Salvaje intento de asesinato a un “Sin Tierra” en Paraguay

El lunes 19 de Septiembre se inició una grave ola de violencia sobre la comunidad de la comisión vecinal de "María Antonia" en el distrito de Mbuyapey, Departamento de Paraguarí, en Paraguay.

Otro caso cotidiano de la impunidad que reina en el Paraguay, donde dos policías pagados por un latifundista intentaron asesinar salvajemente a un Sin Tierra y luego debido al fallo de la operación arremetieron contra toda la comunidad. Esta es la historia de Benito Gavilán y como la comunidad campesina salvó a su dirigente.

Benito Gavilán es un hombre joven de 35 años con cuatro hijos. Hace varios años es militante del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) y fue elegido por su comunidad como presidente de la comisión vecinal. Esta comisión es la que se ocupa de llevar adelante los trámites por la recuperación de tierras. A causa de su liderazgo en estos trámites empezó a ser amenazado a muerte por el latifundista Rivarola.

Benito hace un tiempo se mantenía escondido y no solía dormir en su casa. Generalmente pasaba las noches acompañado por los grupos que se iban turnando en el campamento de los “Sin Tierra” al lado del remanente fiscal que están a punto de recuperar.

Pero la noche del domingo 18 de septiembre Benito pernoctó en su casa y por la mañana salió hacia la despensa para comprar víveres. En el camino le interceptaron dos hombres de civil en una moto. Los dos civiles eran policías de la comisaría de la zona.

El agente Brizuela le inmovilizó amarrándole por el brazo y apuntándole en la cintura con una escopeta calibre 12 y el agente Agustín Pérez desde el otro lado le disparó a sangre fría en la cabeza con un revolver mágnum de calibre 22. La bala le cruzó a Benito por el costado de la cabeza y le salió por el ojo, destrozándole todo el órgano. Benito cayó al suelo y los policías al darle vuelta con algunas pateadas, le creyeron muerto y huyeron.

Los vecinos al escuchar el tiro salieron de sus casas y pudieron ver como los dos policías huían. Encontraron a Benito en la mitad del camino aun vivo y temiendo nuevas represalias decidieron esconderlo en una isla en un estero cercano a la comunidad. Allí dejaron a Benito bajo un plástico, y entre todos juntaron algunos remedios para darle los primeros auxilios.

La represión contra toda la comunidad se inició horas más tarde cuando los policías volvieron junto a un fiscal a recoger el muerto. Anteriormente, en la comisaría ambos policías habían denunciado un supuesto tiroteo donde Benito es disparado accidentalmente por otro desconocido cuando se enfrentan a los dos policías.

Pero al llegar la comitiva judicial y no encontrar el cuerpo inician una búsqueda desesperada. Se sabe que sin cuerpo los policías no cobrarán su recompensa del latifundista Rivarola. Los policías en una operación masiva de 6 patrulleras y unos 30 efectivos junto a grupos de civiles armados rodearon el asentamiento impidiendo la salida e iniciaron una ola de allanamientos casa por casa buscando a Gavilán y amedrentando violentamente a las familias.

La señora Modesta Cabrera, esposa de Benito y un hijo varón de ocho años son detenidos por varias horas por el policía Estanislao Cáceres frente a su casa y en presencia de sus otros tres hijos menores. Son presionados para revelar donde tenían escondido a Benito.

La caza de Benito continúa todo el martes y la gente huye de sus hogares hacia el monte. Es en este día cuando un compañero de la comunidad que está escondido en el bosque puede comunicarse con Asunción para dar la alarma. Este hombre solo tiene conexión cuando se sube a un árbol y puede, de vez en cuando e interrumpidamente, informar a la central campesina de la situación de la comunidad. Desde las sedes de las organizaciones campesinas en Asunción se empieza a denunciar en la prensa, radios y a nivel parlamentario y solicitando que algún agente del gobierno detenga la represión y salven a Benito Gavilán.

En “Maria Antonia” la represión se mantiene y la familia de Benito está altamente vigilada. Hay policías en todos los caminos que interceptan a cualquiera que quiera salir de la comunidad. Temiendo por la vida de Benito, su prima y el hijo de ésta escapan hacia el estero a las tres de la mañana del miércoles 21, recogiendo a Benito y escapando por el Río Tebicuary hacia Misiones. Remaron por más de cinco horas hasta llegar a la jurisdicción de Villa Florida, Departamento de Misiones, de la costa del río a unos 20 kilómetros y allí lo pudieron trasladar en un vehículo para salir a la ruta que une Misiones con Asunción.

El miércoles a las 17:00 horas llegó Benito a Emergencias Medicas. El médico que lo atendió le informó que el ojo derecho estaba totalmente destrozado y el requerimiento de una intervención quirúrgica. Recién el jueves Benito pudo ser operado, las organizaciones campesinas necesitaron tiempo para recolectar el dinero necesario para los gastos de la intervención quirúrgica.

