran importancia”.

El comportamiento de las multinacionales que operan en países pobres está sometido a un escrutinio cada vez más intenso. Las expectativas de la sociedad han cambiado, en opinión de expertos y analistas. Muchos ciudadanos de países ricos exigen que las empresas sean más responsables en los países en los que operan.

En Canadá hace tiempo que se intenta crear un código de buenas prácticas para las empresas extractivas. Hasta el momento, sin éxito. En 2010, la ley que habría creado la figura de un equivalente al defensor del pueblo que investigara las quejas en esta materia –e incluso denegara el acceso a líneas de crédito del sector público o aun a servicios consulares a las empresas acusadas de mal comportamiento– por poco no fue aprobada. La industria extractiva se opuso con fuerza.

John McKay, diputado del Partido Liberal que presentó la propuesta de ley, ha dicho que espera que el nuevo gobierno trate de aprobarla de nuevo. “Hay empresas haciendo cosas fuera que nunca se atreverían a hacer en sus propios países”.

McKay no es el único que piensa así. En un informe de 2014, el Council on Hemispheric Affairs, una organización basada en Washington, llegó a la conclusión de que las empresas canadienses eran responsables de entre el 50 por ciento y 70 por ciento de toda la minería de América Latina y están vinculadas con daños al medioambiente. En especial, el reporte dice que la industria “mostró indiferencia por las reservas naturales y las zonas protegidas”.

Al mismo tiempo y según el informe, se criminaliza, hiere e incluso asesina a los habitantes de esos lugares por protestar.

Las víctimas han tenido hasta ahora poco éxito con la justicia canadiense. Sus abogados han tratado de presentar casos por violaciones de los derechos humanos y por delitos penales internacionales. En la mayoría de los casos los jueces han decidido que Canadá no tiene jurisdicción y que ese tipo de denuncias deben presentarse en el lugar donde se cometió el delito aunque se trate de un lugar corrupto o disfuncional.

Los abogados de las demandantes en el caso Hudbay, Murray Klippenstein y Cory Wanless, buscaron un enfoque diferente. Dijeron que la casa matriz en Canadá incurrió en negligencia por no poner en práctica un sistema de monitoreo efectivo para estar al tanto de lo que su filial guatemalteca estaba haciendo. Al ponerlo en esos términos lograron un vínculo efectivo entre la negligencia y Canadá.

Caal y las otras mujeres que dicen que fueron violadas en Lote Ocho presentaron la denuncia contra Hudbay, con sede en Toronto. La empresa también ha sido denunciada por la muerte de un líder local, Adolfo Ich Chamán, de 50 años, y por los disparos que dejaron paralítica a una persona que pasaba por ahí durante una manifestación en el pueblo de El Estor en 2009 y no tenía nada que ver: German Chub, de 28 años.

Los abogados de la empresa trataron de conseguir que el caso fuera sobreseído por un problema de jurisdicción. Antes de que se emitiera la sentencia, pidieron a los jueces que cerraran el caso porque les parecía “obvio” que no sería aceptado. En 2013 el juez no estuvo de acuerdo con ellos.

Llegar a los tribunales no ha sido fácil para las demandantes. La mayoría solo hablá q’eqchi, un idioma local. No han ido a la escuela y viajar a Canadá les parece terrorífico. Además se enfrentan a una buena parte de la población de lugares como El Estor, donde hay una fábrica de procesamiento de níquel.

La empresa niega la mayoría de los cargos presentados contra ella. Dice que ningún empleado de la empresa estuvo en Lote Ocho durante los desalojos y que no hubo violaciones. Su sitio en internet señala que por entonces Hudbay no tenía ningún vínculo con la mina, propiedad de la Compañía Guatemalteca de Níquel, que a su vez era de Skye Resources Inc. Hudbay no la compró hasta 2008, al asumir sus pasivos; después la vendió y ya no es suya.

También mantienen que no hubo ninguna negligencia en 2009, cuando era de su propiedad. Dicen que el asesinato de Ich, quien era maestro, y el de Chub, un campesino, sucedieron en el marco de la legítima defensa, es decir, mientras los guardias de la empresa se defendían de manifestantes armados.

Pero hechos recientes dan legitimidad a las acusaciones de las demandantes. El responsable de seguridad de la mina durante los desalojos de 2007 y los tiroteos de 2009, un coronel del ejército retirado llamado Mynor Padilla, se enfrenta a juicio en Guatemala por lo sucedido.

Además, dos oficiales del ejército fueron condenados en marzo por violar y esclavizar mujeres indígenas durante la guerra civil de la década de los 80. Muchos creen que ese tipo de comportamiento se ha repetido a lo largo de la historia reciente del país. Durante la guerra entre el ejército, apoyado por los Estados Unidos, y la guerrilla de izquierda, la población rural e indígena fue atacada en numerosas ocasiones.

Todavía la población q’eqchi cree que la mayor parte de la tierra les pertenece a ellos y no a las empresas.

En la época de los desalojos, no había minería en la zona pero las empresas desalojaron a las comunidades. En lo alto de las montañas, Lote Ocho es poco más de una docena de construcciones de madera donde viven alrededor de un centenar de personas, la mayoría niños.

No hay electricidad ni escuelas. La aldea está a unos 45 minutos, por una carretera de tierra, del pueblo más cercano. Llegar cuesta más de lo que los habitantes tienen. Suelen caminar y les lleva dos horas.

Margarita Caal dice que los hombres armados que la atacaron durante el desalojo se comportaron con tanta brutalidad que no pudo ni levantarse de donde la dejaron. Cuando su marido le preguntó qué había pasado le dijo que se había caído, por miedo a cómo podría reaccionar. Todavía le cuesta hablar de lo que pasó.

“Recordar es como volver a experimentar. Duele. A una mujer le duele”.

- Fotos por Adriana Zehbrauskas.

Fuente: The New York Times