Semillas de Berta

Bertita, como la llaman amorosamente, se comprometió a fortalecer la organización a la que Berta entregó su vida, y resistiendo ahora a los bancos, actores claros del conflicto y financiadores del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, vinculado con el asesinato de líderes comunitarios y señalado por actos graves de corrupción.

Por Claudia Korol

En la noche del 2 de marzo de 2016, unos sicarios ingresaron a la casa donde vivía Berta Cáceres, en La Esperanza, Honduras, y le dispararon a quemarropa. También hirieron en ese ataque al ambientalista mexicano Gustavo Castro, que sobreviviendo al ataque hoy es testigo del crimen.

El asesinato de la coordinadora general del Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) pretendió terminar con la lucha que el pueblo lenca de Río Blanco realiza para evitar que la empresa DESA (Desarrollos Energéticos SA) instale sobre el río Gualcarque el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Buscaba también desmoralizar al Copinh, desorganizarlo, para suprimir la resistencia lenca que ya había logrado expulsar a la transnacional china Sinohydro. El crimen de Berta fue precedido de otros, como el asesinato de Tomás García, líder de la comunidad de Río Blanco.

En la lucha del Copinh, nacional e internacional, por Justicia para Berta, se han dado algunos pasos importantes. Hoy hay ocho personas presas. Cinco son autores materiales del crimen, y tres personas son de autoría intermedia: Sergio Rodríguez, gerente técnico y ambiental de DESA, Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA (que amenazó a Berta en numerosas oportunidades), y Mariano Díaz Chávez, agente del estado mayor de las Fuerzas Armadas, instructor de la Policía Militar. Sin embargo el Copinh denuncia la persistencia de la impunidad, dado que se está realizando un juicio lleno de irregularidades, lo que podría favorecer en algún momento la libertad de quienes están siendo juzgados, y porque no se avanza en el enjuiciamiento a los responsables intelectuales del femicidio político de Berta Cáceres.

El gobierno de Honduras y la empresa DESA son corresponsables del crimen, pero sin embargo no lograron los objetivos que perseguían. Aún con el dolor encima por la pérdida física de Berta y de sus compañeros, arreciaron la lucha contra Agua Zarca, y hoy están celebrando algunos triunfos importantes.

Después de un período de reorganización interna, continuando con la defensa del río Gualcarque, y con el enfrentamiento a otros 49 proyectos extractivistas en territorios lencas, se realizó los días 27 y 28 de mayo último la XIª Asamblea General del Copinh, con el lema “Frente al extractivismo asesino, más lucha y organización en el camino”. En el encuentro se reafirmaron y actualizaron –de acuerdo con el análisis colectivo del contexto actual–, los lineamientos políticos del Copinh, y se eligió una nueva dirección.

Bertha Zúniga Cáceres, hija de Berta, fue elegida coordinadora general del Copinh. Con el mismo coraje con el que después del asesinato de Berta asumió la denuncia del crimen de su mamá, y la dirección de las iniciativas que dan continuidad a su lucha, con la misma firmeza con la que enfrentó recientemente amenazas y atentados contra su vida, Bertita –como la conocemos y queremos– se dispuso a asumir el compromiso de fortalecer la organización que Berta fundó y a la que entregó su vida.

En esta entrevista dialogamos con Bertita, en un momento en que el Copinh celebra junto a la comunidad de Río Blanco la suspensión del proyecto Agua Zarca, por el retiro de la financiación al proyecto por parte del banco holandés FMO, de la financiera finlandesa Finnfund. Nos dice con serenidad y sin ningún tipo de exitismo la coordinadora general del Copinh.

