Radiografía de Jujuy: ingenios azucareros, agroecología y disputa por los territorios

Las prácticas agroecológicas de Jujuy coexisten con las que demanda el mercado: sea la agricultura que responde al agronegocio (paquete transgénico con agrotóxicos) o la orgánica de exportación bajo control de la Unión Europea. En el campesinado, familiar e indígena, los distintos modelos conviven: sostienen un manejo ecológico en la producción de los alimentos que destinan para autoconsumo y, al mismo tiempo, comercian en mercados, ferias y negocios de los pueblos. La transición agroecológica avanza pero el cuello de botella es la tenencia de la tierra. Radiografía de una trama que complejiza aún más el proceso político jujeño.

La provincia limita al norte con el Estado Plurinacional de Bolivia y en los restantes puntos cardinales la rodea completamente la provincia de Salta. Según datos oficiales, Jujuy tiene 53.219 kilómetros cuadrados de superficie que, transformados, se convierten en casi cinco millones y medio de hectáreas. Las productivas para agricultura o explotaciones agropecuarias, con y sin límites definidos, se extienden sobre 1.543.945 hectáreas, según indican Damián y Laura Alcoba en su análisis del Censo Nacional Agropecuario 2018 enfocado en Jujuy. Es decir, el 29 por ciento o casi la tercera parte de su superficie.

Por otro lado, por su fitogeografía, Jujuy se divide genéricamente en cuatro regiones. La Puna (también altiplano andino) que engloba a todo el relieve de altura, montañoso y árido con su biodiversidad, cuencas y humedales, que abarca los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques. Le sigue la Quebrada, nombre que deviene del gran tajo de Humahuaca, columna vertebral para toda cañada o cañadón anexo que tribute aguas al Río Grande. Abarca los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya.

Luego sigue la región de Valles Meridionales, al sur de la gran Quebrada. Persiguiendo imaginariamente las rutas nacionales 9, 66 y 34, se extiende desde la localidad de Lozano hasta el río De Las Pavas, límite natural con la provincia de Salta. Incluye los departamentos de El Carmen, San Antonio, Palpalá y Manuel Belgrano.

Por último, los Valles Orientales situados al este de las serranías de Zapla, Zenta, Cresta del Gallo y Maíz Gordo. Está compuesta por valles de pie de monte en la fitogeografía de las yungas y que se pierden en las llanuras bajas y cálidas, corazón de la histórica producción azucarera. Incluye los departamentos de Valle Grande, Ledesma, San Pedro y Santa Bárbara.

Dos modelos muy distintos

“En Argentina, la agricultura familiar copió el modelo norteamericano”, respondió David Galián a Tierra Viva, en alusión a la idea de gestión estatal de la granja familiar. Integra la Agencia Experimental de Hornillos, que en Quebrada de Humahuaca depende de la Estación Experimental INTA Abra Pampa, y trabaja en talleres con productores del territorio. Situado en su contexto, englobó la agroecología que se practica superpuesta con las otras que hegemoniza el mercado.

Explicó que sobre la ruta nacional 9 el campesinado destina casi toda la tierra productiva de sus parcelas a generar alimentos frescos según las exigencias de la demanda, que son fundamentalmente "estéticas", porque la producción se destina a grandes cadenas de supermercados o comercios que se abastecen directamente del Mercado Central de Buenos Aires. Por lo tanto, esos productos frescos (acelgas, puerros, zanahorias, remolachas, lechugas, tomates, ajo; papa, habas, arvejas, choclos, zuchini, espinaca, brócoli) deben tener un tamaño uniforme para la presentación cuidada y un color tan regular como llamativo.

“Se produce contra estación, cuatro meses al año, cuando en otras regiones por el calor hace imposible la producción”, continuó. Ese período abarca de diciembre a marzo. La territorialidad productiva está asociada directamente a la autovía nacional, y es dependiente del paquete tecnológico compuesto por semillas y agroquímicos sintéticos. El modelo deteriora los suelos, pero el factor influye aún más cuando la tierra no está en manos de quienes la trabajan.

En su análisis, Damián y Laura Alcoba marcaron que en Jujuy los arrendamientos crecieron un 74 por ciento entre 2002 y 2018, según información que se desprende de los Censos Agropecuarios (CNA) de esos años. Pero la ocupación de hecho constituyó la condición de tenencia que mayor expansión experimentó, con un crecimiento del 540 por ciento. “Esta superficie representa el 12,4 por ciento del total, de la cual 77 por ciento son fiscales”, mencionaron. La Quebrada de Humahuaca, en la lectura de los dos analistas, presenta una contradicción: “Experimentó un proceso de expansión de horticultura a partir de una corriente migratoria de origen boliviano, pero paradójicamente es la horticultura una de las actividades que desciende en superficie”.

