REDD y la Economía Verde agravan las opresiones y la deforestación en Pará, Brasil

El mecanismo REDD (Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los bosques) es una pieza clave de la Economía Verde, a pesar de que este no combate la deforestación como su nombre lo sugiere, ni el creciente caos climático; esta es una de las lecciones aprendidas en más de 15 años de REDD. (1)

Sin embargo, este mecanismo está más vivo que nunca. Tras la creciente demanda de créditos de carbono –o mejor dicho ‘créditos de contaminación’– por parte de empresas y Estados contaminantes que buscan alcanzar una supuesta 'neutralidad de carbono', los proyectos y programas REDD se multiplican. Para contrarrestar las duras críticas, los defensores de REDD inventan nuevas iniciativas y nombres, tales como ‘soluciones basadas en la naturaleza’, además de crear nuevas promesas.  

Esto es lo que pasa en Pará, el segundo estado más grande de la Amazonía brasileña. Mientras que empresas privadas y algunas ONG impulsan vertiginosamente los proyectos REDD, el gobierno estatal pone en marcha y a toda velocidad su programa jurisdiccional REDD, el cual abarcará todo el territorio del estado. En 2025, Pará será la sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y con ello el gobierno estatal intentará demostrar al mundo que muy pronto la deforestación en Pará será algo del pasado.

Pará es uno de los estados que más contribuyen a la deforestación en Brasil. Entre los principales responsables están la industria maderera, ganadera, minera, del agronegocio de la soja y el maíz, y los proyectos de infraestructuras, como la construcción de autopistas y centrales hidroeléctricas. Si fuera un país, Pará ocuparía el segundo lugar entre los países con bosques tropicales más deforestados en las últimas décadas, superando a Indonesia y la República Democrática del Congo. (2)

Pero, ¿qué esperar de las nuevas iniciativas de REDD y la economía verde en Pará? ¿Hay realmente algo nuevo capaz de frenar la alta tasa de deforestación en el estado?

Proyectos REDD en Pará: el caso de Biofílica-Ambipar

Entre las empresas que llevan a cabo proyectos REDD en Pará, Biofílica se destaca por su ambición. En 2021, la multinacional Ambipar la compró y le dio un nuevo nombre: Biofílica Ambipar Environment. En ese momento, la nueva empresa anunció que pretende aumentar diez veces el número de créditos de carbono generados en el mercado voluntario para convertirse en "la mayor empresa de soluciones basadas en la naturaleza" del mundo. (3)
 
Cabe destacar que Ambipar tiene vínculos con varias empresas y sectores implicados directa o indirectamente en la deforestación en la Amazonía. (4) Biofílica también lleva muchos años haciendo lo mismo. En 2010, se asoció con uno de los mayores acaparadores de tierras y depredadores de la selva en Pará: el Grupo Jari. Fundado por un estadounidense, el grupo se apoderó desde 1967 de 1,6 millones de hectáreas de bosques en Pará y Amapá, el estado vecino. Jari destruyó decenas de miles de hectáreas de bosque para plantar monocultivos de árboles como el eucalipto y deterioró miles de hectáreas de bosque para extraer maderas duras. (5)

No obstante, el Grupo Jari también se enfrentó a decenas de comunidades tradicionales que ya se encontraban allí, y que vivían de la extracción de la castaña y otras riquezas que les brindaba el bosque. Sin poder desalojarlas, la empresa decidió asediarlas y oprimirlas, quitándoles su libertad y control sobre los bosques que habían cuidado y con los que vivían en armonía.

A pesar de ello, Jari obtuvo el sello 'verde' del FSC en 2004, convirtiéndose en la empresa con la mayor área de ‘manejo forestal sostenible’ de Brasil. El FSC reconoció los títulos de propiedad de Jari como ‘legítimos’ y respaldó a la empresa cuando ésta intentó regularizar sus títulos ante el estado de Pará.  El grupo Jari presionó a las comunidades para que aceptaran una pequeña parcela de tierra para que pudiera quedarse con la mayor parte. (6)

En asociación con Biofílica, el Grupo Jari puso en marcha proyectos REDD en Amapá a partir de 2010 y en Pará a partir de 2014.  Esos proyectos REDD también recibieron la certificación 'verde' de VCS/VERRA por un periodo de 30 años (7). Se justificó que, sin los proyectos REDD, los 'invasores', que incluye a las comunidades, causarían una gran deforestación. Pero, en realidad, los proyectos REDD asediaron y oprimieron aún más a las comunidades, aunque se afirme que esos proyectos las beneficiaron.
 
