Trasnacionales en Argentina esclavizan a sus trabajadores

Esos casos se descubrieron por la denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que publicó en estos días el periodista y escritor Horacio Verbitsky conmocionando a la opinión pública.

Una fotografía publicada en Página 12 fue comparada por el rabino progresista Daniel Goldman con la que se tomó al momento en que los aliados ingresaron a la barraca de Auschwitz, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde encontraron a "los esclavos recostados en sus literas con esos rostros y miradas donde ya nada los sorprende. Evidentemente hay un paralelismo entre ambas".

Goldman sostiene que "lo que acontece en San Pedro no es otra cosa que una variante más de las formas de nazismo en Latinoamérica".

Modelo neoliberal

Las condiciones de trabajo en las zonas rurales han sido consideradas siempre las más injustas y miserables. Pero esto se agravó en los años 90 cuando la implantación del modelo neoliberal produjo desempleo masivo y un avance de grupos de grandes y medianos productores en todo el país sobre las tierras de los pequeños productores y las comunidades indígenas.

Los ministerios argentinos de Trabajo y Desarrollo Social advirtieron en estos últimos años sobre esa situación, de la que nunca hablaron las cuatro

entidades rurales, que mantuvieron al país en vilo al comenzar el año 2008, cuando se negaron a pagar un impuesto sobre las millonarias ventas de soya al exterior.

En esos momentos mantuvieron cortes de carreteras y paros indefinidos, que bordearon el golpe como se denunció aquí, pero en sus establecimientos seguían trabajando los peones contratados en forma irregular y en condiciones de esclavitud.

Una mayoría de las personas esclavizadas en estos últimos casos provenía de la provincia norteña de Santiago del Estero, donde los campesinos luchan contra productores soyeros que se apoderan de sus tierras y utilizan grupos civiles e incluso "compran policías y jueces" para apoyar sus abusos, como denunciaron los dirigentes.

En la empresa Nidera, denunciada además por la AFIP por evadir impuestos por más de 260 millones de pesos, de las 130 personas encerradas y en condiciones de servidumbre, 30 eran niños y adolescentes. No tenían luz ni agua, no podían salir a ninguna parte y le descontaban la comida de sus magros salarios.
Estaban alojados en camiones de chapa, en los que dormían hacinadas hasta 20 personas, trabajando más de diez horas a pleno sol, incluidos días feriados. No sabían cuál era su salario final y tampoco dónde estaban.

En el último allanamiento en SSP el magistrado interviniente ordenó la detención de uno de los dueños y de cuatro capataces, mientras que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires clausuró el establecimiento.

Estos casos se enmarcan además con el delito de trata de personas en establecimientos rurales, cuya investigación encabeza desde diciembre pasado el fiscal de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio.

El magistrado determinó que los trabajadores son traídos bajo engaños por una empresa intermediaria, (terrcerizadas) y se les mantiene en condiciones de esclavitud.

En Southern Seeds para dormir contaban con unas 30 literas viejas dentro de una carpa de lona que debían compartir. Además, no tenían baños ni luz. El agua para bañarse la trasladaban en botes de agrotóxicos. "Si alguno se escapaba nos decían que lo iban a pagar todos", dijeron las víctimas.
Ante esta realidad el ministro de Trabajo provincial, Óscar Cuartango, estimó que la situación descubierta – que se extiende a otros establecimientos agrícolas– rozaba lo que se considera jurídicamente crimen de lesa humanidad.

Por otra parte, el fiscal determinó que estos trabajadores regresen a sus tierras con el dinero que les deben y advirtió que las víctimas "no pueden seguir trabajando con los victimarios", ante una solicitud de la empresa.

También se expuso la complicidad de la dirección sindical de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), conducida por Gerónimo Venegas, quien fundó con el gastronómico José Luis Barrionuevo la llamada Confederación General del Trabajo Azul y Blanca unida a la derecha peronista que ataca duramente al gobierno actual.

Venegas apoyó incluso a las dirigencias empresariales rurales responsables de estas y otras situaciones similares.

El viceministro de Trabajo de la provincia, Carlos Molina, dijo que urge terminar con esta y otras situaciones similares.

En los años 90 comenzaron a descubrirse cómo se utilizaba el trabajo esclavo en varias fincas o en fábricas textiles y otras en esta capital. Incluso hubo incendios en talleres de costura que provocaron víctimas fatales. "Las penas para los responsables de este tipo de delito van de tres a 15 años de prisión", explicó el fiscal Giagnorio.