–Nosotros hemos convocado a nuestras comunidades lencas a hacer la celebración de la salida de dos de los bancos financiadores del proyecto Agua Zarca: el FMO y el Finn Fund, ya que es resultado de una lucha bastante fuerte desde el año 2013, cuando comenzó la construcción del proyecto Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco. Después del asesinato de Tomás García en noviembre de 2013, entraron estos nuevos bancos -al salir Sinohydro y el Banco Mundial-, a pesar de que mi mamá como coordinadora general del Copinh ya les había escrito diciéndoles que no entraran a este proyecto, porque era un proyecto violador de los derechos humanos, y estaba vinculado con el asesinato de líderes comunitarios y con actos de corrupción. Ellos hicieron caso omiso de su advertencia. Ella hizo una lucha bastante fuerte a nivel comunitario, desde el Copinh, y también un esfuerzo de incidencia sobre estos bancos. En el mes de abril de 2016 iba a viajar a Europa para reunirse con los bancos, pero un mes antes de esa reunión fue asesinada.

Ahora los bancos salen, y sus voceros dicen que lo hacen “como acto de buena voluntad”. Sabemos que no es así. Ellos salen por estar vinculados –aunque sea indirectamente– a estos crímenes, al asesinato de Berta Cáceres, y a otros actos criminales de violación de los derechos humanos en América Latina y en el mundo. Ellos se ven obligados a salir, por la presión nacional e internacional. Nosotros lo vemos como una victoria de la lucha, y no como un acto de buena voluntad. También sabemos que la lucha no ha acabado aquí, porque ellos dicen que van a hacer un proceso de “salida responsable”, en el que involucran otra vez a DESA –la empresa constructora de Agua Zarca–, y según dicen van a preguntar a las comunidades en el área de influencia si quieren o no el proyecto hidroeléctrico. Esto podría terminar en un acto malicioso, corrupto, en el que digan que sí, que quieren un proyecto hidroeléctrico, y obviamente eso reimpulsaría la construcción de Agua Zarca, porque de hecho estaba otorgada por 50 años. Entonces nos mantenemos en alerta, y alertamos a la gente a no contar la historia como definitiva, a pesar de que sí es un avance.

Estamos ante un triunfo con muchas amenazas. De modo que al tiempo que festejamos, tenemos que redoblar la exigencia de que salgan definitivamente la empresa DESA y todas las financiadoras. ¿Es así?

–Esa es la idea, es el mensaje que queremos transmitir. El 1° de marzo de este año, en el marco del primer aniversario de la siembra de nuestra coordinadora general, interpusimos un recurso de impugnación para quitar la concesión al proyecto Agua Zarca. Sin embargo, éste fue rechazado por la Corte Constitucional, y nosotros vemos que en Honduras no hay intenciones reales de sancionar a la empresa, a pesar de que está claramente vinculada al crimen. La Misión de Apoyo a la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (Maccih) ha anunciado que va a investigar a DESA por corrupción e incluso por lavado de activos. No entendemos por qué el Estado de Honduras no toma una acción de sanción a esta empresa. Lo entendemos como un acto de complicidad con la empresa privada, que tiene estos proyectos de muerte en la zona lenca, y por toda Honduras.

Cuando los bancos hablan de “consulta a las comunidades”, ¿podría jugar a un enfrentamiento entre comunidades?

–Es una mal llamada “consulta”, porque recordemos que la consulta a las comunidades se hace previamente a la instalación de un proyecto, en condiciones de libertad de decisión, cosa que acá no hay. Acá las fuerzas represivas, militares y paramilitares han participado intimidando a las personas que están contra el proyecto, y siguen sin ser capturados los responsables de los crímenes o de la amenaza a los líderes comunitarios. Hay una situación de miedo en varias de las comunidades del área de influencia del proyecto, pero las más organizadas tienen una posición firme en contra del proyecto. Nosotros sí creemos que ese supuesto diálogo con las comunidades puede generar condiciones de conflictividad, y desatar nuevamente actos de violencia.

