Soberanía alimentaria
"La única política que se podría aceptar desde el punto de vista ecológico y social para la gran mayoría de los 3.000 millones de agricultores es la de la soberanía alimenticia. Significa que cada país o grupo de países tiene el derecho de proteger la agricultura, los puestos de trabajo y los ingresos de sus agricultores con barreras aduaneras tan elevadas como sean necesarias. Se trata de un proteccionismo defensivo legítimo, y una garantía contra el éxodo rural masivo hacia las grandes ciudades"
La semana pasada, la cuestión agrícola fue el centro de los debates del Consejo Europeo de Bruselas y de la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Hong Kong. En ambos casos, la política agrícola común (PAC) de la UE se vio sentada en el banquillo, para bien y para mal. Está claro que al plantearse esta cuestión bajo una pura lógica liberal sólo podía desembocar en unas soluciones poco convenientes por el hecho de obviar tres aspectos esenciales.
Primero: la producción de alimentos no constituye una actividad como las demás: responde a la necesidad vital de toda la humanidad. Cada individuo puede sobrevivir sin coche o móvil, pero no sin comer. Esta producción no puede reducirse a una gestión meramente mercantil.
Segundo: el concepto de agricultura designa actividades radicalmente diferentes, desde la artesanía a la producción industrial masificada. En efecto, ¿qué tienen en común las explotaciones de decenas de millares de hectáreas en Canadá, Argentina o Australia, con las pequeñas granjas de montaña de Suiza o las pequeñas parcelas que cultivan los arroceros coreanos y japoneses? En el primer caso, los empleos generados son muy escasos, y el entorno está ya uniformado o va camino de serlo, con un coste ecológico elevado, como se puede comprobar en la Amazonia. En el segundo, la actividad agrícola utiliza muchos activos y puede contribuir a la preservación de los ecosistemas. En un mismo país, como Francia, pueden coexistir ambos modelos, con todas las situaciones intermedias posibles. ¡A nivel mundial, las diferencias en productividad entre supuestos agricultores pueden oscilar entre el 1 y el 1.000!
Tercera aberración: mientras que el 90% de la producción agrícola mundial se consume en el interior del país que la produce --hablamos de los 3.000 millones de agricultores con los que hoy cuenta el planeta, es decir, la mitad de sus habitantes--, es el 10% restante de dicha producción, sea exportación o importación, la que se supone que fija el nivel de precios. En agricultura, la idea de mercado mundial no existe, mientras que sí lo hace para casi la totalidad de los productos manufacturados.
LA PAC, tras su puesta en marcha en 1962, tuvo el gran mérito de asegurar la autosuficiencia alimenticia de Europa, pero hubiera tenido que conformarse con esto. Desde finales los años 70, se convirtió en un factor desestabilizador de las agriculturas campesinas de los países del Sur por el hecho de subvencionar la exportación de los excedentes, provocando, de hecho, la caída de las cotizaciones mundiales, dentro de los límites que tiene este concepto, como acabamos de ver. Los demás países ricos, y EEUU el primero, actuaron igual, de forma más o menos disimulada, con la ayuda alimenticia a los países víctimas de catástrofes y guerras civiles.
La reivindicación de la supresión de todas las subvenciones a la exportación de casi todos los países del Sur, empezando por una buena parte de los miembros del G-20 encabezado por Brasil, está absolutamente justificada. Desde este punto de vista, es una buena noticia que se hayan fijado plazos, tanto en Bruselas como en Hong Kong, para acabar con ellas a principios de la próxima década. Lo que, en cambio, no es en absoluto aceptable es la creciente facilidad para acceder al mercado por razón de la rebaja de las tarifas aduaneras sobre los productos agrícolas. Los países que se beneficien de condiciones físicas favorables, aun no recibiendo subvenciones a la exportación, podrían inundar a los demás con sus productos, provocando la ruina de decenas de millones, por no decir cientos de millones de pequeños agricultores.
En estas condiciones, la única política que se podría aceptar desde el punto de vista ecológico y social para la gran mayoría de los 3.000 millones de agricultores es la de la soberanía alimenticia. Significa que cada país o grupo de países tiene el derecho de proteger la agricultura, los puestos de trabajo y los ingresos de sus agricultores con barreras aduaneras tan elevadas como sean necesarias. Se trata de un proteccionismo defensivo legítimo, y una garantía contra el éxodo rural masivo hacia las grandes ciudades muy superpobladas.
EN CUANTO al proteccionismo ofensivo, éste se eliminará cuando se supriman todas las subvenciones directas o indirectas a la exportación. Es en este sentido que se debe reformar radicalmente la PAC. Pero, por el hecho de ponerse de lado de sus grandes lobis y multinacionales del agrobusiness, y en contra de los intereses de los campesinos de otros países en vías de desarrollo, algunos gobiernos del Sur, entre ellos Brasil, aliado de Washington en este asunto, se convierten en heraldos de un librecambismo desenfrenado. Deberían recordar que así se convierten ellos también en víctimas del mismo librecambismo en el sector servicios y en los productos no agrícolas.
Bernard Cassen
Periodista y director general de Le Monde Diplomatique.
Traducción de Caroline Rouquet.