Tala ilegal afecta directamente a pueblos indígenas

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reconoció en la Opinión Consultiva OC-23/17 del 15 de noviembre del 2017, “relación innegable” entre la protección del medio ambiente y el ejercicio de los derechos humanos.

La Opinión Consultiva, que se dio en respuesta una solicitud presentada por Colombia en marzo del 2016 sobre la “grave degradación del entorno marino y humano en la Región del Gran Caribe”, establece que entre las obligaciones específicas de los Estados se encuentran los deberes de regular, supervisar y fiscalizar, requerir y aprobar estudios de impacto ambiental, establecer planes de contingencia y mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental.

En el caso específico de los territorios indígenas, la CorteIDH señaló que “proteger las áreas de reserva natural y los territorios de comunidades implica un deber de supervisión y fiscalización” de los Estados.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 23 de febrero a la CorteIDH el caso de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat de la provincia de Salta, en el norte de Argentina, que nuclea comunidades indígenas Wichí, Iyojwaja, Nivacklé, Qom y Tapy’y.

“Desde 1984, la Asociación Lhaka Honhat reclama que el Estado garantice el derecho de las comunidades a la propiedad comunitaria de sus territorios ancestrales”, precisó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a cargo del caso.

En 1998, la Asociación Lhaka Honhat presentó una petición ante la CIDH por “la violación de las obligaciones de respetar, proteger y adoptar medidas necesarias para asegurar el goce efectivo del derecho a la propiedad comunitaria”. En el 2012, indicó el CELS, “la CIDH declaró violados diversos derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en detrimento de las comunidades nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat y realizó recomendaciones al Estado Argentino para garantizar el territorio ancestral”.

Seis años después, “pese a que el Estado se comprometió en varias ocasiones —incluso a través del dictado de normas jurídicas— a entregar un título que respete las costumbres tradicionales de las comunidades, aún no se ha finalizado la demarcación y delimitación total del terreno indígena; no se han generado ni un 5% de las obras de infraestructura necesarias para que familias criollas puedan ser relocalizadas; no se ha tomado ninguna medida efectiva para combatir la tala ilegal de árboles ni se ha avanzado en el levantamiento de cercas y alambrados en el territorio indígena”, denunció el CELS.

La falta de demarcación y titulación de los territorios indígenas no sólo facilita la tala ilegal y el tráfico de tierras, sino que pone en riesgo la vida de los defensores del bosque.

En el Perú, en setiembre del 2014, los dirigentes asháninkas Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, integrantes de la Junta Directiva de la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto, en el departamento de Ucayali, cerca de la frontera con Brasil, fueron asesinados por taladores ilegales y luego abandonados en una quebrada. El crimen sigue impune.

Madera manchada de sangre:

En noviembre del año pasado, la organización ambientalista Greenpeace publicó el informe “Madera manchada de sangre”, en el que denuncia las muertes de personas a consecuencia de la demanda de maderas valiosas en Brasil.

Uno de los casos relatados por Greenpeace ocurrió en abril del 2017 en el estado occidental de Mato Grosso. Cuatro hombres armados ingresaron a un anexo del distrito de Taquaruçu del Norte, en Colniza, con el objetivo de aterrorizar a la población local. El grupo de exterminio, conocido como “Los Encapuchados”, recorrió cerca de 10 km perpetrando ejecuciones y torturas. Nueve personas resultaron muertas.

“Según denuncia del Ministerio Público de Mato Grosso, el ataque, conocido como ‘la masacre de Colniza’, fue motivado por la codicia de empresarios madereros y traficantes de tierras por la existencia de especies de alto valor comercial como ipê, jatobá y massaranduba, ampliamente utilizadas en la fabricación de muebles y en la industria de la construcción. El Ministerio Público acusó a Valdelir João de Souza, propietario de las empresas Madeireira Centroarana y G.A. Madeiras, de haber ordenado el crimen”, denunció Greenpeace.

“Gracias a la facilidad para cometer fraude en los sistemas de otorgamiento de licencias y control de madera en Brasil, casos como la ‘masacre de Colniza’ se están volviendo cada vez más comunes, especialmente en la Amazonia, donde los conflictos rurales son frecuentemente vinculados a la madera ilegal”, indicó Greenpeace. “La presión ejercida por la industria maderera y el grilagem [apropiación de tierras con títulos de propiedad falsos], está amenazando los bosques de la región y poniendo en riesgo a poblaciones rurales y tradicionales. Son innumerables los relatos de ejecuciones con gran crueldad, intentos de asesinatos e intimidación, lo que genera un clima de tensión y miedo en las vidas de las personas que defienden los bosques”.

“Estados como Pará, Mato Grosso y Rondônia son responsables de más del 85% de la producción de madera aserrada en la Amazonia”, manifestó Greenpeace.

“De existir un plan nacional de apoyo al manejo comunitario, la explotación maderera podría servir de fuente de ingresos para las poblaciones del bosque y como medio para mantener los árboles en pie, de manera segura, protegiendo el bosque. Pero no es eso lo que ocurre. Los estudios apuntan que parte de la madera que ingresa al mercado fue extraída de áreas donde la extracción no está permitida, como unidades de conservación de protección integral, territorios indígenas y áreas de manejo extractivo. Cuando las poblaciones tradicionales e indígenas se oponen al robo de madera, acaban poniéndose en la mira de la violencia, entre el bosque y los criminales”, añadió la organización ambientalista.

Fuente: Comunicaciones Aliadas