La encargada de ofrecer esos 'beneficios' a las comunidades es la Fundación Jari, el brazo 'social' de la empresa. En una de las actividades de la Fundación, un técnico le dijo a la comunidad que estaba allí para enseñarle a las familias a plantar castañas. Sin embargo, ya no había castaños porque unos años antes el grupo Jari devastó el castañal, que era la principal fuente de ingresos de la comunidad, para plantar eucaliptos. Un habitante le dijo al técnico: “Si ha venido a enseñarnos a plantar castañas, retírese porque ya sabemos hacer eso. Ahora, si realmente quiere ayudarnos, pídales a los responsables de la empresa que arranquen los eucaliptos y vuelvan a plantar los castaños que han destruido”. (8)

A pesar de las denuncias por tala y comercio ilegal de madera y las investigaciones de las autoridades competentes sobre el uso de documentos falsos para forjar titularidad y reivindicar la tenencia de tierras por parte del Grupo Jari (9), entre 2013 y 2023, Biofílica vendió un total de 2.997.953 ‘créditos de contaminación’ de los proyectos REDD del grupo Jari en Pará y Amapá. Con un valor subestimado de US$ 5 por crédito, las ventas representarían por lo menos unos US$ 15 millones o R$ 75 millones. (10)
Entre los compradores de los 'créditos de contaminación' están empresas que participan directa o indirectamente en la deforestación: bancos como el brasileño Bradesco, denunciado por ser el principal banco financiador de la deforestación en la Amazonía (11); la alemana Bayer, transnacional de agrotóxicos que impulsa, sostiene y se beneficia de la expansión del agronegocio de la soja y otros monocultivos (12); y Seara Brasil, propiedad de la brasileña JBS, la mayor frigorífica del mundo, cuya actividad ganadera depende de la expansión de pastizales, que es la principal causa directa de la deforestación en la selva amazónica. (13)
 
Los proyectos REDD de Biofílica no solo son una 'solución' para que esas empresas se presenten como 'neutrales en carbono' y protectoras de la Amazonía, sino que también son útiles para que el propio Grupo Jari pueda crear una cortina de humo sobre sus delitos. (14) Un artículo de prensa publicado en 2023 planteaba la siguiente pregunta: “¿cómo un programa (...) de carbono continúa operando varios años después de que el Estado haya registrado la mayor parte de la zona del proyecto como tierras públicas?” (15).

¿Cuáles son las nuevas ‘soluciones basadas en la naturaleza’ de Biofílica-Ambipar?

Una de las nuevas 'soluciones' que propone Biofílica-Ambipar es una asociación con la empresa Agropalma para poner en marcha un proyecto REDD. Además de ser uno de los principales productores de aceite de palma de Brasil, Agropalma busca ampliar su negocio a partir de 2023 en otro sector clave de la economía verde: las energías 'renovables'. (16)

En el proyecto REDD de Agropalma y Biofílica pretende conservar 50.159 hectáreas de bosques en Pará, en los municipios de Tailândia, Moju, Tomé-Açu y Acará. Al igual que Jari en sus proyectos REDD, Agropalma afirma que si no se lleva a cabo el proyecto, las comunidades vecinas destruirían el bosque, lo que en este caso serían unas 13.591 hectáreas a lo largo de 30 años. Con este proyecto pretenden promover 'alternativas' a la deforestación y actividades de educación ambiental que, según afirman, aumentarán el bienestar de las comunidades. (17)

Así como lo hizo con el Grupo Jari, Biofilica vuelve a asociarse con una empresa implicada en el delito de falsificación de títulos de propiedad. Este acaparamiento de tierras es el motivo de los conflictos por la tierra entre las empresas y decenas de comunidades quilombolas e indígenas que luchan desde hace años para que se regularicen sus territorios (18). En consecuencia, las comunidades sufren amenazas, violencia y persecución. (19)
 
