Sigue la tala ilegal en tierras originarias pese una cautelar que la prohíbe

A los ojos de los realizadores, el evento surgió inmediato. A mediados de marzo, durante la filmación, elegían un lugar con monte para tomar imágenes. Al volver al día siguiente vieron la devastación del lugar a raíz de la tala ilegal en un territorio reconocido de uso ancestral por un relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El hecho ya fue denunciado ante la Justicia en 2019 pidiendo que se ordene una acción que evite el desmonte en las 593 hectáreas de territorio originario. El 30 de diciembre de 2019 la Justicia de Tartagal hizo lugar a la medida cautelar presentada por la abogada Cecilia Jezieniecki ordenando a quienes realizaban acciones que afectaban al territorio, abstenerse de seguir con esa actividad.

La devastación refería al alambrado del territorio, así como el ingreso de ganado y la tala de madera. La jueza tartagalense Griselda Nieto dispuso la suspensión de todas “aquellas actividades/acciones que alteren o modifiquen la situación de hecho en el Territorio que es de ocupación comunitaria y lo sea hasta llegar al juicio principal, bajo apercibimiento de desobediencia judicial”. En aquel momento además de dar intervención a un juez de Paz de la jurisdicción, se decidió dar también lugar a la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, “por la extracción de madera”.

A más de dos años de la resolución judicial la afectación del territorio wichí continúa. “Estuvimos hasta el 15 de marzo y era constante y permanente” la tala de madera, dijo Kraft a Salta/12 al relatar su experiencia. Afirmó que pese a las denuncias que se presentaron ante la Policía no hubo intervención y solo le decían a la comunidad “que se organicen entre ellos”.

Uno de los tópicos del documental apunta a la recuperación que hace el cacique Juayuk (o Juan de Dios López, según el nombre occidental), quien “recupera árboles cortados de cuajo con motosierras, o árboles quemados hasta sus raíces”, indicaron los realizadores. Esto es posible por el saber ancestral de Juayuk, pues “puede combinar especies hibridando semillas nuevas en estas raíces que aún tienen vida”.

A entender de Kraft, la devastación del monte originario “está coordinado por productores madereros que atentan contra las comunidades”. Relató también sobre una estrategia que se utilizó desde siempre en la zona y es el título registral de las tierras, a veces hasta imperfecto, para apropiarse de los territorios “y plantar soja”.

En los territorios se llevan a cabo distintas medidas para intentar desplazar a las comunidades, como la tala, prender fuego a la madera, o usando artimañas como dar las tierras en comodato (que implica que quien está en el territorio firme y con ello traslade la propiedad de las tierras a los apropiadores), y si todo falla, convocar a otras familias ajenas a la comunidad para iniciar un conflicto interno.

“Entendemos que el negocio de la provincia es la soja y no ver más allá”, dijo Kraft al sostener que poco se toma en cuenta el hecho de que esta es una zona declarada de emergencia sanitaria y “muy sensible”. “No entienden el nivel de desastre a nivel social y sanitario que se hace en poco tiempo”, agregó el realizador audiovisual.

El documental en muchos aspectos intenta rescatar el vínculo de la cultura wichí con la naturaleza, que también es parte de la cultura de todos los pueblos originarios. ”No queda otra que hacer una denuncia por la vulneración de los derechos humanos en la zona”, dijo Kraft al plantear que uno de los objetivos que acompaña el documental es generar una propuesta superadora para hacer del territorio liderado por Juayuk, un santuario de naturaleza. “Pero están atentando donde queríamos hacer el proyecto”, afirmó.

Garantía de impunidad

“Desde hace tiempo la Comunidad viene sufriendo de manera constante la tala de su bosque nativo. Personas ingresan al territorio y hachan el monte, lo hacen por lo general a la noche, los sábados y domingos. Talan toda la noche y luego se retiran con los camiones cargados. Lentamente están depredando el bosque nativo y la Comunidad”, manifestó Jezieniecki, abogada de la Comunidad, en un documento que dio a conocer ENDEPA.

