Sociedad civil impulsa el tratado de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos
La sexta ronda de negociaciones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas (OEIGWG), cuyo mandato es elaborar un instrumento jurídicamente vinculante sobre «las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en lo que respecta a los derechos humanos» [1], tuvo lugar en Ginebra del 26 al 30 de octubre de 2020.
A pesar de las limitaciones del Covid-19, la sociedad civil impulsa el histórico tratado
de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos
La presencia continuada cada año desde 2015 – año de inicio de este proceso – de cientos de representantes de las comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y movimientos sociales hace que sea uno de los más apoyados en la historia del OEIGWG. Este año, sin embargo, debido a las restricciones de COVID19, la presencia física en Ginebra fue limitada.
La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner fin a la Impunidad (Campaña Global) [2] contribuyó como siempre con propuestas sustanciales y concretas al texto negociado, tanto desde Ginebra como a través de las herramientas online de Naciones Unidas.
A principios de septiembre, la Campaña Global ya había advertido que la situación de pandemia mundial provocada por el coronavirus no planteaba las condiciones adecuadas para llevar a cabo una sesión de negociación con garantías de ser inclusiva y participativa. Si bien las Naciones Unidas permitieron la participación a distancia a través de diversas plataformas online, reiterados problemas técnicos obstaculizaron la intervención a distancia en las negociaciones. La declaración de la Campaña Global el último día de las negociaciones confirmó que su diagnóstico original era el correcto, “ya que las dificultades con que todos se encontraron en esta sexta sesión dieron lugar a un proceso poco ideal. Recordamos que este proceso debe ser una negociación intergubernamental, con un amplio espacio para la participación de la sociedad civil según las normas del ECOSOC».
Varios Estados como Sudáfrica, Cuba, Egipto, Azerbaiyán y Namibia demostraron una vez más su compromiso con el proceso y apoyaron un ambicioso Tratado Vinculante que respeta la resolución 26/9 y un enfoque en la regulación de las empresas transnacionales.
Esto contrasta con la posición de aquellos países cuyas economías dependen en gran medida de las empresas transnacionales con operaciones en el extranjero, que siempre se han opuesto a este proceso de las Naciones Unidas. Entre estos países están Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia, así como la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Organización Internacional de Empleadores, que tienen estatuto consultivo en las Naciones Unidas.
Al igual que en anteriores rondas de negociación, la Unión Europea – cuyos estados miembros votaron en bloque contra la resolución 26/9 – no realizó contribuciones al texto. De hecho, la presencia de la UE se limitó a formular preguntas con una intención aclaratoria, a pesar de que 847.000 ciudadanos europeos habían solicitado la participación de la UE en las negociacionees [3].
La semana pasada, los alcaldes y alcaldesas de ciudades europeas como Barcelona, Marsella y Estrasburgo pidieron a las autoridades locales de todo el mundo que apoyaran el Tratado Vinculante de la ONU sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos [4].
Lilian Galán, miembro del Parlamento de Uruguay y parte de la Red Interparlamentaria Global en apoyo al Tratado Vinculante de la ONU [5] dijo:
«Quisiéramos destacar una vez más -como una mayoría de los Estados ha hecho- la urgente necesidad de respetar el mandato de la OEIGWG establecido por la Resolución 26/9. El propósito del mandato es regular las actividades de las empresas transnacionales en lo que respecta a las normas internacionales de derechos humanos. Esto es explícito y todas las partes deben tenerlo en cuenta».
Erika Mendes, de Justiça Ambiental JA! Mozambique y coordinadora regional del programa Justicia Económica Resistiendo al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra África, declaró:
«La audiencia judicial del pasado miércoles en Francia contra el gigante petrolero Total ha demostrado lo importante que es mejorar el acceso a la justicia de las comunidades afectadas, otorgando jurisdicción a los tribunales de los países de origen de las empresas transnacionales. Sin embargo, la recolección de pruebas en Uganda ha sido una batalla ardua, ya que los líderes y las organizaciones comunitarias se enfrentan a continuas amenazas y hostigamiento. En Cabo Delgado (Mozambique), Total también lidera el auge del gas que ha llegado con el aumento de los conflictos, la violencia, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos y la desigualdad social. El tratado vinculante debe ir más allá, invirtiendo la carga de la prueba, garantizando el derecho de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado y asegurando una mayor protección para los defensores de los derechos humanos».
Josua Mata, del Grupo de Trabajo de Asia sobre el Instrumento jurídicamente vinculante (ATF):
«Escuchamos repetidamente que la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante llevará años. Algunos dicen que diez años. Nos gustaría recordar a los que negocian en nuestro nombre que cuanto más tiempo se demoren, más tiempo sufrirá nuestra gente, nuestra tierra y nuestro planeta los estragos de las empresas transnacionales sin escrúpulos».
En una declaración final entregada el último día de las negociaciones, la Campaña Mundial anunció:
«En un contexto de grandes dificultades y desafíos, la Campaña Mundial reafirma su fe en este proceso. A pesar de todos los desafíos a los que nos enfrentamos, hemos demostrado -mediante nuestro compromiso y nuestra numerosa participación- que seguimos plenamente convencidos de que este instrumento jurídicamente vinculante es necesario para hacer justicia a las personas afectadas y poner fin a la impunidad de las empresas transnacionales. El proceso se encuentra en una etapa crítica, con muchas amenazas que se vislumbran en el horizonte. Por lo tanto, presentamos nuestras propuestas y opiniones para restaurar la vitalidad de este proceso histórico y renovar el compromiso de las delegaciones y la sociedad civil por igual para lograr un tratado satisfactorio y duradero que aborde finalmente la impunidad corporativa».
Notas
[1] Este mandato es el resultado de la resolución 26/9 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Página oficial: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/wgtranscorp/pages/igwgontnc.aspx
[2] Una red de más de 250 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil (OSC), sindicatos y comunidades afectadas por las actividades de las empresas transnacionales (ETN), que representan a 260 millones de personas en todo el mundo.
[3] https://stopisds.org/
[4] https://bindingtreaty.org/local-authorities-in-support-to-the-un-binding-treaty/
[5] La Red Interparlamentaria Mundial en apoyo del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas está formada por más de 300 miembros de parlamentos de todo el mundo. https://bindingtreaty.org