Una explicación plausible o un argumento ante la paradoja es la extranjerización de tierras en la región de Quebrada. No se puede olvidar que los procesos de patrimonialización y que ese gran tajo en el relieve jujeño es Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 2003. Hasta abril de 2022, de la información que proporciona el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la sección Tierras Rurales, se desprende que el departamento Humahuaca está primero en el ranking de hectáreas extranjerizadas en la provincia, con el 26 por ciento de su territorio (98.518 hectáreas de las 379.200 que corresponden a esa jurisdicción departamental).

Javier Méndez, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST) en la Quebrada y Valles (meridionales y orientales) jujeños, afirmó que son las organizaciones de la agricultura familiar las protagonistas de la producción agroecológica. Además, pospandemia, la demanda de alimentos sanos creció sostenidamente. “Las comunidades alejadas de la ruta (nacional) 9 cumplen hace mucho tiempo con la producción sana y agroecológica. Y muchas instituciones quieren llegar a ellos”, explicó Méndez en alusión a los pequeños productores del campesinado familiar e indígena.

Señaló que, como Red Puna, buscan intermediar para que las familias puedan comerciar sus productos. La Red, que integra el MNCI-ST, organiza expo-ferias agroecológicas en San Salvador de Jujuy una vez por mes. “De esa manera los productores tienen un rédito económico con su producción”, mencionó Méndez, quien también los apoya con transporte y empaquetado de la carga.

Señaló que otras organizaciones agrícolas se unieron a la iniciativa, como Cauqueva de Maimará y la Unión de Pequeños Productores Agricultores de Jujuy (UPAJ). Con la Red Puna y el MNCI-ST conforman la trama de organizaciones que desde octubre de 2022 integran el Nodo Agroecológico Jujuy, que promueve la Dirección de Agroecología de Nación.

En el transcurso de las entrevistas de Tierra Viva aparecieron críticas hacia niveles de gestión estatal. Sobre todo, porque la integración entre organizaciones, campesinado y comunidades que permite generar redes y espacios para los subsidios y la comercialización, llega al norte con años de retraso y con la carga del papeleo que se diseña desde la centralidad del puerto.

Como contracara, el impulso actual sobre la práctica agroecológica en la producción alimentos (ancestral en Jujuy) proviene por la demanda de consumidores que habitan en grandes centros urbanos. Avanza desde nichos del buen vivir y se agiganta por la concientización sobre la calidad de los productos que alimentan la mesa nacional.

En el contexto, David Galián, del INTA Hornillos, destacó la sanción de la Ley de Agricultura Familiar (27.118), aprobada en 2015, que declaró la práctica de interés público por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria de la población. La norma fue reglamentada el 6 de junio de 2023 por el decreto presidencial 292, muy cuestionada en su forma (con pocos artículos reglamentados) por las organizaciones campesinas.

“¿Por qué cuesta reconocer al campesinado como actor relevante para la producción de alimentos?”, preguntó Tierra Viva a Antonela Geronazzo, agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy, que integra la cátedra "Agroecología".

“Los papines de La Quiaca —citó como ejemplo el caso de la capital del departamento Santa Catalina— circulan en ese mercado interno, pero no se los reconocen como un alimento que abastece a los quiaqueños. Los campesinos y comunidades que la producen, quedan fuera del mapa de los actores importantes y fuera de toda propuesta de desarrollo.”

Destaca que en la pandemia “la población no murió de hambre en cada uno de esos lugares (por las poblaciones dispersas por rincones de la puna y el altiplano andino jujeños) porque los bolsones de los productores familiares, campesinos e indígenas abastecieron a la cercanía. Fue muy claro y, pese a todo, todavía hoy no se los considera productores agrícolas”.

En ese análisis, la agrónoma describió el cuello de botella que comparten todas las regiones y todas las familias campesinas e indígenas de Jujuy: la disponibilidad de tierra y de agua. El primer ítem es el que más impacta en términos agroecológicos. Los productores no pueden planificar mejoras en los suelos donde producen por la simple razón que no son propietarios de parcelas, sea como titulares registrales o como colectivos indígenas. Su descripción se complementa con datos que proporcionan Damián y Laura Alcoba desde la Cátedra Libre de Estudios Agrarios Horacio Giberti. En el capítulo jujeño describieron que la estructura agraria provincial “se compone en su gran mayoría por pequeños productores (85 por ciento) que ocupan un tercio de la superficie agropecuaria. Este sector, agricultores familiares mayoritariamente transicionales, combinan características de subsistencia y de integración al mercado, produciendo alimentos y el grueso del empleo rural, con escasa disponibilidad de recursos productivos”.

