Semillas transgénicas en Argentina: De las puertas giratorias a las tranqueras abiertas

Ello ha permitido que las aprobaciones de semillas transgénicas en Argentina, se sustenten en la actividad reglamentaria del Ministerio de Agricultura de Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP), que si bien posee competencia en materia de semillas, no podemos aceptar sin objeciones que en lo que respecta a las creaciones biotecnológicas, aquella reconozca una génesis normativa válida.

En efecto, las semillas transgénicas son contempladas en el decreto 2183/91 que al reglamentar el Art 2 de la ley de semillas 20.247 incluyó en el concepto de creaciones fitogenéticas a las biotecnológicas. Esa reglamentación a todas luces se muestra irrazonable al excederse el marco de la ley de semillas.

La ley define a las creaciones fitogenéticas como el cultivar obtenido por descubrimiento o por aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas, lo cual técnicamente es así, mientras que el decreto 2183/91, va mas allá , al considerar dentro de la fitogenética a toda variedad o cultivar, cualquiera sea su naturaleza genética, obtenido por descubrimiento o por incorporación y/o aplicación de conocimientos científicos.

Como se observa, estamos en presencia de una distorsión conceptual que deviene en un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional, al incluir dentro de los procesos convencionales de mejora genética heredable de las plantas (fitogenética), a la inyección in vitro de ácido nucleico (biogenética), dado que esta ultima categoría no pudo ser prevista por el legislador, por su inexistencia al momento de legislar, sin perjuicio de la deformación marcada.

Bajo este marco normativo anómalo, sin intervención del Congreso Nacional y , consecuentemente, el ejercicio de una competencia - sin parámetros soberanos - del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), se erigió un escenario favorable para que las grandes corporaciones biotecnológicas como Monsanto, Dow Chemicals, Syngenta, Pionner y Bayer, pudieran desandar sus influencias y presiones en las oficinas y despachos del Ministerio de Agricultura y de los órganos técnicos - Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) - que intervienen en las evaluaciones de las semillas transgénicas; todo ello con el objetivo de obtener, sin obstáculos las aprobaciones correspondientes.

Las pruebas de esas injerencias las encontramos, por ejemplo, en el intento del PEN (a instancias del MAGyP) de dictar un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en relación a las semillas para fijar un régimen del uso propio sobre aquellas y establecer un canon tecnológico respecto de las modificadas genéticamente; en igual sentido, en el constante dictado de resoluciones administrativas reglamentarias, que van flexibilizando pausada y deliberadamente las aprobaciones de los eventos biotecnológicos; también hallamos la persuasión corporativa en el lobby ejercido a través de la realización de congresos y conferencias que las empresas biotecnológicas organizan, invitando a funcionarios del Ministerio, del SENASA y miembros de la CONABIA, bajo el pretexto de la elaboración de directivas o pautas de análisis de riesgo para un mejor funcionamiento del proceso de evaluación, que a la postre son consideradas y citadas en las resoluciones que otorgan las autorizaciones de las semillas transgénicas.

El periodista Darío Aranda en una nota publicada en el mes de Marzo de este año en la Revista MU, denunció como varios integrantes de la CONABIA - órgano consultivo que asesora al Ministerio de Agricultura sobre los aspectos ambientales de los transgénicos - son alfiles de las empresas biotecnológicas.

Cuando Marie-Monique Robin menciona las puertas giratorias en su libro “El mundo según Monsanto”, describe el modus operandi por el cual, empleados de las empresas biotecnológicas pasan a ser funcionarios públicos y luego retornan a sus antiguos puestos en la actividad privada, generando un circulo vicioso que permite que las empresas involucradas obtengan importantes concesiones y/u omisiones ventajosas del estado.

Pues bien, esa alegoría de la autora francesa, en el caso argentino consideramos que debe ser aggiornado y corresponde hablar de "tranqueras abiertas". Y esto es así, ya que como venimos apuntando, las empresas tienen todo a su disposición para obtener la aprobación de una semilla transgénica en Argentina, a saber: ausencia de una ley de presupuestos mínimos en materia de biotecnología; miembros de la CONABIA y del Comité Consultor del SENASA financiados (directa o indirectamente) o vinculados con las empresas biotecnológicas; regulación abiertamente laxa , permisiva y acomodada a la actividad con vista exclusiva en los intereses de las empresas, sin que estas asuman ninguna responsabilidad por las externalidades negativas que aquella genera; omisión de la participación ciudadana y cero precaución y control del estado.

Este panorama de tranqueras abiertas, se profundiza aun más, si reparamos que el Estado Nacional se apresta a aprobar en los próximos años en Argentina, más de 20 semillas transgénicas.

Por ello, es necesario construir una fuerte contraola social, en la que se asuman con dedicación y compromiso las obligaciones que nos corresponden como ciudadanos. Bajo esa premisa, se debe exigir un freno republicano al derrotero biotecnológico desenfrenado del Estado, reclamando caso por caso, fomentar y provocar el debate que incluya a los sectores afectados e interesados y en todos los espacios de acción posibles, con la teletesis inicial de concientizar que el problema no son los cultivos en sí, sino el modo de producción que se ha elegido e impuesto.

En términos de la novísima Encíclica Papal Laudato Si, esas exigencias son la base para la cimentación de una ecología política, pues los fundamentos del reclamo social del que hablamos, no es sino someter el desarrollo agrobiotecnológico, al escenario (tamiz) de una auténtica democracia participativa donde la soberanía alimentaria se encuentre asegurada, y a partir de ahí, avanzar con equidad - y a la luz de una mirada precautoria - hacia un efectivo cuidado de la salud humana, calidad de vida, conservación del ambiente y preservación de la biodiversidad. Se trata de bienes que no pueden quedar en manos de un estado devenido en autócrata y un dogma científico financiado por las corporaciones económicas.

En ese norte marcado, el rol de la sociedad civil procurando y exhortando el ejercicio del poder político bajo las premisas del bien común y la mejora del valor epistémico de la democracia, es fundamental.

Y si hay algo de lo que muchos sectores y colectivos sociales son conscientes - tal como se concluyó en el 6° Encuentro de Pueblos Fumigados en Los Toldos, provincia de Buenos Aires en Setiembre de 2014 - es que el estado en la materia que tratamos, está presente, pero como cómplice de las corporaciones económicas.

Este último convencimiento, que emerge como un acto soberano de conciencia social , es un buen punto de partida para procurar el cambio e ir por el necesario y vital cometido de empezar a cerrarle tranqueras a la autocracia estatal y a los tejidos perniciosos de la ciencia dogmática gestionada por los poderes económicos.

Fuente: Naturaleza de Derechos