Semillas y software: no tan distintos

Cuando Vernon Hugh Bowman decidió plantar 120 hectáreas con soja, ni se imaginó que terminaría siendo enjuiciado por la compañía más importante del mundo en semillas, y menos todavía podía imaginar que su caso podía terminar repercutiendo en la industria del software. En sus palabras, “ni siquiera soy lo suficientemente grande como para llamarme granjero”.

Este hombre de 75 años se dedica al cultivo de soja en el sudeste de Indiana, en Estados Unidos. En febrero último llegó a todos los titulares porque el caso que lo enfrenta a Monsanto, la compañía de semillas, fertilizantes y pesticidas más poderosa del planeta, llegó a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.

Lo curioso es que la resolución de este caso —prevista para el mes próximo, junto con otro relacionado con el patentamiento de organismos vivos— podría tener impacto no sólo en el futuro de los cultivos modificados genéticamente, sino también en la comercialización de programas informáticos. ¿Por qué? Por una cuestión de patentes y derechos de autor.

Los límites del derecho

Todo comenzó con una semilla de soja modificada genéticamente para resistir el herbicida Roundup, ambos patentados por Monsanto. Ahora, ¿qué sucede cuando el dueño de la propiedad intelectual vende una copia de su producto? ¿El comprador es libre de hacer lo que quiera con él?

El problema surge cuando ese producto tiene la capacidad de reproducirse; es decir, de producir copias de sí mismo. ¿La propiedad intelectual del dueño del producto expira tras la primera venta? Según la postura del granjero Bowman, una vez que Monsanto vendió la semilla patentada, la protección de la patente termina para esa semilla, ya que el objetivo natural de la semilla es producir más semillas. Este granjero de Indiana compró soja en el silo de un acopiador. Allí tenían mezcla de semillas que pequeños y medianos productores vendieron al silo. El acopiador en cuestión no decía vender semillas, sino porotos de soja. Pero que también sirven como semillas: se plantan y crecen.

Bowman plantó esos porotos y luego aplicó el Roundup de Monsanto, que contiene el herbicida glifosato, que se deshace de la maleza. Pero claro, es dañino para muchas especies de soja, así que terminó eliminando a las variedades no resistentes al herbicida. Lo único que le quedó fue la soja que contenía la modificación genética creada por Monsanto, especialmente diseñada para tolerar el herbicida que también fue diseñado por ellos. Esta variedad de soja es conocida como Roundup Ready (RR).

Según Ana María Vara, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín especializada en controversias técnicas y ambientales, “Bowman sabía bien que a los productores que le compran semillas de soja RR, Monsanto les hace firmar un contrato que dice que no pueden replantar o que, si lo hacen, le tienen que pagar un ‘fee’. Esto es hoy la práctica habitual en las empresas que comercializan semillas: en la Argentina, se llama contrato de regalía extendida”. Y agrega: “Es decir, que Bowman intentó otro camino para sobrepasar el obstáculo de la protección a la propiedad intelectual que dan los contratos que hace firmar Monsanto: compró porotos (porque no se los compró a un semillero) y los usó como semillas”.

“Los analistas coinciden en que, a partir de la audiencia del pasado 19 de febrero, lo más probable es que la Corte Suprema le dé la razón a Monsanto —expresa Vara—. Los argumentos esgrimidos por los jueces tienen que ver, fundamentalmente, con que Bowman, con la soja que compró, tenía el derecho de hacer muchas cosas (como darle de comer a sus animales o hacer tofu), pero no replantarla, porque eso implicaría que estaba haciendo copias de la misma. Y eso no lo puede hacer porque afecta los derechos de propiedad intelectual de Monsanto.”

El tsunami de Bowman

“Monsanto versus Bowman es un caso emblemático para la industria biotecnológica”, dice Cecilia Aloise, del Departamento Legal de Clarke, Modet & Co Argentina. “La resolución de la Corte de Estados Unidos reviste gran importancia dado que definirá la interpretación del órgano jurisdiccional con relación al alcance de las patentes biotecnológicas. Es posible que el caso tenga repercusiones en otras industrias como la informática y el software, que parecieran en teoría encontrarse tan ajenas a la problemática de las semillas”, agrega.