Semillas, arriendos y millones de pesos

Alicia Vega es delegada de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en Jujuy y productora de verduras (tomates, pimientos y zapallitos) en la localidad de Fraile Pintado (departamento de Ledesma, en la región de los Valles Orientales). Explicó que desde hace seis años la organización aplica métodos agroecológicos en su producción, principalmente a partir de bioinsumos que producen en los Consultorios Técnicos Populares (Cotepo). Sin embargo, al ser las y los productores mayoritariamente arrenderos, la transición agroecológica es lenta.

“Necesitamos que la tierra sea propia porque para hacer agroecología tenés que hacer un mejoramiento de suelos. Nosotros alquilamos dos hectáreas y las preparamos, pero cuando viene el terrateniente y debemos irnos, todo lo que invertimos se pierde”, detalló el algoritmo maniqueo con el que conviven: velocidad de producción que imprime la demanda, demanda que solicita calidad en los alimentos que consume, terratenientes que arriendan parcelas sin contemplar otros tiempos para el cuidado de los suelos.

Para la delegada de la UTT, los beneficios de la agroecología son muchos porque los desancla paulatinamente del consumo productivo dolarizado al que los conduce la utilización del paquete tecnológico de semillas y agrotóxicos. Otro lazo difícil de quebrar aún son las semillas. “Las 12.500 semillas de tomate tienen un costo cercano a los 900 mil pesos”, contó la productora. La suma se ensancha en ceros con el arriendo de lotes. “El arriendo de una hectárea por seis meses en Fraile Pintado tiene un costo de medio millón de pesos. Es un precio que se puede tomar como testigo porque se mantiene en todas las localidades donde está la UTT”, señaló.

La delegada contó que la organización en Jujuy le pidió formalmente al INTA que se reúnan con los grandes propietarios de tierras aptas para la producción en los departamentos donde la organización tiene asociados. “Necesitamos que hablen con ellos sobre nuestras necesidades de tierras, para mejorar los suelos y extender la producción agroecológica”, planteó.

Las familias productoras de la UTT en Jujuy se distribuyen por localidades de los valles meridionales y orientales principalmente. En la región de los Valles Orientales, además de la UTT en Fraile Pintado en el departamento Ledesma, se distribuyen por Normenta y Chalicán; también por El Acheral en el departamento San Pedro; y otros por Vinalito, Santa Clara, Villa Montes y Palma Sola, dentro del departamento Santa Clara.

En la región de Valles Orientales abarcan pequeñas parcelas en Perico, El Pongo, Puesto Viejo, El Milagro y Monterrico, todos dentro del departamento El Carmen; y finalmente en San Antonio dentro del departamento homónimo.

Esa realidad del campesinado pequeño, familiar e indígena en los valles templados de Jujuy convive con las gigantes agroindustriales como Ledesma. La desproporción en la distribución de la tierra y la desigualdad en la tenencia entre grandes con mucha tierra y pequeños casi sin ella se puede profundizar tras la reforma de la Carta Magna impulsada por el gobierno de Gerardo Morales (que se aprobó entre el 19 y 20 de junio pasados).

La conceptualización productivista de la tierra influye sobre las tierras fiscales y la titularización de las tierras comunitarias del campesinado, que en su gran mayoría es también originario. Ellos partieron desde Abra Pampa a mediados de junio con el Tercer Malón de la Paz levantando el reclamo “Arriba las whipalas, abajo la reforma” contra el extractivismo minero que utiliza el agua indiscriminadamente y en reclamo por la propiedad de los territorios comunitarios.

No fueron escuchados por el gobernador jujeño durante el proceso de aprobación y jura de la nueva Constitución jujeña, y finalmente llegaron a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (el 1 de agosto) donde tampoco logran la intervención federal de Jujuy ni la anulación de la Carta Magna reformada.

Un relevamiento realizado desde Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) entre 2009 y 2017, abre otra línea de análisis sobre la tenencia de la tierra comunitaria entre la población originaria en Jujuy antes de la pandemia. Puna y Quebrada fueron las regiones con mayor cantidad de agricultores familiares declarados. En Yavi, departamento puneño, 183 núcleos de agricultura familiar se incluyeron como “integrantes”. Quiere decir, personas o familias que pertenecen a alguna comunidad indígena y recibieron tierras por medio de alguna ley o decreto. Le sigue Cochinoca, departamento de esa misma región de altura, con 153 núcleos declarados también “integrantes”. El departamento de Humahuaca, en la región Quebrada, se declararon 112 núcleos como originarios. Lejos, en cuarto lugar, se ubicó el departamento Ledesma en los Valles Orientales, con 39 núcleos declarados como comunitarios indígenas.