Para muchos juristas este debe ser el año en que se ponga fin a la esclavitud en el trabajo rural o en las ciudades mediante fuertes campañas.

De la misma manera las investigaciones judiciales demostraron en el caso de la toma del Club Albariño en Villa Soldati e incluso en el parque Indoamericano –donde la represión dejó tres muertos recientemente– cómo grupos de personas, apoyadas por punteros políticos, incitan y pagan sumas miserables a los sin techo para ocupar terrenos, que después lotean ellos y venden a otros, en una historia doblemente trágica.

En el país, 80 por ciento de la superficie cultivada está en manos de 20 por ciento de la población y sólo el mayor terrateniente del país, la firma Benetton, de Italia, posee tierras cuyo tamaño equivale a 4 mil 500 veces esta capital. El tema de la esclavitud abrió una ventana largamente cerrada que mira hacia el interior profundo del otro país.

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Página 12, 7 de enero de 2011

NUEVOS ALLANAMIENTOS

La olla destapada del trabajo esclavo

Un nuevo procedimiento judicial reveló que 120 trabajadores, provenientes de Santiago del Estero, trabajan "en condiciones ilegales y de esclavitud" en una estancia de la empresa Status Ager SA, en la localidad bonaerense de Ramallo y otras dos órdenes judiciales investigan dos casos similares. Como reveló Página/12, en la semana, se allanaron dos fincas rurales en San Pedro por presunta reducción a la servidumbre. En la causa judicial está involucrada la transnacional agrícola Nidera.

"Se encontraron 120 personas trabajando en condiciones de esclavitud, entre ellos niños", informó el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, respecto de orden de allanamiento que realizó la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Paula Moretti.

Piumato informó que "los trabajadores estaban divididos en dos cuadrillas, una de 40 personas y otra de 80, que trabajaban a ambos lados de la ruta 9, a la altura del kilómetro 195, en tareas rurales".

Y agregó que estos trabajadores "viven en condiciones de esclavitud y duermen en carros", y que "se sospecha que también podría haber trata de personas, ya que se encontraron micros en los que los trabajadores podrían haber sido trasladados" desde la provincia de Santiago del Estero.

La empresa involucrada en este hecho ilícito es la alimenticia Status Ager SA, productora de semillas de maíz y soja desde 1996. Según figura en su página de Internet, la empresa posee dos instalaciones de acondicionamiento, emplea a más de 100 personas, y cultiva 6.500 hectáreas anualmente en la Pampa Húmeda y, sus exportaciones a Estados Unidos, Canadá y Europa la coloca como "la empresa líder en exportación de semillas".

Por otra parte, el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, ordenó una serie de allanamientos en dos causas abiertas por supuesta violación a la ley 26.364, relacionada con la trata de personas.

Uno de los allanamientos, a cargo de la DDI San Nicolás, tiene lugar en un campo ubicado en las afueras de la ciudad de San Pedro, y es encabezado por el propio Villafuerte Ruzo.

El otro operativo se desarrolla en la localidad de El Paraíso, en cercanías de la ciudad de Ramallo, y está a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional.

Como informó Página/12, en los últimos quince días, el ministerio de Trabajo y el fiscal Nicolás Rubén Gianorio, titular de la UFI 6 de San Nicolás,realizaron dos operativos en los que también se encontraron personas oriundas de Santiago del Estero, un total de 189, que estaban trabajando "en condiciones infrahumanas" en dos estancias del municipio de San Pedro.

En el marco de estos hallazgos, también se está investigando la posibilidad de la existencia de una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, para establecimientos rurales.

Dos empresas estuvieron involucradas en los dos últimos allanamientos, en el mes de diciembre, una fue la multinacional Nidera, y la otra Southern Seeds Production SA (SSP).

Según dan cuenta los funcionarios de las fiscalías que intervienen en estos allanamientos, los trabajadores duermen hacinados en trailers de chapa, sin baño, sin agua corriente y, en algunos casos, sin luz.

Además, no cuentan con condiciones mínimas de higiene, salud y seguridad para realizar sus tareas. Las empresas involucradas cuentan, a partir de estos allanamientos, con un plazo de tiempo para presentar la documentación que acredite a los trabajadores y, de no tenerla, se les aplicará una multa de 5.000 pesos por cada uno de los trabajadores contratados en forma irregular.

Fuente: OLCA