Debe haber un diálogo entre las comunidades de la zona, pero en condiciones donde, por ejemplo, haya justicia, esclarecimiento de quienes participaron cometiendo crímenes y sanción a esas personas. Mientras no haya proceso de verdad y de justicia, ni la salida definitiva del proyecto que es el causante de toda esta conflictividad, no van a haber condiciones objetivas para hacer un proceso realmente franco entre las comunidades, donde se respeten las autonomías y la autogestión de las comunidades. Como Copinh rechazamos totalmente el papel de los bancos, porque no tienen potestad para hacer un proceso de “reconciliación” entre las comunidades, cuando son actores claros del conflicto.

Muchas personas de las comunidades aledañas, que DESA utiliza diciendo que sí están a favor del proyecto, nos han comunicado que ellos no están a favor, pero que tienen bastante miedo de decirlo. Eso pasa porque allí no hay un proceso organizativo que los impulse a manifestar su decisión, como sí sucede en Río Blanco, que tiene un proceso organizativo bastante fuerte con el Copinh. En Río Blanco hay otras condiciones, la comunidad se da su propia protección, hay una lucha colectiva que es imparable. Se ha ejercido el control territorial impidiendo la manipulación de entidades externas.

¿Cómo sigue la investigación del crimen de Berta? ¿Cuál es el momento en el que nos encontramos?

–El caso continúa todavía en espera de la etapa de juicio oral y público. Sin embargo, la autoría intelectual sigue estando intacta. Nosotros hicimos una conferencia de prensa, porque están las reuniones de Naciones Unidas en Ginebra, de examen periódico que hacen sobre todos los países. Honduras estaba convocada a rendir explicación sobre el tema de violaciones a los derechos humanos. El Estado de Honduras dijo que ya estaban capturados los autores intelectuales del crimen y que las organizaciones estábamos dando información tergiversada. Nosotros desmentimos eso. Si bien hay ocho personas en prisión preventiva –cinco de ellos son autores materiales y tres son intermedios–, los autores intelectuales no están siendo investigados. Recientemente, la Maccih, que es un proyecto que se creó a través de la OEA pero en el que hay personas que han manifestado su compromiso en investigar, hizo público que iba a investigar a DESA y a funcionarios del Estado que habían participado en otorgar esta concesión. Ahora están siendo sumamente amenazados con una campaña brutal. Nosotros no esperábamos que un instrumento de la OEA pudiera sufrir la misma represión y estigmatización que tenemos nosotros. Eso habla del nivel de impunidad que hay en Honduras, donde no se va a aceptar que por parte de nadie se llegue a la autoría intelectual, que es lo fundamental que queremos que se juzgue y condene, y es básicamente nuestra esperanza.

Hay una estrategia del gobierno, que quiere prolongar la prisión preventiva de esas personas para dejar en el imaginario y en el espíritu de la comunidad internacional –que es la que más ha presionado a las autoridades– que el Estado de Honduras está actuando para buscar la justicia, pero es una falsedad ya que las pruebas son insuficientes, el proceso tiene irregularidades, por lo cual en algún momento esas personas pueden quedar en libertad. Justicia es también que se detenga definitivamente el proyecto Agua Zarca.

¿Cómo sigue la lucha del Copinh?

–El proyecto de vida al que apuesta el Copinh responde a la cosmovisión del pueblo lenca, que busca estar en armonía con los bienes de la naturaleza, resguardar nuestra identidad y nuestra historia de resistencia, lograr la soberanía alimentaria, una producción agropecuaria libre de transgénicos, un modelo energético soberano, libre de empresas trasnacionales. Para eso nos basamos en la formación, la comunicación alternativa, la salud comunitaria que rescate la medicina ancestral. Nuestra fuerza está en nuestra memoria y en nuestra espiritualidad, que nos fortalece en los momentos de mayor fragilidad. Para el pueblo lenca Berta se ha vuelto semilla, la hemos sembrado, y hoy seguimos cuidando su memoria y su proyecto.

Fuente: Página 12