En esa base de datos, entre 2009 y 2017, discriminados por región y departamentos que la integran, y según cantidad de núcleos de agricultores familiares (NAFs), los pequeños propietarios de parcelas de tierra fueron mayoría en la Puna con 588 NAFs. En orden decreciente, 192 en la región Quebrada, 147 en Valles Orientales, y 74 en Valles Meridionales. En el mismo período, quienes producen en tierras que no son propias (tenedores que no declara tierra con límites u otra condición) solo en la región Puna ascendieron a 858 NAFs, 331 en Quebrada, 382 en los departamentos de los Valles Meridionales y 473 en la región de los Valles Orientales.

Agroecología en el Censo Agropecuario

“No hay un concepto acabado de agroecología”, fue lo primero que aclaró Antonella Geronazzo durante el diálogo con Tierra Viva. Describió al paradigma como una construcción holística asociada a “lo ambientalmente sostenible”, que en lo social busca ser un espacio libre de violencia, que tiene presente “cuestiones de género”, que en lo económico trabaja en la comercialización del precio justo sin los intermediarios y se enfoca en comerciar productos en cercanía.

Contó que entre los productores y productoras que se acercan a los talleres que brinda la universidad, el primer imaginario que aparece asocia la agroecología a una práctica sin químicos. “No es una percepción errada, pero sí muy limitada. Es una de las patas por las que se enganchan a pensar proyectos agroecológicos”, agregó.

Además de los Cotepo de la UTT, Javier Méndez de Red Puna contó que en Angosto de Perchel ya funciona una fábrica de bioinsumos que abastece a los pequeños productores de la Quebrada y busca cambiar la mirada sobre la producción de alimentos frescos.

Un vistazo al Censo Nacional Agropecuario 2018 permite elaborar otro paneo sobre la composición agroecológica en Jujuy, al menos, pocos años antes de la pandemia. La foto del año 2018 abarca relevamientos realizados entre julio de 2017 y junio de ese año. Uno de los cuadros elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos identificó cuantitativamente las explotaciones agropecuarias con prácticas de agricultura orgánica, biodinámicas y agroecológica. En total 209 se reconocieron como agroecológicas. La ficha se completó con 377 establecimientos que se declararon orgánicos, mientras que 14 optaron por declararse biodinámicos.

Al desgranar por departamentos jujeños, el Indec identificó en Yavi (en el altiplano andino y vecino a Bolivia) 140 establecimientos orgánicos, mientras que en el departamento Humahuaca (en la región de quebradas) el número desciende a 108. Entre los biodinámicos, El Carmen (región de Valles Meridionales) concentraba el mayor número con seis establecimientos. Finalmente, los establecimientos agroecológicos se repartieron esos años con Yavi a la cabeza con 72 EAPs agroecológicas; Humahuaca con 45, Tilcara con 25, Tumbaya con 15. El resto de EAPs agroecológicas, distribuidos entre las regiones de los valles meridionales y orientales, fueron El Carmen con 14, Santa Catalina con siete, San Pedro con cuatro, y Manuel Belgrano (donde se encuentra la capital San Salvador) con tres. Cerraron Palpalá, Ledesma y Santa Bárbara con un solo establecimiento.

En Yavi,Luis Gerónimo es productor de la comunidad originaria Escobar de Tres Cerritos y miembro de la Mesa Quinuera Agroecológica de la Puna. Entre los productores se entremezclan originarios de comunidades que Gerónimo mencionó como partícipes de la Mesa Quinuera. Enumeró algunas como la comunidad originaria Yavi, Suripugio, San José, Ancasti, Escobar de Tres Cerritos, El Cóndor, y Azul Kasa, todas en el departamento Yavi, y Pumahuasi del departamento Cochinoca. En las estadísticas del CNA 2018, por ejemplo, Cochinoca no registró presencia de producción agroecológica.

Los grandes competidores quinueros son los productores del Estado Plurinacional de Bolivia. Del lado argentino del altiplano andino los productores de la Mesa Quinuera se diferencian de sus vecinos por el manejo agroecológico de cultivos y suelos. Crearon una marca, "Kiuna", y comercian el cereal por grano entero en paquetes de kilo, medio y cuarto kilo. Lo consumen en La Quiaca, pero también en pueblos de la quebrada de Humahuaca, y llegan hasta la ciudad de Buenos Aires por medio de intermediarios.