El proyecto REDD de Biofílica-Ambipar y Agropalma también legitima y refuerza aún más la actual estrategia de Agropalma de perseguir a las comunidades imponiéndoles restricciones y prohibiciones sobre al uso de los bosques, medidas que están incluidas en el proyecto. Mientras responsabilizan a las comunidades por la deforestación, pretenden obtener con la venta de los 'créditos de contaminación' casi US$ 7 millones. (20)
 
Uno de los principales compradores del aceite de palma de Agropalma es la estadounidense Cargill, una de las principales empresas del sector del agronegocio global. Con el avance de la soja, Cargill está muy vinculada a la deforestación en Pará y Brasil. En Pará, Cargill tiene un puerto en la capital, Santarém, y planea construir un segundo puerto en el municipio de Abaetetuba. Recientemente, Cargill fue denunciada ante la corte estadounidense por no detener la deforestación y las violaciones de derechos humanos en su cadena de suministro en Brasil. (21)
Está claro que las nuevas ‘soluciones’ de Biofílica Ambipar Environment, como la asociación con Agropalma, son una continuación de sus proyectos anteriores, como el del Grupo Jari. ¿Podría entonces el programa REDD jurisdiccional del gobierno de Pará representar algo nuevo, capaz de detener la gran deforestación?

El programa REDD jurisdiccional del gobierno del estado de Pará: el rol de las grandes ONG

El programs REDD jurisdiccional es una versión más reciente de REDD, que responde en parte al fracaso de los proyectos REDD individuales que no lograron reducir la deforestación y generaron conflictos con las comunidades. Sus defensores argumentan que esos programas, al abarcar la totalidad de una jurisdicción, como un Estado o un país, podrían superar los errores de los proyectos individuales y reducir efectivamente la deforestación.

Sin embargo, el principal modelo de REDD jurisdiccional en Brasil, que se llevó a cabo en el estado de Acre, fue un fracaso. El gobierno de Acre recibió decenas de miles de euros a partir de 2012, especialmente del gobierno de Alemania, como premio por ser el primer gobierno estadual en proponer una legislación local sobre la venta de 'créditos de contaminación'. Pero después de 11 años y millones de euros en remesas transferidas al gobierno de Acre, se ha visto que, a partir de 2018, Acre comenzó a registrar la misma alta tasa de deforestación que otros estados amazónicos que no tenían un programa REDD jurisdiccional. A la vez, se empeoraron las condiciones de vida de las comunidades que dependen de los bosques, especialmente de las mujeres, como en la Reserva Extractiva Chico Mendes (RESEX). (22) En los últimos años, la Reserva Chico Mendes, símbolo del programa REDD en Acre, está siendo destruida, convirtiendo a la selva en pastizales. (23) El hecho de que ni siquiera esto resultara en la cancelación del financiamiento de REDD para Acre demuestra, como mínimo, lo ‘flexibles’ y ‘manipulables’ que son las estimaciones de deforestación en ese tipo de programa. (24)

Una semejanza importante entre el programa REDD jurisdiccional en Acre y el mismo proceso en Pará es el protagonismo de las grandes ONG conservacionistas internacionales en el diseño y la definición de cómo funcionará REDD, así como en la falta de participación de la población, especialmente de las comunidades que dependen del bosque, en gestar esta definición. Uno de los primeros pasos clave para el programa REDD jurisdiccional en Pará fue la elaboración del Plan Estadual Amazônia Agora (Amazonía Ahora), ya que fue una estrategia para plantear “un modelo de desarrollo basado en la conservación y valorización de los activos ambientales”. No por casualidad, dicho Plan se presentó por primera vez en un evento de la ONG estadounidense The Nature Conservancy (TNC) celebrado en Madrid, muy lejos de Pará, durante la conferencia de la ONU sobre el Clima de 2019. (25)

TNC y otras ONG como Forest Trends y Environmental Defense Fund (26), actúan como ‘escuadrones antidisturbios’ en la defensa de los intereses de las grandes corporaciones y bancos de capital internacional. Es decir: establecer institucionalmente una economía verde que les permita mantener y ampliar sus ganancias procedentes de la extracción de petróleo y otros combustibles fósiles y, a la vez, abrir nuevos mercados 'verdes' para aumentar sus negocios. 

