Reforma agraria es la apuesta para la independencia alimenticia de Venezuela

A fines del siglo XIX, Venezuela llegó a ser el tercer exportador mundial de café

El área rural de El Tigre, municipio del estado Azoátegui, en el oriente venezolano, parece un hormiguero binacional. El español se mezcla con el portugués. Desde que, en 2009, un convenio entre Brasil y Venezuela empezó a ser implementado, posibilitando la creación de una empresa destinada a la plantación y cosecha de productos agrícolas, decenas de trabajadores brasileños llegaron a ayudar al desarrollo del proyecto.

El nombre de la iniciativa: Empresa Socialista José Inácio de Abreu e Lima. El nombre se debe a un homenaje al general brasileño que luchó al lado de Simón Bolívar en las batallas por la independencia venezolana. De propiedad estatal, su objetivo es funcionar como centro productor y distribuidor de la región. Articulada con los agricultores locales, a través del apoyo a sus actividades y compra de sus productos, la Abreu e Lima busca principalmente aumentar la oferta nacional de soja y maíz.

Este año la empresa prevé extender las plantaciones a 20 mil hectáreas, proyectando a 25 mil para el próximo año y a 110 mil para 2019. "Logramos, hasta ahora, un 20% de nuestra meta”, relata Yhonny Zabaleta, vicepresidente de la compañía. "Pero el crecimiento ha sido acelerado. El año pasado nuestra área productiva era de solamente 4 mil hectáreas. Pero ya comenzamos a vender soja y maíz para todo el país”.

La empresa posee una estructura industrial sofisticada para desarrollar su función económica. Son cuatro silos con capacidad para 10 mil toneladas de granos cada uno y otros seis en construcción. El proceso industrial es mecanizado y controlado por computadoras. Una fábrica de refinado y envase de aceite, carne y leche de soja está siendo construida.

Según el presidente de la Abreu e Lima, Alfredo Herrera, el consumo anual de soja es de 1,2 millones de toneladas, casi todo importado. "Si no tienes soja, no desarrollas el sector pecuario, la producción de huevos, la piscicultura, porque la soja es la fuente de proteína más barata”, concluye el dirigente. "Pero actualmente nuestra producción no llega a cien mil toneladas, cuando apenas el consumo de aceite de soja es de 1,5 litros por habitante”.

Dependencia

Iniciativas como la Abreu e Lima son parte de un esfuerzo para revertir una de las herencias malditas del modelo económico que se consolidó en Venezuela durante el siglo XX. Beneficiado por la renta petrolera, el país cambió su base agrícola y su perspectiva industrial por la explotación del recurso y su venta al exterior.

A fines del siglo XIX, Venezuela llegó a ser el tercer exportador mundial de café, solamente detrás de Brasil y de las islas holandesas. Pero las facilidades de los ingresos con el petróleo y la concentración del Estado y capitales en ese rubro incomparablemente lucrativo dejaron a la agricultura de rodillas. Al inicio del gobierno de Chávez, el país importaba un 70% de los alimentos y la actividad rural no llegaba al 5% del PBI.

"Básicamente teníamos una economía basada en la agricultura de puerto” explica Javier Alejandro Ramos, viceministro de Agricultura. "Todos los alimentos que ingresaban al país eran importados. Importábamos hasta los frijoles enlatados.” Sin asistencia técnica, financiamiento, maquinaria e incentivos, la producción rural era de subsistencia y en pocos sectores había producción significativa. "Salía más barato comprar el alimento que venía del exterior”, declara Ramos.

El gobierno decidió enfrentar esta llaga histórica a través de un conjunto de medidas que figuran en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada a finales de 2001, y que desde entonces fija los parámetros de la reforma agraria. La nueva legislación pasó a prohibir que una sola persona tenga más de cinco mil hectáreas, estableció impuestos progresivos sobre la propiedad, adoptó mecanismos para la expropiación de latifundios improductivos y determinó la recuperación de áreas públicas ilegalmente ocupadas.

"Los cuatro ejes principales de nuestra política son: distribución de tierras, financiamiento del sector agrícola, asesoramiento técnico y distribución de alimentos”, resalta el viceministro. "La autosuficiencia es una meta fundamental de nuestra revolución”.

En los últimos trece años, más de 6,4 millones de hectáreas fueron regularizadas y distribuidas entre 168 mil familias. Los bancos, públicos y privados, han sido obligados a ofrecer créditos para el financiamiento de los campesinos. Los fondos financieros aportados por la renta del petróleo viabilizaron los programas de alimentación escolar y de distribución subsidiada de alimentos en las ciudades, abastecidos obligatoriamente por las tierras de la reforma agraria.

Los datos del Ministerio de Agricultura muestran que el Banco Agrícola de Venezuela prestó a los productores rurales 1,22 mil millones de bolívares en 2010, cifra 6.352% mayor que en 2006. Desde la creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (Fondas), en 2008, más de 3,7 mil millones de bolívares fueron prestados a los agricultores del país.

Las haciendas privadas productivas no fueron alcanzadas por las expropiaciones, pero el Estado pasó a ser el gran orientador de la actividad agrícola.

Corporaciones agroindustriales

A pesar del nivel de importación ostentado por el rubro alimenticio, que se mantiene cercano al 70%, autoridades gubernamentales ven avances estructurales en el panorama agrario. El consumo energético por habitante subió de 2,2 mil calorías en 1998 a 3,2 mil en 2011, sin que aumentaran las importaciones. La producción nacional de carne bovina, por ejemplo, ya abastece al 78% de la demanda. La de arroz lo hace al 96% y la de leche al 64%.

La estrategia gubernamental combina la ampliación de la agricultura familiar con las grandes corporaciones estatales. Estas empresas, además de tener su producción propia, compran la zafra de los pequeños agricultores y de las cooperativas locales, además de proveer crédito y asistencia.

También distribuyen los alimentos en las ciudades, tanto a través de la red privada como del sistema Mercal, controlado por el gobierno y con precios subsidiados. Muchos de estos proyectos cuentan con el apoyo y la coparticipación de PDVAL, el brazo agrícola de la gigantesca estatal petrolera, que canaliza parte de sus ganancias a programas de reforma agraria.

Compañías agroindustriales de este tipo, estatales que articulan la producción regional con el mercado nacional, parecen ser una gran apuesta de Chávez. Muchas de estas, en diferentes rubros, proliferan en distintas provincias. Empresas como Los Andes, de embotellamiento de leche, jugos y agua; Café Fama de América; Café Venezuela; y Cacao Oderi, de chocolates.

El propio estatuto de esas compañías determina su papel social. "La Abreu e Lima está obligada a dar apoyo a las comunidades de la región, en un área de 30 kilómetros alrededor de su área industrial”, explica Pedro Orellana, coordinador de Gestión Comunitaria. "Hay 711 pequeños y medianos productores beneficiados por la empresa, en 19 comunidades indígenas y criollas”.

Según datos oficiales, la producción de alimentos en Venezuela, entre 1988 y 1998, creció un 8%, con un aumento de 15,9 millones de toneladas anuales a 17,1 millones. En 2010, este volumen había aumentado a 25 millones de toneladas, representando un incremento del 44% en la producción agrícola nacional durante la era Chávez.

El hecho es que los venezolanos pasaron a comer más y a tener más alimentos nacionales en sus platos, a pesar de que el país aún esté lejos de la independencia del mercado internacional.

Fuente: EcoPortal