“Somos agroecológicos porque no usamos agroquímicos”, alza su bandera el productor puneño. “Entre los remedios caseros utilizamos cenizas y ajo fermentado para combatir algunos hongos, y con el súper magro —fermentos de leche, yogurt y ajo— le damos vitalidad a las plantas. Mejoramos la tierra, el tamaño de la panoja, por la espiga que aloja el cereal, y también el grano. Rotamos con habas y dejamos los rastrojos para fertilizar. Ahora algunos productores tienen máquinas sembradoras, para evitar los surcos”.

Las ferias andinas son espacios de comercio e intercambio, sobre todo, de semillas. Para esa cercanía producen habas y papines de consumo interno, los intercambian entre comunidades o comercian no más lejos que La Quiaca, capital del departamento.

Otra característica que los emparenta con la agroecología es el manejo de variedades de semillas. “Guardamos la mejor panoja, la seleccionamos manualmente. Luego hacemos análisis del poder germinativo, colocando un puñado en tela para que germinen y saber si están vivas o no. Y nos da la pauta de qué cantidad vamos a necesitar en la siguiente siembra”, explicó.

Los promedios de cosecha oscilan entre las doce y quince toneladas. Por gestiones encaradas como colectivo productor agroecológico desde la Mesa Quinuera lograron acceder a cañerías para el riego por goteo, aunque todavía el sistema no llega a todos los productores. Muchos continúan con las acequias y el sistema de turnos de riego.

“Cultivamos en tierra comunitaria, pero quedan remanentes (de ese territorio) que a varias comunidades todavía no entregaron”, reclamó en alusión a las falencias y demoras en la adjudicación de sus territorios a comunidades originarias por parte del gobierno provincial y del gobierno nacional, según los períodos desde la década del noventa.

Muchas comunidades del departamento Yavi iniciaron los trámites entre 1996 y el 2000 con el Programa de Regularización y Adjudicación de Tierras para la Población Aborigen de Jujuy (resumido en las siglas PRAT-PAJ). Años más tarde, se retomaron los pedidos de adjudicación (2008) con el Programa de Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (Pripci).

Y los títulos comunitarios aún no se entregan.

Reforma de la Constitución y las tierras para quiénes

La reforma de la Carta Magna jujeña pretende tirar al cesto del olvido la entrega de los territorios ancestrales. Florencia Gómez, directora de relaciones públicas en el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Cepas), explicó la cuestión de las tierras fiscales y los territorios que reclaman las comunidades originarias (muchas de ellas, pequeñas productoras campesinas) tras las modificaciones en la Constitución de Jujuy: “Respecto a las tierras fiscales, la reforma impone un claro sesgo productivista, tal como lo hacía la norma original (de 1986). Sin embargo, deja abierto a una ley posterior (que ingresó en septiembre último a la Legislatura de Jujuy) los criterios de adjudicación y titulación de tierras fiscales, conforme al interés socioeconómico de la provincia, y elimina la previsión acerca de la necesidad del interés social de una Ley de Fomento”.

Por otro lado, Gómez recordó que la nueva Constitución, “elimina criterios objetivos de distribución de la tierra y requisitos en la tramitación, que hacen a la transparencia y gobernanza de la tierra” pública.

Comparó el futuro mediato con un estudio del Centro de Estudios Sociales Nelson Mandela de Chaco, que denunció que, entre 1995 y 2007, los gobiernos radicales de Ángel Rozas y Roy Nikisch entregaron de manera fraudulenta y/o hicieron la vista gorda ante saqueos o desalojos de 2.600.000 hectáreas de tierras estatales a privados.

En 2017, todas las comunidades originarias de Argentina le reclamaron al Estado el tres por ciento del territorio, poco más de ocho millones de hectáreas. Según el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA), en 2017 las 824 comunidades relevadas (o en proceso de relevamiento) ya reclamaban 8.414.124 millones de hectáreas consideradas por ellas “territorios de ocupación tradicional”.

La investigadora Natalia Borghini detalló, en una investigación académica del año 2010, el proceso que inició el Estado jujeño en 1997. Ese año, mediante la Ley 5030, se comprometió a “regularizar la situación dominial de las comunidades aborígenes de la provincia que habitaban ancestralmente sus territorios en 1.238.300 hectáreas fiscales rurales y 15.583 parcelas fiscales urbanas de los departamentos de la Puna, Quebrada y los de Valle (por los Meridionales) y Santa Bárbara”. Representa la quinta parte de la superficie provincial (5.321.900 hectáreas).