TNC redactó el Plan de Bioeconomía del Estado de Pará (30), y ganó la licitación para crear el marco jurídico-institucional del programa REDD jurisdiccional en el estado. (31)  Además de beneficiarse de los recursos para 'consultorías', que consumen una suma significativa en todos los proyectos y programas REDD, llama la atención que una institución estadounidense, con los intereses antes mencionados, lidere todo un proceso político sobre REDD en Pará, Brasil.

Por otra parte, en 2022, el gobernador de Pará firmó una carta de intención con una coalición llamada LEAF, que corresponde a las siglas en inglés de "Coalición para Reducir las Emisiones Acelerando la Financiación de los Bosques". 

¿Qué es The Nature Conservancy (TNC)?

Aunque muchas ONG ecologistas pequeñas sufren escasez de recursos, esto no sucede con TNC, a la que el Washington Post calificó como "el grupo ecologista más rico del mundo", con US$ 3 mil millones de dólares en activos disponibles. (27) TNC se asemeja mucho más a una empresa que a una ONG.  Por ejemplo, un ex-director de conservación cobraba un salario anual de US$ 1.168 millones (aproximadamente R$ 5.500 millones). (28) Además, en el Consejo Global de la organización hay representantes de algunas de las principales instituciones del capital financiero internacional, como JP Morgan Chase y Goldman Sachs. Un informe que analizó las inversiones en combustibles fósiles después del Acuerdo de París señaló que “una conclusión ineludible es que JP Morgan Chase es claramente el peor banco del mundo en materia de cambio climático”. Esto no hace más que confirmar cómo TNC está fuertemente vinculada a los intereses de la industria de extracción de crudo que, por su parte, está entre los principales inversores en proyectos REDD. (29)

¿Qué es la coalición LEAF?

La coalición LEAF se creó en 2021 y se autodefine como el “mayor esfuerzo público-privado jamás reunido para acabar con la deforestación tropical”; cuenta con una financiación de mil millones de dólares, provenientes de compañías privadas y de los gobiernos de Alemania, Noruega y Estados Unidos. (32) Entre sus integrantes están algunos de los principales actores involucrados en el aumento de la deforestación en Brasil, como Nestlé, Unilever y Bayer. Asimismo, en la lista de financiadores aparece la empresa estadounidense Blackrock, uno de los más grandes inversores en empresas petroleras del mundo, incluyendo a las arenas bituminosas, una de las formas de extracción más destructivas del planeta. En este contexto, la propia Blackrock ha declarado que quiere "ver a estas empresas [petroleras] triunfar y prosperar". (33) Irónicamente, Guyana, el primer país en firmar un contrato con LEAF, genera ‘créditos de contaminación’ para una nueva extracción de petróleo en sus costas. Esto demuestra que LEAF responde exactamente a la misma lógica que REDD, es decir, le concede a los contaminadores el 'derecho a contaminar' y acelera el caos climático.

La implementación del Plan Estatal Amazônia Agora (Amazonía Ahora) en Pará estará bajo la responsabilidad de la Secretaría Estadual de Medio Ambiente, la misma que, en teoría, debería combatir la deforestación y otras acciones perjudiciales al medio ambiente. Pero sus compromisos siguen siendo imprecisos y contrastan con la realidad, como observa y denuncia un grupo de organizaciones sociales en una carta abierta: "Año tras año, el estado hace inversiones y aprueba proyectos cuyos impactos socioambientales ponen en riesgo la propia supervivencia del bioma amazónico, de sus pueblos indígenas y comunidades tradicionales". Las organizaciones mencionan el proyecto Volta Grande, que pretende ser la mayor explotación de oro a cielo abierto en una región que vive un colapso socioambiental, entre otras cosas, debido a los impactos de la construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte. A pesar de la gran resistencia a ese proyecto minero, el estado de Pará está presionando para que se lleve a cabo rápidamente. (34)

Asimismo, el gobierno de Pará parece también buscar que el estado se convierta, como Guyana, en una nueva frontera petrolera. La brasileña Petrobras está estudiando extraer petróleo en la desembocadura del río Amazonas, en la zona costera de Amapá y Pará. Mientras que decenas de entidades ecologistas –excepto TNC y organizaciones aliadas–   enviaron una carta expresando su oposición a la propuesta (35), el gobernador de Pará, Helder Barbalho, declaró que “impedir la búsqueda de activos brasileños, ya sea en el ámbito ambiental o en otras actividades, es un retroceso (...)” (36).

