¿Trabajo esclavo en Argentina?
Semillas de injusticia. La explotación de trabajadores rurales por parte de transnacionales semilleras desnuda el circuito de inequidad del “agronegocio”.
Cientos de publicaciones dieron cuenta en las últimas semanas sobre las condiciones laborales de trabajadores rurales, contratados para el “desflore del maíz”, lindantes con el trabajo esclavo. La contratación fue realizada por empresas transnacionales productoras de semillas -Pioneer de DuPont, Nidera, Status Ager, y Southern Seeds Production- a través de servicios de firmas de contratación de personal, logística y supervisión de trabajos de campo, como SMW Agro, Adecco Specialities y Manpower.
En diversos operativos realizados por el Ministerio de Trabajo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires pudo constatarse contrataciones de personal no declaradas –denominados “en negro”- y trabajo infantil en condiciones infrahumanas.
Según el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se descubrió una planificación laboral nociva de grupos económicos multinacionales. “El trabajo prestado en las condiciones que detectamos es ilegal. Pero si el trabajo es prestado en condiciones infrahumanas, como las que detectamos, estamos hablando de esclavitud, que en el siglo XXI no podemos permitir que ocurra”, señaló el funcionario.
Por su parte, el director de Recursos de la Seguridad Social de la AFIP, Carlos Sánchez, evaluó que “las empresas que tercerizan a sus trabajadores deberían controlar que los empleados que prestan servicios lo hagan en las condiciones establecidas por la ley. De lo contrario, estamos frente a un ardid para eludir las verdaderas responsabilidades como empleadores”.
Los trabajadores rurales eran forzados a vivir en condiciones de hacinamiento en casillas de chapa sin aislante térmico ni protección contra alimañas e insectos; sin baños, sin electricidad y sin agua potable.
Tras la detección de casos de explotación de mano de obra en condiciones de servidumbre en distintos emprendimientos agrícolas de la provincia de Buenos Aires, las miradas recayeron sobre el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), gremio que conduce Gerónimo Venegas, alineado junto al ex presidente argentino Eduardo Duhalde, opositor al actual gobierno de Cristina Fernández.
El dirigente afirmó que el gremio viene haciendo operativos para detectar trabajo “en negro” en distintas empresas del país, a la vez que señaló que “nosotros no tenemos que aclarar nada de lo que venimos haciendo desde hace años”.
De esta forma, Venegas se refirió a las denuncias y operativos realizados por el Ministerio de Trabajo de la Nación y la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron cientos de casos de trabajadores rurales –entre ellos menores de edad– cumpliendo sus tareas “en condiciones de explotación y servidumbre” por parte de distintas empresas.
Los relatos de los trabajadores rurales temporarios son contundentes: “Ni siquiera sabemos cuánto nos van a pagar la hora”. “Ni siquiera sabemos cuántos días vamos a trabajar”. “Ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver”. “Cuando alguien se quejó, castigaron a toda la cuadrilla”.
De esta manera el “agronegocio” transfiere a los trabajadores el riesgo correspondiente a quien invierte el capital, mediante el aprovechamiento de una serie de factores: la falta de otras oportunidades laborales en la región a causa de la expansión de la frontera agrícola de monocultivos para exportación, determinada a su vez por la apropiación sus territorios campesinos y la absoluta ausencia de un sindicato que los defienda.
La práctica del “desflore del maíz” no es realizada por los pequeños, medianos o grandes productores agrícolas, ya que la siembra del maíz para consumo no lo requiere. Esta tarea, que se realiza manualmente, requiere gran cantidad de mano de obra y es una técnica que se aplica solamente para la obtención de semillas híbridas, para la venta.
La producción de semillas hibridas de maíz se realiza en el campo. Para realizar la hibridación, es necesario que los granos de polen de las inflorescencias masculinas (las espigas) fertilicen las "mazorcas" o “choclos” (inflorescencia femenina) de otra planta. Para que ello ocurra, se debe sembrar en el campo líneas elegidas como hembras, separadas de otras elegidas como machos.