“Todas estas intromisiones implican una vulneración de los derechos territoriales de la Comunidad originaria, quien ya realizó varias denuncias a la policía, al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Salta, pero nunca obtuvo respuestas. La policía rural no va a cotejar la tala que ellos denuncian y el Ministerio solamente realizó un acta”, añadió.

El acta de inspección N° 042-000942 realizada por la Secretaría de Ambiente, el 6 de septiembre de 2018, manifiesta que “la Policía Rural y Ambiental N° 4 de la localidad de Tartagal, habiendo constatado la existencia de ejemplares cortados de cebil y palo blanco en las coordenadas geográficas referidas”.

Juan de Dios López señaló con preocupación que “la tala nos obliga a retirarnos de nuestro territorio y abandonar lo que es nuestro, abandonar nuestro sacrificio y no queremos eso. Hicimos muchas denuncias porque sabemos de la situación y queremos que se detenga el desmonte en territorio indígena. Para nosotros el monte es vital, es estar junto a la naturaleza, respetando el llamado de la madre naturaleza, viviendo de manera saludable”.

En relación al avasallamiento constante al que están siendo sometidos, López afirmó que “estas acciones están destruyendo nuestra cultura y están provocando la división de nuestras fuerzas. El indígena durante décadas ha fortalecido el territorio, fortalecido a los árboles y ahora estas empresas mandan topadoras para avasallar todo el territorio indígena. Nosotros queremos proteger nuestro territorio, buscamos que se cumplan nuestros derechos. Somos culturales, la tierra es nuestra vida”.

La tala si, el carbón no

Entre el 24 y 25 de marzo pasado se secuestraron dos vehículos por haber cargado carbón vegetal en Misión Carboncito, comunidad wichí de la jurisdicción de Embarcación, también municipio del departamento San Martín. La contravención fue llevar carbón sin los papeles que autoricen la explotación de esta producción. Esto pese a existir un acta acuerdo que la fiscala de Embarcación, Gabriela Souto, decidió desconocer por entender que está fuera del marco legal, pese a que los funcionarios policiales y municipales firmaron el acta en 2020 para que las comunidades que integran la Asociación La Nueva Integridad puedan vender el carbón en la pandemia.

A Patricio Alarcón le secuestraron la semana pasada la camioneta por llevar el carbón producido por la comunidad. Fue multado con 10 mil pesos (las 30 bolsas de carbón que llevaba valen 6 mil pesos), y la disposición de plantines en una escuela. Tras diversos trámites burocráticos que tuvo que sortear hasta el miércoles, una semana después del hecho, la camioneta seguía secuestrada y le dijeron que volviera el lunes y quizás la podría retirar. El cacique y titular de la Asociación La Nueva Integridad, Ceferino Vallejos, en tanto, ni siquiera logró una audiencia con la fiscala Souto y también tiene su camioneta recién comprada bajo secuestro.

Para producir el carbón los wichí usan madera seca, es decir que no se produciría un daño a los montes. En sus territorios la tala o el desmonte son en realidad las actividades que terminan degradando el monte. 

Ayer mismo se conocieron fotos de camiones que llevaban la madera cortada desde algunos sectores de Santa Victoria Este (SVE), en el departamento Rivadavia. La acusación es la misma. Se avisa a la Policía pero no actúan. 

En los lotes 55 y 14 de SVE, intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CDIH), en el caso “Comunidades Indígenas Miembros De La Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”. En su fallo, el tribunal máximo a nivel americano indica que “en cuanto a la tala ilegal, este Tribunal nota que el Estado ha afirmado que realiza tareas de ‘monitoreo’ y ‘seguimiento’, inclusive a partir de ‘denuncias’. Por lo tanto, sin perjuicio de las medidas ordenadas, este Tribunal insta al Estado a continuar con sus acciones de monitoreo y seguimiento, y adoptar otras que sean eficaces a tal fin. En particular, la Corte exhorta al Estado a mantener o instalar puestos de control”.

Fuente: Página/12