Producir sin agua ni electricidad

Por el Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2018, los departamentos con la menor cantidad de establecimientos agroecológicos declarados fueron Ledesma, Santa Bárbara y Palpalá. Amanda Ramos, de la comunidad campesina indígena Tusca Pachaen Palpalá, contó las penurias que atraviesan cien familias que integran el colectivo originario que produce cerca de los límites del ejido urbano palpalense. “No tenemos agua disponible. Sembramos desde la primera semana de diciembre cuando comienza la temporada de lluvia. Tenemos que esperar, no nos queda otra”, lamentó. Explicó que, si tuvieran agua, sembrarían todo el año, pero desde el Gobierno no realizaron las represas necesarias. Y tampoco les brindaron el servicio de electricidad con el pretexto de "peligro" por los desbordes del río Los Alisos.

En realidad, desde 2020 la comunidad pelea contra el gobierno jujeño de Gerardo Morales empeñado en extender la superficie del Parque Industrial Carlos Snopek. El predio es vecino al territorio comunitario y a la Casa Campesina, lugar de reunión de todas las familias de la comunidad campesina e indígena, al sur del Barrio Antártida de Palpalá.

“Sembramos maní, variedades de maíz como pisingallo y forrajero que usamos para darle de comer a los animales, como las gallinas, y otros usamos para hacer mote (un plato tradicional andino), humitas y tamales. También producimos hortalizas, zapallos, anco (zapallos calabaza) y cayote. Vendemos nuestros productos en las ferias”, explicó. Se distribuyen por Palpalá y el sur de San Salvador, la capital jujeña.

Sobre el proceso agrícola, Ramos contó el ciclo productivo, desde cómo fertilizan las parcelas (con guano de oveja seco) y abren los surcos con caballos guardando distancia entre semillas. Por marzo o abril cosechan, para autoconsumo y comercio en las ferias de Alto Comedero en Palpalá. “Esperamos hasta junio para cosechar las semillas, que guardamos, no compramos”, resaltó. Así sustentan el próximo ciclo productivo del centenar de familias que producen sobre 80 hectáreas. “Algunas tienen dos hectáreas, otras una, otras un cuarto. Tres tienen criaderos de animales, como vacas, ovejas y cabras”, mapeó de memoria.

Desigualdad y desproporción

La estructura agraria jujeña en las regiones de Valles Meridionales y Orientales también muestran desigualdad y desproporción. “En El Ramal Jujeño hay una concentración de productores empresariales, capitalizados, que se mezclan con los productores campesinos e indígenas”, detalló Geronazzo comparando casos los pequeños productores sin tierra propia que producen en parcelas que no superan las dos hectáreas, a la todopoderosa empresa Ledesma.

Desde la Cátedra Libre Horacio Giberti, ese análisis se complementa con el que brindó la docente de la universidad pública jujeña. “El sector agropecuario de Jujuy se caracteriza por la persistencia de numerosas explotaciones agropecuarias de pequeña escala, con una marcada atomización de la producción y (…) la producción hortícola intensiva en pequeños oasis bajo riego”, detallaron.

“En contraste, se observa un conjunto de actividades productivas con un alto nivel de tecnificación e inversión, ocupando las zonas más aptas, centradas en los valles templados y el pedemonte (…) cultivos industriales, expresados principalmente por el sector productor de caña de azúcar y tabaco, seguidos por la producción de legumbres y cereales”, sostuvieron.

Grupo Ledesma, mucha tierra y dictadura cívico-militar

El Ingenio Ledesma registra 40.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar, que representan entre el 70 y 80 por ciento de la superficie cultivada con caña en Jujuy. En el reporte de mayo de 2023, Ledesma también reportó 3000 hectáreas de citrus en la provincia, por lo que el total cultivado asciende a 43.000.

El 85 por ciento de la superficie en producción la riega dejando correr agua por surcos, gracias a la disponibilidad del río Ledesma, que atraviesa prácticamente al medio de las 157.000 hectáreas que posee. El 15 por ciento restante lo hace con métodos de riego a presión (mecanizado, por aspersión y por goteo).

Ledesma donó 76.000 hectáreas para la creación del Parque Nacional Calilegua en 1976. De esta forma, se aseguró agua por el río que desciende desde las serranías del Zenta, ubicadas al oeste del ingenio azucarero. Según el reporte de 2023, preservan como reserva 100.000 hectáreas de las 157.000 que controlan.

El departamento Ledesma tiene una superficie total de 324.900 hectáreas. Casi la mitad están en manos del ingenio azucarero.

Carlos Pedro Blaquier fue el dueño del imperio azucarero, que se ramificó por Salta, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. Murió sin ser juzgado por la Noche del Apagón: una serie de secuestros en la localidad de Libertador General San Martín, muchos de ellos realizados con vehículos de la empresa. Queda pendiente el juicio a Alberto Lemos, el administrador general de la empresa en la etapa en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos.