“En el improbable caso de que la Corte sentencie en contra de Monsanto (resolviendo que la venta de la semilla importa el agotamiento del derecho sobre la patente y, por tanto, la imposibilidad jurídica de Monsanto de imponer controles y condiciones al cultivo de su semilla patentada), se abriría un interesantísimo camino no sólo para el productor agropecuario (que podría reproducir y usar la semilla patentada con la más absoluta libertad, sin depender de los términos de venta y licenciamiento de Monsanto) sino que, además, se abriría el juego para otras industrias y comunidades —como la informática— que definitivamente abogará por una aplicación análoga de la teoría del agotamiento del derecho para la replicación y copia del software”, dice Aloise.

Para Beatriz Busaniche, miembro de Fundación Vía Libre y especialista en propiedad intelectual, “hay un eje central a considerar aquí que reúne a las empresas biotecnológicas y a las informáticas, y a toda otra empresa que basa su negocio en la propiedad intelectual”. Y agrega: “La cuestión a considerar es cuándo y cómo se agota el derecho del titular de un derecho de propiedad intelectual, sea la patente de una semilla o el ‘copyright’ de un software. Cuando una persona compra un libro, el derecho del vendedor del libro se agota. La existencia de esta instancia de agotamiento del derecho es la que permite la existencia de bibliotecas, librerías de usados y todo un mercado que va más allá del derecho de la editorial, que no vuelve a cobrar”. Pero en el desarrollo de software hace ya varias décadas que se instauró la lógica del licenciamiento. Cuando se adquiere un programa no se compra ese programa, sino un permiso de uso en determinadas condiciones.

Martín Carranza Torres, profesor titular de “Derechos Intelectuales” en el posgrado “Derecho de Alta Tecnología” de la UCA, cree que “hay enormes diferencias en la manera de encarar el problema por parte de las semilleras y de la industria del software. El régimen de propiedad intelectual que protege a las semillas es el de patentes mientras que el que protege al software es el de derechos de autor”. Para el abogado, “la industria del software está intentando migrar su protección desde el insulso sistema de ‘copyright’ hacia uno más fuerte de patentes, que las semilleras ya tienen desde mucho antes. Las empresas de software están pasando por un momento de altísimo riesgo en lo que se refiere a su protección”. Con respecto a los efectos del caso Bowman-Monsanto, aclara que “la nulidad de una cláusula contractual resultante de la adquisición de una patente afectaría a los contratos futuros”.

Con respecto al impacto que puede tener en la industria informática, Aloise considera que es necesario “hacer una distinción preliminar, ya que no todos los países aplican el mismo régimen de protección a los programas de computación. Mientras que en Estados Unidos el software puede ser patentado (es decir, recibe protección por vía del régimen de patentes), en la Argentina los programas de computación quedan amparados por el régimen de Derechos de Autor”.

“En consecuencia —agrega—, si bien el caso Bowman seguramente tendrá repercusión directa en el régimen de protección del software estadounidense, en regímenes de derechos autorales como el argentino tal influencia sería mucho más indirecta y difusa. Además, una sentencia a favor de Monsanto que condene a Bowman por reproducción ilícita de la semilla patentada difícilmente tenga influencia sobre el régimen argentino de protección del software, dado que es la misma Ley de Propiedad Intelectual la que prohíbe cualquier tipo de copia y/o replicación no autorizada del software”. Pero advierte que “una sentencia en contra de Monsanto sí podría reinstaurar la discusión sobre las limitaciones de los derechos de los titulares de patentes y, en consecuencia, tal discusión podría motivar iniciativas de modificaciones a la legislación autoral”.

Por Martín Cagliani

La edición original de este artículo se publicó por primera vez en la revista Information Technology N°188 (mayo de 2013).

Fuente: Information Technology