Un nuevo capítulo en los intentos por modificar la Ley de Semillas

Queda una vez más en evidencia que el gobierno de Cambiemos tiene la completa voluntad política de avanzar en la modificación de la Ley de Semillas a cualquier precio. Y más aún cuando se trata de un gobierno en retirada; y que a lo largo de su gestión no hizo más que profundizar un modelo de por sí concentrado, excluyente y contaminador. Un regalo de despedida.

La discusión no es novedosa. Desde 2012 existen intentos sistemáticos por modificar la ley, con la intención de brindarle mayor certidumbre a las empresas biotecnológicas y restringir el denominado “uso propio” de las semillas.

Debido a las contradicciones entre los actores (incluso al interior del propio gobierno anterior) y la resistencia de las organizaciones, ninguno de los anteproyectos que estuvieron en discusión logró salir de la órbita del Ministerio de Agricultura.

En octubre de 2016 el actual gobierno presentó su propuesta. Pero la gran novedad fue la presentación de iniciativas por parte de una entidad de productores, la Federación Agraria Argentina (FAA), y una cámara empresarial semillera, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA). Este último anteproyecto era lisa y llanamente la ley que las empresas (con Bayer–Monsanto a la cabeza) querrían tener, ya que avanzaba mucho más en el recorte del “uso propio” que el proyecto de oficialismo al no plantear siquiera excepciones para el recorte del mismo. Todas esas propuestas perdieron estado parlamentario.

En 2018 con negociaciones secretas realizadas en el Ministerio de Agroindustria entre las empresas del agronegocio, el gobierno y algunas de las organizaciones de grandes productores como la Sociedad Rural Argentina, el gobierno dictaminó en soledad, sin el apoyo de ningún otro bloque político; con la Federación Agraria Argentina (FAA) oponiéndose al mismo y con un centenar de organizaciones de campesinos y campesinas, indígenas, productores y productoras de la agricultura familiar, sociales, políticas y ambientales manifestándose en las afueras del Congreso.

Lo que está en juego es vital. Las semillas son el primer eslabón de cualquier cadena agroalimentaria. De su posesión, producción y comercio, depende la soberanía alimentaria y el desarrollo agropecuario de un país. Quien controla las semillas, controla la cadena productiva y por lo tanto, la disponibilidad de alimentos. Y a nadie escapa lo que significa tener el poder sobre los alimentos.

Actualmente el mercado de semillas comerciales es uno de los más concentrados y está controlado por un puñado de firmas transnacionales: si las megafusiones corporativas que actualmente se están negociando prosperan, solamente cuatro mega empresas monopolizarán más del 60% del mercado comercial de semillas a nivel mundial.

Pero las semillas son también la base de la biodiversidad, y ésta se ha convertido en una riqueza estratégica a explotar y controlar. La preponderancia de la biotecnología y la posibilidad de manipular la información genética ha tornado al acervo genético de diversidad del planeta en uno de los elementos más codiciados por los laboratorios científicos. Las “tecnologías de la vida”, desarrolladas en los países del Norte, requieren del oro verde concentrado en los países del Sur.

Prohibir el “uso propio”

La Ley actual que está en discusión fue sancionada en 1973, y legisla sobre toda la producción, certificación y comercialización de semillas. También establece una forma de propiedad intelectual sobre variedades vegetales denominada Derechos de Obtentor (DOV).

Los DOV refieren al derecho que se le otorga a quien desarrolla alguna “mejora” a una semilla (puede ser mediante transgénesis, hibridación o mejoramiento tradicional), para explotarla en exclusividad. Son válidos para todo tipo de semillas, a diferencia de las patentes, que son solo para las semillas transgénicas en tanto protege la modificación genética.

Reconoce en su artículo 27 que “no lesiona ese derecho quien reserva y siembra semilla para uso propio”. Esta concepción del “uso propio” entendido como un “derecho de los agricultores” se enmarca en tratados internacionales de los que Argentina es signataria, como la “Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (UPOV) en su versión de 1978 y el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” (TRFAA), conocido como Tratado de Semillas.

Todos los intentos por modificar la ley tienen como objetivo cercenar la práctica de los productores agrarios a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas.

Desde los comienzos de la agricultura, el productor agropecuario se proveía a sí mismo de la semilla para el año siguiente. Con el tiempo, esta práctica fue reconfigurada, juridificándose en los términos de “derechos de los agricultores”. Pero desde hace tiempo que las empresas comprendieron que podrían ganar mucho más dinero si además de cobrar por la compra, lo hacen por la resiembra; es decir, si cobran “regalías extendidas”.

Por lo tanto, la industria semillera viene cuestionando duramente la libre utilización por parte de los agricultores de las semillas reservadas de su cosecha para la nueva siembra. Para este sector, esta práctica viola sus derechos de propiedad intelectual sobre la variedad sembrada.

Todo avance de la lógica de apropiación y eliminación de los derechos de los agricultores a la resiembra de su cosecha, aún con excepciones de los pequeños y medianos productores, es un retroceso en derechos adquiridos y pone en riesgo la base fundamental de nuestra Soberanía Alimentaria. Por lo tanto, sería urgente y necesario avanzar en políticas de transición hacia otro modelo agroalimentario basado, por un lado, en la agroecología, que ponga el eje en la producción de alimentos sanos y culturalmente apropiados. Y por otro lado, en el cuidado de la biodiversidad y el resto de los recursos naturales, que son, antes que nada, bienes comunes de toda la humanidad.

Fuente: Periodismo Popular