Tierra, producciones y modelos

Por los datos de tenencia de la tierra relevados por el Registro Nacional de Agricultura Familiar, entre 2009/20017, se desprende que los propietarios en el departamento de Ledesma suman 42, mientras que los núcleos de agricultura familiar que declaran producir bajo “tenencia” (no son propietarios) ascendieron a 153. El relevamiento también ofrece información sobre la diversidad de alimentos frescos (frutas, verduras, hortalizas) que, dentro de la jurisdicción de Ledesma, producen los pequeños para venta y autoconsumo en parcelas que oscilan entre una y treinta hectáreas: tomates, chauchas, berenjenas, zapallos, ají, pimientos; choclos, zapallitos, papa, zanahoria, lechugas; sandías, habas, remolacha, acelga, batata, brócoli; cebolla de verdeo, coreanitos, frutilla, palta; mandarinas, papayas, limones, higos; tomate cherry, maní, mango, y duraznos.

Alicia Vega, de la UTT en Fraile Pintado (uno de los cinco municipios del departamento Ledesma), resaltó que la transición agroecológica es lenta, por lo que la organización todavía algunos producen alimentos con aspectos del modelo convencional, de semillas híbridas y agroquímicos.

“Los productores con certificación orgánica son dos. Los productores agroecológicos son muchos más, pero no tenemos registro de la producción agroecológica”, aportó Carina Armella, agrónoma de la Estación Experimental del INTA en Yuto, otro municipio del departamento Ledesma. “Es un proceso a mitad de camino. Hay una tendencia hacia la agroecología, hay uso de compost, otro manejo de los suelos. Desde el INTA recomendamos el cambio de modelo y les decimos (a los y las productoras) que podemos ayudarlos a planificar la producción con otras estrategias que sustituya el costo del agroquímico”, señaló.

La inversión productiva de los pequeños y medianos en moneda extranjera se convierte en un inmanejable. Los productores no saben cuánto tendrán que pagar al final del ciclo.

En la Quebrada de Humahuaca también se da el fenómeno de convivencia entre modelos de producción agrícola entre pequeños productores, que se repite como en todo Jujuy, y que se cruza con la renta agrícola debido a la horticultura comercial sobre la ruta nacional 9.

Javier Méndez, de Red Puna, lo explicó: “Algunos propietarios que son herederos de productores, hoy arriendan. Es un negocio leonino, donde el Estado tiene que participar regulando. Hay una demanda fuerte y un circuito de producción y comercialización sobre la ruta. Lo más alto que escuché por una hectárea de arriendo, fue un millón de pesos por seis meses. Muy pocos arriendan por un año”.

La lista de hortalizas y verduras que se producen en las inmediaciones de la ruta nacional 9 —y que demandan desde mercados mayoristas desde Perico hasta el Central de Buenos Aires — incluye acelgas, espinacas, lechugas, puerros, remolachas; también zanahoria, cebolla, tomate, pimiento, perejil y apio. El tren impulsado con baterías de litio, que el gobierno jujeño prometió inaugurar entre octubre y fin de este año, seguramente generará más presión sobre el alquiler de la tierra agrícola.

Vino agroecológico jujeño

Otro de los casos de manejo agroecológico en Jujuy es la vid. La Asociación de Vitivinicultores de la Quebrada de Humahuaca nuclea a 40 productores, muchos de ellos campesinos e indígenas. “En realidad, son productores hortícolas del cinturón sobre la ruta nacional 9, que se dedican a producir vinos de manera agroecológica”, explicó Lourdes Ávalos, técnica de la Asociación y agrónoma de la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad pública jujeña. “Trabajan en los dos mundos, pero cuidan la producción de vid bajo el patrón agroecológico. Hace 15 años que incorporaron esa producción, con apoyo de programas como el Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales) de Nación”, señaló. También tuvo y tiene el apoyo del laboratorio de la Universidad Nacional de Jujuy, que analiza bromatológicamente los vinos de la Asociación antes de ser distribuidos en el circuito interno.

Los hongos se controlan con minerales y la nutrición de suelo se realiza con abonos orgánicos que ya conocen, como abonos de bosta de cabra, gallinas, llamas. También preparan bioinsumos que luego comparten entre ellos. Desde el principio se plantearon producir en un sistema agroecológico y no depender de insumos (agroquímicos). “Se adaptaron muy bien porque culturalmente (las y los productores) son andinos y siempre tienen un poquito de todo: algo de ganadería algunos, algo de turismo otros, verduras y productos andinos”, graficó.

