Resistencia social salvadoreña al plan de créditos de carbono

Por Edgardo Ayala

SAN SALVADOR, jul (IPS) - Si la iniciativa gubernamental es aceptada, "retrasaría el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales urgentes en materia de cambio climático", sostienen los activistas en una carta enviada a Benoit Bosquet, coordinador del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), una instancia del Banco Mundial.

El FCPF coordina el programa mundial de Reducción de Emisiones de Carbono Causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), para cuya adhesión El Salvador comenzó los trámites correspondientes el 23 de abril, enviando el primer documento requerido.

Una nueva versión del pedido fue presentada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador en junio y se espera que el proceso concluya a fines de año.

La REDD es un mecanismo impulsado por la Organización de las Naciones Unidas en el marco de las negociaciones internacionales para mitigar el cambio climático, que busca incentivar la reducción de emisiones de gases invernadero causadas por la deforestación.

Los países en desarrollo que adhieran al programa se comprometen a conservar los bosques, para preservar la captura de gases como el dióxido de carbono, uno de los principales causante del recalentamiento del planeta.

Las hectáreas de bosques conservadas pueden certificarse mediante créditos que son comprados por las industrias de los países ricos en el llamado mercado de carbono como forma de compensar su responsabilidad en la contaminación.

Pero esa es una razón por la que organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales critican la iniciativa REDD. Advierten que, más allá del principio loable de conservar los bosques, es un mecanismo para que el mundo en desarrollo baje sus emisiones de gases invernadero mientras los países ricos, los principales causantes del problema, siguen contaminando.

"Es una lógica perversa de no asumir la responsabilidad que tienen los sectores que más emiten gases invernadero, como la industria, la generación de energía o el transporte, que contribuyen con 60 por ciento de las emisiones", dijo Ivette Aguilar, experta en cambio climático.

"Los países ricos no quieren cambiar sus patrones de consumo", comentó a IPS.

Aguilar precisó que en las conferencias internacionales sobre cambio climático de 2010 en Cancún, México, y de 2011 en Durban, Sudáfrica, las naciones industrializadas se desligaron de su obligación de reducir emisiones, como lo estableció el Protocolo de Kyoto de 1997, con metas incumplidas a este año, y, en su lugar, ofrecieron negociar en 2015 una merma que entre en vigor solo en 2020.

"Se necesita que bajen en 50 por ciento ya en 2020 para contener la temperatura del planeta en dos grados, de lo contrario nos vamos a los cuatro grados, con efectos desastrosos", aseguró a IPS el presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Ángel Ibarra.

América Central es una de las zonas más vulnerables del planeta y ya está afectada severamente por el cambio climático, pese a que sus emisiones de gases apenas llegan a 0,3 por ciento de las globales, agregó el dirigente de UNES, una de las organizaciones firmantes de la carta enviada el 15 de mayo al FCPF.

Nacido en 2008, el FCPF maneja dos fondos: el de preparación, de 235 millones de dólares destinado a los países tropicales y subtropicales en desarrollo, y el de Carbono, con un monto de 215 millones de dólares, con siete países dentro, según la página de Internet del FCPF.

Hasta ahora cuenta con el apoyo de 18 contribuyentes financieros, entre ellos Alemania, Noruega, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea como tal, además de BP Technology Ventures y The Nature Conservancy.

Los bonos de carbono funcionan como cualquier otro mercado, donde hay intermediarios financieros internacionales que se hacen de jugosas ganancias en las operaciones de compra-venta de certificados, explicaron los expertos entrevistados por IPS.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, con sede en Uruguay, también remitió el 29 de junio una carta al FCPF, solidarizándose con la sociedad civil salvadoreña.

"Hemos constatado que estos mecanismos son herramientas que conducen a la apropiación de áreas de bosque por parte de actores corporativos y privan a los usuarios ancestrales del acceso y el derecho de tenencia de esos bienes naturales", dice la misiva dirigida a Bosquet.

Maritza Erazo, experta en cambio climático, señaló a IPS que, cuando entra en vigencia el programa, los estados y las comunidades que viven en áreas boscosas incluidas en la iniciativa tienen que firmar contratos, jurídicamente vinculantes, y si se violentan sus cláusulas, "pueden incluso perder la propiedad de sus tierras".

Las comunidades autóctonas resultan con frecuencia afectadas por desalojos y expropiaciones de tierras, porque viven generalmente dentro de áreas boscosas, afirmó la experta.

Mientras, el ministro salvadoreño de Medio Ambiente, Herman Rosa Chávez, aclaró que el gobierno salvadoreño no está interesado en participar del mercado de carbono.

"Nosotros no estamos vinculando el REDD al mercado de carbono, el planteamiento que estamos construyendo se vincula en la obligación que tienen los países desarrollados en apoyar acciones de mitigación y de adaptación", dijo Rosa Chávez a IPS.

Sin embargo, Aguilar dijo que es ilógico plantear la inclusión en el programa y al mismo tiempo afirmar que no se va a participar del mercado de carbono.

"El único interés de los países desarrollados es justamente que se les compensen sus emisiones, y eso solo lo podrían hacer comprando los bonos de carbono ofrecidos por los países que forman parte del programa", sostuvo.

A pesar de la petición de las organizaciones sociales de detener el proceso de ingreso a la REDD, el ministro dijo que este sigue su curso. (FIN/2012)

Fuente: IPS