Cambiar para no cambiar nada

Para frenar el proceso de deforestación hay que tener voluntad política. La magnitud de esa voluntad puede medirse con el avance de nuevos acuerdos comerciales sobre la exportación de materias primas brasileñas, o por la reciente celebración del gobierno al aumento del PIB en 2023 debido al “resultado excepcional” del agronegocio.  Este ‘resultado’ tiene que ver con la expansión del cultivo de soja, sobre todo en zonas de pastizales, es decir, en zonas en donde la deforestación ha avanzado. (37)

Este artículo demuestra cómo REDD y la economía verde en general son instrumentales, no sólo para mantener y expandir la extracción y quema de petróleo, sino también para hacer avanzar la deforestación. Son propuestas pensadas desde el Norte global y presentan fuertes rasgos neocoloniales porque suponen más apropiación y control de los territorios y, en consecuencia, más opresión, para que empresas como Cargill, Unilever, Bayer, Blackrock y otras, puedan lucrar aún más. Se trata de cambiar para no cambiar nada. Para esas empresas, la economía verde significa nuevos negocios y mercados.

Asimismo, las ONG conservacionistas, también del Norte global, ahora ayudan a dar una cara 'verde' a lo que, en realidad, supone más destrucción de territorios, bosques y medios de vida, buscando aumentar sus propios beneficios y los de las principales empresas que las financian. Mientras tanto, el gobierno, las empresas y las ONG en Pará se disputan el dinero que pueden ganar con la participación en esos nuevos mercados y negocios 'verdes'. Todo esto demuestra que en la economía verde se entrecruzan muchos intereses, especialmente los de las corporaciones, los Estados y la 'industria de la conservación' representada por las grandes ONG. Aunque todos afirman luchar contra la deforestación y sus causas, en realidad todos, de un modo u otro, lucran con la destrucción de los bosques y el desalojo de las comunidades de sus territorios.

Y este proceso va acompañado de nuevas amenazas para las comunidades que luchan por controlar sus territorios. Por ejemplo, los nuevos mercados digitales basados en la tecnología de cadena de bloques (blockchain), como las criptomonedas y los tokens no fungibles vinculados a transacciones 'verdes'; así como las nuevas tecnologías de vigilancia sobre los bosques y comunidades por medio de drones. (38)

Otra novedad que está presente en el programa LEAF, por ejemplo, es que en sus programas jurisdiccionales REDD se abre la posibilidad de que las comunidades reciban pagos por la protección de bosques que nunca registraron altos niveles de deforestación.  Esto supone reconocer, aunque indirectamente, el papel de esas comunidades en la conservación de los bosques. Sin embargo, la medida parece más bien una forma de cooptación -una vieja táctica de empresas y Estados- para silenciar las numerosas críticas contra el mecanismo REDD en los últimos 18 años. Lanzando algunas migajas de eso que más tienen –dinero–; una vez más el gran capital se aprovecha de las necesidades reales de muchas comunidades, marginalizadas y oprimidas desde la época colonial. ¡Colonial!