A las malezas, que denominan “plantas espontáneas”, las manejan para que convivan con los cultivos y contribuyan a frenar la erosión por agua y viento.

Sobre la tenencia de la tierra, también hay una coexistencia entre los miembros de la Asociación: “Hay quienes ya tienen sus títulos, también hay títulos comunitarios”. Otro grupo cultiva en tierras fiscales, el gran problema de la reciente reforma de la Constitución jujeña. La privatización de las tierras fiscales y el avance de la vitivinicultura.

Existen proyectos sobre tierras fiscales entregados por el gobierno de Gerardo Morales a empresarios. “Esa vid va a competir por el uso del agua”, advirtió la agrónoma. Recordó que la sequía del último año fue notoria e hizo sentir más la falta de obras de canalización y para reservas de agua durante las lluvias del verano.

Por otro lado, explicó que promueven que los productores transiten el proceso de la vid desde el cultivo hasta el producto final. Los vinos no se comercializan fuera de la Quebrada de Humahuaca por el papeleo que requiere el trámite de las habilitaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura. “Solicitan registros de AFIP, habilitaciones de las bodegas y culturalmente los productores no están acostumbrados”, precisó. Y contó que la Asociación cuenta con bodegas móviles para la producción de vinos.

Los vinos agroecológicos se venden en los negocios andinos, en las ferias de los pueblos, pasan de mano en mano entre vecinos ¿Marcas? El Hornocal, Masy, Doña Roger, Tumbaya Grande. Se comercializan en los negocios de los pueblos en la Quebrada de Humahuaca, en ferias y en festivales. Al mosto de las uvas, los productores lo deshidratan y producen una harina para mejorar la calidad del pan.

Cultivar de todo un poco

Desde la Cátedra Horacio Giberti de la Universidad de Buenos Aires observaron, en el análisis por provincias en base al Censo Nacional Agropecuario de 2018, que en Jujuy el crecimiento de establecimientos agrícolas con límites definidos da cuenta de un proceso sostenido de precarización en la titularidad de la tierra.

En 1998 el relevamiento del sector agrícola contabilizó en la provincia 4286 Explotaciones Agropecuarias (EAPs) con límites. La cifra descendió en 2002 a 4061 y creció en la década que media entre 2008 y 2018 de 4820 a 5204. Damián y Laura Alcoba mencionaron además “un crecimiento del arrendamiento y uno muy significativo en la ocupación de hecho, principalmente sobre terrenos fiscales”.

En el último caso, la reforma de la Constitución jujeña puede complicar en lo mediato al campesinado familiar e indígena que produce sin ser propietarios en pequeñas parcelas. En los valles meridionales, José Luis Fuentes —agricultor familiar en Finca el Pongo, presidente de la cooperativa de alimentos y referente del Movimiento Campesino Indígena Vía Campesina— relató la situación de la tenencia de la tierra de los arrenderos históricos dentro del legado de 11.800 hectáreas que Plinio Zavala donó al Hospital de Perico. “No renovaron los arriendos, hay varios productores que los desalojaron. A otros los están intimando a desalojar”, denunció.

Por otro lado, detalló que son 300 las familias que producen frutas y hortalizas en parcelas de pocas hectáreas dentro de esa finca donde el gobierno jujeño desarrolla cannabis medicinal con la empresa Cannava. “Presionan a los pequeños y suben los arriendos”, cuestionó.

La agroecología jujeña se desarrolla incentivada más que nada por los cambios en los hábitos de consumo de alimentos frescos y la sustitución de agroquímicos por bioinsumos, muchos de ellos creados por la UTT con sus Consultorios Técnicos Populares (Cotepo), novedosa iniciativa de fábrica de bioinsumos.

Recientemente se sumó una de esas iniciativas en la localidad de Angosto del Perchel, que comienza a abastecer a los productores del corredor de verduras y hortalizas sobre la ruta nacional 9 en la Quebrada de Humahuaca.

Argentina, desde su nacimiento como república, no tomó al campesinado como base social, expulsó a los originarios de sus territorios e implantó la inmigración. Ese dato histórico reaparece en el contexto de las prácticas agroecológicas en Jujuy, donde el campesinado que cultiva en pequeñas parcelas y se organiza en familias, es también originario. Sobre ellos y ellas pesa aún en Jujuy la mirada fuertemente colonial, que incluso circula por los pasillos de los organismos estatales y ralentiza la construcción de soberanía alimentaria en esa provincia. Pese a que la práctica agroecológica es ancestral y pervive en la frase “cultivan de todo un poco”.

* Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

Fuente: Agencia Tierra Viva