Sin tregua: terror para líderes sociales y firmantes de paz en Colombia

El pasado miércoles 23 de marzo en uno de los barrios marginados del sur de Bogotá, agentes de la Policía encontraron los cuerpos de dos hombres y una mujer. Allí, en un descampado del barrio Compostela de la localidad de Usme, se registraba la masacre número 25 del año 2022, según los registros de INDEPAZ.

La ola de violencia que se presencia en distintas regiones del territorio nacional parece querer instalarse en la capital. Luego del criminal hallazgo, la Defensoría del Pueblo llamó la atención de autoridades que, siendo informadas de la incidencia de grupos armados al margen de la ley, no han adoptado planes de contención ante amenazas criminales en distintos sectores de la ciudad.

Ese mismo día, pero en el departamento de Cauca, al sur del país, Jorge Canchi Ramos se convertía en el firmante de paz número 11 asesinado en este primer trimestre del año. El ex guerrillero de las FARC administraba una finca en el municipio de El Tambo, como parte del cumplimiento de su proceso de reincorporación a la vida civil. Con Ramos, se cuentan 310 los firmantes del Acuerdo de Paz asesinados desde el inicio de la implementación del pacto.

También en Cauca, en el municipio de Argelia, fue encontrado sin vida el líder social Richard Betancourt, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Clara. Richard fue atacado por sujetos armados muy cerca de su vivienda. La comunidad reconoce su trayectoria en el trabajo solidario en favor de grupos poblacionales desplazados por la violencia en ese departamento.

Con la muerte de Betancourt, son 43 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en entre los meses enero y marzo de 2022.

Sólo dos días después, se tuvo la noticia del atentado a Alcibíades Moreno Moreno, defensor de los mineros en la zona esmeraldera de Muzo, en el departamento de Boyacá, además de presidir la asociación de guaqueros, trabajadores precarizados que exploran las vetas en busca de una piedra preciosa con la que buscan sobrevivir.

Un fenómeno de violencia de nuevo cuño, muy poco conocido entre las grandes audiencias de Colombia, es el revelado por el medio digital Cero Setenta. De acuerdo con su investigación, al menos cuatro jóvenes de la comunidad Emberá Dobida se han suicidado para evitar el reclutamiento forzado con el que varios grupos criminales quieren someter a los más jóvenes en Bojayá, en el departamento de Chocó.

En los meses recientes, han sido al menos cuarenta los intentos de suicidio según declaraciones de autoridades eclesiales y civiles. De acuerdo al testimonio, es la forma desesperada que encuentran los muchachos en esos territorios para evitar ser obligados a empuñar las armas. La disputa por rutas de economías ilegales somete con distintas formas de violencia a la población en varias zonas del sur del país.

Colombia es el país más peligroso para el ejercicio de la defensa de derechos humanos
en todo el mudo. En 2021 el país fue ubicado en el primer lugar, por segundo año
consecutivo 

Según el informe el informe Análisis Global 2021 de la organización Front Line Defenders, fueron 138 las víctimas mortales por su trabajo en defensa de la vida. Detrás están México y Brasil, que marcan un registro muy por detrás del de Colombia — 42 y 27, respectivamente, asesinatos de defensores de derechos humanos.

Los niveles de violencia en Colombia contra los defensores de derechos humanos contrastan bastante con la de países como Afganistán. El país asiático sufrió una invasión militar directa por tropas de Estados Unidos durante 20 años, sin tregua. En una guerra intensa durante meses, en 2021, los extremistas del talibán sacaron a los norteamericanos de su territorio y tomaron el poder. Pese a esas circunstancias, Afganistán, según el informe anteriormente citado, tuvo 19 asesinatos de defensores de derechos humanos en el mismo periodo.

Fuente: Desinformémonos