Secretariado Internacional del WRM

Fuente: Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales 

(1) WRM International Secretariat, https://www.wrm.org.uy/publications/15-years-of-redd
(2) OECO,  Amazônia perdeu cerca de 44 milhões de hectares para agropecuária em 35 anos.
(3 Carbon pulse, 2021. REDD developer Biofilica targets tenfold carbon credit growth following merger.
(4) The Ambipar Group has a presence in dozens of countries and owns other companies.  Ambito, for example, operates in Latin America and collaborates with companies that directly and/or indirectly increase deforestation—such as Suzano, Unilever and Klabin.
(5) WRM, 2018.  Are FSC and RSPO accomplices in crime? Jari Florestal and Agropalma's unresolved land question in the Brazilian Amazon.
(6) Ibid
(7)  Verra Registry.
(8) Statement made during a visit to the region; for security, the names of the community and the person who reported the episode will remain confidential.
(9) In 2017, denouncements  led the FSC to suspend Jari, until Jari was finally expelled in 2019—something that rarely happens to a certified company. The FSC alleged that Jari was involved in the illegal logging and trade of timber, and that it had failed to recognize the existence of traditional communities in the area. However, the press release did not mention Jari Florestal's falsification of land titles or FSC's collaboration in trying to regularize ill-gotten lands.
(10)  Verra Registry.
(11) See  O Fato, Bancos deram R$ 165 milhões para desmatadores da Amazônia.
(12) Brasil de Fato,  Syngenta, Bayer e JBS se reuniram 216 vezes com alto escalão do governo Bolsonaro.
(13) Reporter Brasil,  JBS mantém compra de gado de desmatadores da Amazônia mesmo após multa de R$ 25 milhões.
(14) For example,  Seara, owned by JBS, advertises the pollution credits that it bought from the Jari REDD project in the Jari Valley, where "the Jari Group's properties are located" [our emphasis], as if they were legitimate properties. Seara also claims that the group "promotes the well-being of communities, who become allies in the conservation of forest resources." This statement is a complete inversion of reality, as it presents Jari as the protector of forests and communities as a threat.
(15) Economia UOL,  INVESTIGAÇÃO-Na Amazônia brasileira, projeto de crédito de carbono em xeque alimenta receio de grilagem de terras.
(16) Forbes,  Agropalma retomará produção de biodiesel no Pará em 2023.
(17)  Verra Registry.
(18) Ibid 5
(19) Mongabay,  Certificação de exportadora de óleo de palma suspensa após investigação da Mongabay; Agropalma also lost its certification in early 2023, in this case, the RSPO certification ("Roundtable on Sustainable Palm Oil"), following an investigation that revealed that over half of the lands it occupies have false and illegal titles.
(20) US$ 6.7 million, based on a price of US$ 10 for each of the 671,744 pollution credits that the project is supposed to generate.  See here.
(21) The Guardian,  Grain trader Cargill faces legal challenge in US over Brazilian soya supply chain.
(22) SOS Amazonia,  Taxa de desmatamento no Acre em 2021 é a maior da última década.
(23) OECO,  Em meio a mudanças políticas e avanço do desmatamento, Semana Chico Mendes acontece no Acre, and WRM,  10 Years of REDD+ in Acre and Its Impacts on Indigenous Women and Female "Extrativistas".
(24)  Deforestation in the Amazon and the REDD+ Money that Keeps Coming to Brazil.
(25)  Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, and TNC,  Recomendações para a consolidação do Plano Estadual Amazônia Agora.
(26) Forest Trends, with the support of the funder, CLUA,  is determined to integrate Brazil's indigenous communities into the carbon market, while the Environmental Defense Fund believes that  there are "many new opportunities" in Brazil, such as the jurisdictional REDD project itself.
(27) Washington Post,  The Nature Conservancy.
(28) Charity Navigator,  The Nature Conservancy.
(29)  Report Reveals JPMorgan Chase To Top The list of Global Banks With $1.9 Trillion Post-Paris Agreement Investment in Fossil Fuels
(30)  Governo do Estado do Pará, Plano Estadual de Bioeconomia do Pará.
(31) TNC,  Implementação do mecanismo financeiro de REDD+ do estado do Pará.
(32)   Leaf Coalition.
(33) CBS News,  BlackRock touts investment in fossil fuels after threat from Texas official.
(34) International Rivers,  Carta De Preocupação Com A Chamada "Política Verde” Do Estado Do Pará.
(35) OECO,  Atividades de exploração de petróleo e gás na Bacia Sedimentar da Foz do Amazonas.
(36) NeoFeed,  Governador do Pará sugere “exploração sustentável” de petróleo na foz do Amazonas.
(37) Folha de São Paulo,  Brasil cresce com soja, minas e ouro preto, mas consumo e investimento fraquejam.
(38) WRM,  Blockchain and Smart Contracts: Capital's Latest Attempts to Seize Life on Earth.