En Paraguay la salud esta privatizada y los enfermos son atendidos sólo si pueden costear los gastos médicos. El hospital no cubre ni la alimentación de los pacientes. En este caso Benito ha logrado ser exonerado, lo que significa que el estado cubrirá el 50 por ciento de sus gastos. Hasta ahora los medicamentos han salido aproximadamente 600 mil guaraníes o sea 100 dólares estadounidenses.

El conflicto en la comunidad de Maria Antonia tiene ya ocho años de antigüedad y se compone del caso de 40 familias asentadas en lotes de uno a tres hectáreas que llevan una lucha por ser reconocidas sus necesidades. En Paraguay una familia con menos de cinco hectáreas es considerada “Sin Tierra”, ya que con esta pequeña superficie una familia no puede ser autosuficiente. La Comisión Vecinal de Maria Antonia está organizada dentro del MCP, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y la Vía Campesina.

La colonia Maria Antonia tramita hace tres años la recuperación de un bolsón fiscal de 170 hectáreas. La superficie ya fue mensurada y ratificada por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Rural y la Tierra (INDERT), dándose la resolución administrativa a favor de los asentados y el caso está en el proceso administrativo de legalización.

Simultáneamente el latifundista de la zona, Luis Bertrán Rivarola, había iniciado la venta al INDERT de 100 hectáreas aledañas al predio. Pero el INDERT parece que nunca indemnizó al señor Rivarola y éste, insatisfecho, arremete ahora contra toda la comunidad. La violencia desatada también se debe a que el Sr. Rivarola realiza extracción ilegal de la madera del bosque, y los campesinos que desde hace veintidós días han empezado a preparar la tierra para la siembra de esta temporada han empezado a oponerse a estas prácticas impidiéndole la entrada.

Se calcula que el INDERT ha dejado de pagar 260 mil hectáreas a sus dueños expropiados, lo cual implica un grave riesgo de ataque para las comunidades allí asentadas. Así mismo, es una práctica generalizada del INDERT el emitir los documentos para que la gente se asiente en los terrenos “expropiados” y luego nunca proceder al pago del inmueble.

Los bolsones fiscales son las tierras fiscales que se ven atrapadas entre los diferentes latifundios y generalmente los latifundistas se adueñan de estas tierras ilegalmente. Las organizaciones campesinas paraguayas orientan muchas de sus ocupaciones para recuperar estas tierras. Estos bolsones son las últimas gotas de terreno fiscal en el país. Tierra que puede ser directamente destinada al programa de Reforma Agraria.

Aparte de estos bolsones minúsculos, se estima que toda la tierra del país ha sido privatizada. Esta ola de privatización despegó desde el inicio del Instituto de Reforma Agraria, posteriormente denominado IBR, en la década del 60 que empieza los programas de colonización por todo el país. Tristemente, poca de estas tierras terminaron en manos de las comunidades campesinas. Se ha denunciado en el parlamento que aproximadamente 12 millones de hectáreas en Paraguay fueron dadas a militares y aliados del dictador Stroessner.

Por otra parte, la expansión reciente de los monocultivos de soja RR (en la actualidad dos millones de hectáreas de soja) ha despojado de tierras a muchas comunidades. La mayoría de la compra de las tierras se puede calificar como ilegal. Muchas hectáreas proceden de compras de las denominadas “tierras mal habidas”, los latifundios irregularmente cedidos dentro del programa de reforma agraria.

Otra extensa parte de los lotes ahora cubiertos por soja ha sido obtenida a través de la venta de las “derecheras”. La derechera implica la venta del derecho de uso por parte del asentado. Es común que los mismos agentes departamentales del INDERT gestionen estas ventas. No obstante se trata de una operación ilegal debido a que el estatuto del INDERT establece que las tierras son inajenables dentro de un plazo de 10 años.

Además, través de las derecheras las comunidades se van fragmentando, la soja entra con sus guardias armados y sus tóxicos. La violencia sobre los vecinos se recrudece, la gente se enferma y pierde sus cosechas por los agrotóxicos, además de ser constantemente amedrentada por los grupos armados y policías: El enemigo ya esta dentro de la comunidad.

Es por ello que las organizaciones campesinas se oponen a cualquier tipo de intrusión de soja en sus comunidades. El conflicto directo con los sojeros ocurre cuando los militantes de las organizaciones campesinas se oponen a la pérdida de estos lotes, denuncian la irregularidad y reocupan los lotes con otras familias Sin Tierra. Por esta razón, los planes del gobierno de estimular el avance de los monocultivos de soja transgénica hasta cubrir cuatro millones de hectáreas suponen en sí un ataque frontal a las comunidades campesinas e indígenas. La expansión de la soja transgénica significa un ultimátum a la defensa de la diversidad biológica y cultural del Paraguay.

Por Javiera Rulli - Desde Asunción, Paraguay. Colaboradora de APM e integrante del Grupo de Reflexión Rural de Argentina.

Fuente: APM - Agencia Periodística del Mercosur