El maíz tiene como característica que se puede autofecundar, condición que se debe evitar para producir un hibrido. Para ello, se utiliza un procedimiento llamado “castración”, o retirada de la inflorescencia masculina antes de la liberación de su polen.
La hibridación contribuye con el llamado “vigor del híbrido” para aumentar la productividad, la resistencia a las plagas y las condiciones climáticas. Ello ocurre al realizarse cruzamientos programados entre linajes genéticamente diferentes. Estos híbridos comerciales constituyen las semillas certificadas que están sujetas a patentamientos por parte de las transnacionales semilleras y ata al productor agrícola a su compra, temporada tras temporada. De lo contrario, el productor que sembrara parte de las semillas cosechadas evidenciaría la progresiva pérdida de vigor y, consecuentemente, de productividad a lo largo de las autofecundaciones.
El “agronegocio” produce en Argentina semillas a contraestación del hemisferio norte, lo que le permite exportar semillas listas para sembrar en temporada adecuada, representándole una importante fuente de ingresos, enviando semillas híbridas hacia los Estados Unidos y otros países de América Latina.
La mayoría de los trabajadores rurales contratados provienen de la provincia de Santiago del Estero. Según la socióloga Agustina Desalvo, la actividad recluta fuerza de trabajo entre los desocupados en condiciones de extrema explotación, sin embargo, la actividad del “desflore de maíz” no constituye una excepción.
“La misma realidad se repite en otros lugares del país donde los santiagueños realizan tareas rurales, como, por ejemplo, en la cosecha del arándano. Carentes de fuentes de empleo en su provincia de origen, los obreros santiagueños se ven obligados a migrar a otras zonas del país para proveerse un ingreso”, indica la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Informes de la científica revelan que el “desflorado del maíz” hoy es la principal actividad dentro del circuito migratorio de los campesinos santiagueños y que la producción de semillas híbridas es una actividad relativamente nueva, que se halla en ascenso desde la década de 1980 y que recibió un nuevo impulso con el auge de los “agrocombustibles”.
En pos de la rentabilidad, pareciera ser que el “agronegocio”, cuando no puede aplicar la llamada “tecnología de punta”, aún necesita de la mano de obra humana, si es esclava, mejor.
Recientemente, la AFIP amplió las sanciones a las empresas denunciadas por trabajo ilegal y esclavo, encargadas de contratar empleados rurales que vivían en condiciones infrahumanas.
Además de quitarle la Aduana Domiciliaria a Pioneer de DuPont, la AFIP excluyó a las empresas de todos los beneficios que se le brindan a las firmas que cumplen con sus obligaciones impositivas, aduaneras y de recursos de la Seguridad Social.
En consecuencia, ya no podrán actuar como proveedores del Estado, ya que se les rechazaron sus “Certificados Fiscales para Contratar”.
Además, fueron suspendidas del “Registro Fiscal de Operadores de Granos”, mecanismo que permite obtener reintegros de un porcentaje de los derechos de exportación practicados en las operaciones de comercialización de granos, así como también la obtención de alícuotas diferenciales sobre los mismos.
También se les quitaron los beneficios del “Certificado de No Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA)”, por lo tanto volverán a estar incluidos en los Regímenes de Retención del impuesto y se suspendieron las solicitudes de “Transferencia de Saldo de Libre Disponibilidad”, con lo cual no podrán trasladar los valores a terceros.
Paralelamente, quedaron denegadas las solicitudes de “Certificado de Crédito Fiscal” previstos en los regímenes de promoción industrial y minería. También se suspenden las inscripciones del “Registro de Combustibles”, por que lo que dejarán de gozar de los beneficios previstos por la norma.
Finalmente, la Aduana procedió a retirarles todas las herramientas de facilitación como el “Canal Verde” y el “Plazo Extendido para el Pago de Derechos”.
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